¿Una vida nueva para la torre Villavicencio?

Los arquitectos Miguel Lawner y Hugo Gaggero tuvieron un rol central en la concreción de los edificios destinados a acoger la tercera asamblea mundial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), inaugurada en Santiago en abril de 1972: uno como director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), el otro como uno de los cinco profesionales escogidos por una comisión estatal para diseñar las edificaciones que recibirían invitados de todo el mundo.

Llegado ese mes de abril, un edificio “placa” y una torre de 24 pisos con helipuerto estuvieron en condiciones de acoger durante cinco semanas a centenares de participantes, para luego asumir funciones de centro cultural metropolitano con el nombre “Gabriela Mistral”. Después vino el Golpe, la “placa” quedó sin uso y la torre junto a la calle Villavicencio se convirtió en el Edificio Diego Portales, donde la Junta Militar ofició de Poder Legislativo. Con el regreso de la democracia, la torre fue sede de la cartera de Defensa, que terminaría desocupándola en 2017, año en el que pasó a custodia de Bienes Nacionales, no registrando desde entonces uso alguno sus más de 14 mil metros cuadrados (se anunció en 2018 una consulta de la que nunca más se supo), mientras la “placa”, víctima en 2005 de un incendio, se convirtió en el GAM, hallándose hoy en una nueva fase de ampliación.

Y ahí han estado Lawner y Gaggero, atentos a la jugada, transcurrido ya medio siglo.

Tanto así, que el año pasado se apersonaron en las oficinas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que ocupa seis pisos en el número 48 del Paseo Ahumada. Ahí hablaron con la entonces titular, Julieta Brodsky, y con su par de Bienes Nacionales, Javiera Toro. “Yo le dije, ministra [Brodsky], es un absurdo que usted esté aquí, en una ubicación que no es apropiada, cuando tenemos la torre de la Unctad, sin uso, que es el lugar ideal para el ministerio, porque todo ese conjunto es el ámbito cultural de mayor categoría del país”, cuenta Lawner. “Ahí es donde usted debe estar”, dice que le dijo. Y agrega que su contraparte quedó “entusiasmadísima” y que “las dos estuvieron de acuerdo de inmediato”.

En las semanas y meses que siguieron, la iniciativa cobró vuelo y hasta un video de Bienes Nacionales dio cuenta de una “mesa tripartita” para abordar la recuperación del edificio. A poco andar, eso sí, los horizontes de unos y otros comenzaron a divergir.

Mientras la dupla de arquitectos apostaba por un diseño a cargo de Gaggero que habría permitido, al decir de ellos, contar en seis meses con las bases para echar a andar la pronta recuperación del edificio, Bienes Nacionales y Cultura acudieron a la Dirección de Arquitectura del MOP, que a su vez ingresó en noviembre pasado la postulación del proyecto de “normalización y habilitación [del] edificio Torre Villavicencio” a la fase de prefactibilidad del Sistema Nacional de Inversión (SIN), coadministrado por Hacienda y Desarrollo Social. La primera etapa de un camino más largo que el otro, pero conforme al procedimiento estatal corriente. En rigor, ya hay un proceso en marcha y es esperable en el corto plazo un anuncio oficial a este respecto.

Respuesta oficial, sin embargo, dicen Lawner y Gaggero que no han tenido. “Me cabrié”, espeta incluso el primero al enterarse del camino tomado para este rescate.

“Todo esto se hace para cuidar los recursos públicos”, esgrime una fuente en Desarrollo Social, ministerio del que depende la Subsecretaría de Evaluación Social. “Por eso esta última evalúa tan exhaustivamente todas las iniciativas que entran al SIN, en concordancia con la Dipres [Dirección de Presupuesto, en Hacienda]”.

“Todos los estudios preinversionales, de diseño y ejecución de obras tienen que contar con un informe emitido por el organismo de planificación o aquel que le suceda, donde se analice la rentabilidad del proyecto desde una perspectiva técnico-social”, advierte, por su parte, José Reyes Figueroa, jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones, dependiente de la señalada subsecretaría.

Recorrido de tres etapas consecutivas, pero a veces encabalgables (prefactibilidad, diseño y ejecución), en él ha entrado la recuperación de la torre. Lo que ocurrió en este caso, explica Reyes, es que los representantes del Mincap y el MOP tenían varias ideas (traslado ministerial, un gran salón para eventos, etc.), pero nada muy redondeado. “Les propusimos que se planteara un perfil, que se contara cuál es la necesidad, qué se pretende hacer en una primera aproximación, y que fueran a un estudio de prefactibilidad, donde uno estudia alternativas”.

Tras esto, y erigida como entidad formuladora, financiera y técnica, la Dirección de Arquitectura postuló a la prefactibilidad: a que se estableciera la rentabilidad social del proyecto.

De acceso público, la ficha IDI (de Iniciativas de Inversión) fue expedida en diciembre y resume los antecedentes de la iniciativa postulada. Según se lee en el ítem “Justificación del proyecto”, se trata de “un inmueble de nobles características y un intrínseco valor histórico”, por lo cual su recuperación “no solo permite optimizar el uso de los recursos fiscales, sino que da valor a su entorno urbano y social”. En esa línea, y “honrando su destinación inicial como un espacio destinado a la cultura, uno de los usuarios potenciales es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien tiene una demanda de espacios diversa”.

En el ítem siguiente de la ficha, donde se describe la etapa programada, se anota que la torre es un bien “que no puede ser autorizado para el uso público por incumplir con la normativa urbana y constructiva vigente”. Dados “los cambios normativos de los últimos años en cuanto a condiciones urbanas, accesibilidad universal, seguridad e instalaciones”, el edificio “no cumple las condicione mínimas para ser usado como oficinas públicas, sin contar que posee condiciones de habitabilidad mínimas respecto de los estándares actuales y a las exigencias que el cambio climático impone a las edificaciones modernas para mejorar la climatización y los consumos de energía de edificios de esta envergadura”. Así las cosas, “para normalizar completamente es necesario estudiar alternativas de modificación al instrumento de planificación territorial vigente”.

En respuesta a la parte formuladora, la División de Evaluación Social de Inversiones solicita en el mismo documento “complementar el estudio de perfil con antecedentes que permitan justificar, a través de un estudio de demanda-oferta, las necesidades de espacios físicos (actuales y proyectados), analizando alternativas para cubrir el déficit, siendo la habilitación de la Torre Villavicencio una de ellas”.

El Resultado de Análisis Técnico Económico (RATE) usado en estas evaluaciones puede objetar técnicamente la propuesta (OT) si no hay convencimiento de que sea pertinente realizar un proyecto. Puede, también, decir que está “recomendado satisfactoriamente” (RS), o bien acusar falta de Información (FI), lo que indica que la formulación del proyecto está incompleta o que requiere mayores antecedentes para su evaluación. Este último fue el caso de la torre.

Consultados sobre el estado del proyecto, desde la Dirección de Arquitectura informaron semanas atrás que están “procediendo a la subsanación de las observaciones recibidas recientemente (…) con miras a lograr que durante los próximos meses” Desarrollo Social “esté en condiciones de aprobar la iniciativa”.

La postulación estima en 11.665 personas los beneficiarios directos, en más de $ 30 mil millones el costo total de la recuperación y en un máximo de tres años el tiempo de la consultoría de prefactibilidad. Este último plazo puede reducirse significativamente, creen en Desarrollo Social, pero el tiempo adicional que tomarían el diseño y la ejecución hace muy improbable una recuperación de la torre bajo este gobierno.

“La mesa sigue trabajando, y se espera que pronto haya noticias”, han dicho por su parte desde Bienes Nacionales. En el Mincap, en tanto, los eventuales beneficiarios se excusan por ahora de todo pronunciamiento.

La torre fue el primer ejemplo en Chile, recuerda Miguel Lawner, del uso de un sistema computacional para programar una construcción. El control se llevaba mediante tarjetas perforadas y los jueves en la tarde el ingeniero Hellmuth Stuven las recogía y alimentaba con ellas el computador de la Facultad de Ingeniería de la U. de Chile. A primerísima hora del viernes “la computadora iba vomitando un alto de hojas, y llegaba con eso a la obra. Al principio, los ingenieros no le daban mucha pelota, pero pasó un mes, y cuando llegaba Hellmuth se empezaron a pelear las hojas, porque así sabían que en dos semanas iban a necesitar el doble de carpinteros o iban a necesitar más hormigón”.

Este factor, así como la instauración en el tramo final de tres turnos diarios de ocho horas, permiten entender que una edificación de estas características llegara a puerto en nueve meses. Un hito que para el premio nacional de Arquitectura 2019 tuvo sus bemoles –”por rapidez, reconozco, no incorporamos climatización”-, pero también aciertos mayores, como quiebravistas metálicos continuos “que le dan ese aspecto precioso, hechos en acero Corten, que no se había usado en Chile y que es eterno: no requiere ningún mantenimiento”. Otro tanto ocurrió con la incorporación de artistas y artesanos -de Marta Colvin y Nemesio Antúnez al mimbrero Manzanito-, invitados no a colgar obras, sino a hacerlas parte de la propuesta.

He ahí algunas de las razones de Lawner (94) y Gaggero (94), único sobreviviente de los cinco arquitectos de Unctad III, para impulsar la rehabilitación y no cejar en el empeño. En conversación con La Tercera a fines de febrero, antes de enterarse del mecanismo definido para el edificio, el primero de ellos esperaba la llegada de marzo “para tirarme con todo”, aspirando a que lo propuesto con su colega “ojalá haya prosperado”. De hecho, esperaba encontrarse el domingo 5 de marzo con las ministras Brodsky y Toro, con motivo de la entrega a Bienes Nacionales de terrenos del exbalneario popular de Rocas de Santo Domingo (actividad que, sin embargo, se suspendió). Dos semanas más tarde, conocedor ya de lo ocurrido, y no por parte del gobierno, su ánimo era esperablemente otro.

“Lo que no tiene sentido es haber pedido un informe de rentabilidad social. La autoridad que pidió eso carece de criterio”, plantea Lawner. “Si decido arreglar el Palacio de Bellas Artes o el Teatro Municipal, ¿voy a pedir un informe de rentabilidad social?”. A su juicio, basta con subsanar cuestiones como las escaleras de escape, la climatización y las instalaciones para rehabilitar la torre.

Ya más político, piensa en el Presidente Boric: “Se va a farrear la oportunidad de ser quien recupera durante su gestión la obra urbana más emblemática en la historia de Chile después de La Moneda”.