Comunidades acuden a tribunales para frenar acuerdo Corfo-SQM

Un nuevo obstáculo apareció en el camino del acuerdo entre Corfo y SQM, que fijó nuevas condiciones de uso del Salar de Atacama. Esto luego que comunidades y agrupaciones de la II región acudieran a tribunales solicitando que éste se deje sin efecto.

Se trata del Consejo de Pueblos Atacameños y de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama, quienes llegaron a fines de la semana pasada hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, interponiendo cada una un recurso de protección contra el documento que, entre otras cosas, permite que la minera extraiga litio desde el salar hasta 2030.

En el escrito se argumenta que el acuerdo viola, según los denunciantes, el artículo 19 de la Constitución en lo que respecta al derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho de igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En concreto, ambas entidades acusan que el pacto debe quedar inválido, porque no se les consultaron sobre las nuevas condiciones a las comunidades indígenas, faltando a su juicio a la norma del Convenio 169 de la OIT.

Lo anterior, ya que a los demandantes indican que la producción de la cuota de extracción que se le dio a SQM con el contrato significará que se ejecuten nuevas obras en el salar, afectando directamente a los pueblos indígenas que también utilizan esos recursos.

"Todo lo anterior configura una disposición unilateral por parte del Estado de los recursos naturales y del territorio del pueblo Atacameño, vulnerando expresamente el Artículo 15.2 del Convenio 169, que prescribe que este tipo de actos deben ser consultados a los pueblos indígenas afectados", dice el recurso de los pueblos atacameños.

Los regantes de la zona también consideran que faltó en el proceso una consulta. Es por ello que entre sus peticiones a la corte, además de dejar nulo el acuerdo, está que se realice una consulta indígena. Además, los demandantes pidieron que se decrete una orden de no innovar, lo que de ser acogido podría paralizar el avance del acuerdo, cuyo único trámite pendiente es que Contraloría tome razón, lo que debiera ocurrir en los próximos días.

Los regantes también acusan que la explotación del salar pone en riesgo al ecosistema de la zona, debido a que se se podría generar una disminución del agua de los ríos.

En Corfo se defienden y aseguran que "los recursos presentados por algunas comunidades no son procedentes". Desde la entidad dijeron a La Tercera que "(el acuerdo) trata de una conciliación judicial de contratos suscritos por el Estado de Chile y SQM en los años 80 y confirmados en los gobiernos de los presidentes Aylwin y Frei, con vencimiento el año 2030. Lo anterior implica que se trata de contratos suscritos hace más de 20 años".

Además, sostuvieron que que la conciliación judicial alcanzada "mantiene exactamente las mismas condiciones de extracción de agua y salmuera aprobadas por la Resolución de Calificación Ambiental vigente, por lo tanto, no hay efectos sobre las comunidades".

El tema medioambiental es tratado extensamente por ambas partes en sus respectivos escritos y ambos plantean que SQM ya ha tenido procesos sancionatorios por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente en el mismo salar, por lo que reclaman lo inconveniente que resulta aumentarle la cuota de extracción.

El acuerdo alcanzado entre la minera no metálica y la agencia que encabeza Eduardo Bitran considera la entrega de beneficios económicos para las comunidades por parte de SQM, que van entre US$ 10 millones y US$ 15 millones para el fortalecimiento de las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama. Pese a los beneficios, desde el Consejo de Pueblos Atacameños alegan eso no les fue consultado, asegurando que ellos acordaron no tener diálogos directos con empresas mineras.

"Se decidió en base a un fundamento profundamente ético que las comunidades no recibirían ningún tipo de regalía proveniente de la explotación del Salar por una empresa que es infractora ambientalmente y que ha vulnerado el 33 ordenamiento jurídico en diversos ámbitos (penal, tributario, libre competencia) y la fe pública, corrompiendo las instituciones", sostienen los pueblos atacameños.

Finalmente, desde Corfo comentaron que "seguirán trabajando con todas las comunidades para el desarrollo de los beneficios de los contratos con Albemarle y SQM, y por la sustentabilidad del Salar de Atacama".