Gobierno reconoce que no cumplió meta tras déficit fiscal estructural de 1,7% en 2017
El balance fiscal estructural (largo plazo) solo bajó 0,1 punto del PIB, cuando el compromiso era 0,25 puntos. "Al depender de los resultados la convergencia no es tan fácil", dijo el Director de Presupuestos, Sergio Granados.
La meta autoimpuesta en 2015 por el gobierno de Michelle Bachelet, de reducir el déficit fiscal estructural (de largo plazo) en 0,25 puntos del PIB por año, no se cumplió en 2017, según lo informó el propio Director de Presupuestos (Dipres), Sergio Granados, al dar a conocer el cierre de las cuentas públicas del año pasado.
"No recaudamos lo que pensábamos que íbamos a recaudar", explicó Granados, señalando que el déficit estructural cerró levemente sobre los $3,08 billones, es decir, en torno a US$ 5.070,5 millones, lo que implica un déficit de 1,7% del PIB. Así, comparado con el resultado de 2016 (-1,8% del PIB), solo mejoró el balance en 0,1 puntos, incumpliendo la meta que estableció el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés en 2015.
De hecho, en el Estado de la Hacienda Pública del año pasado, el gobierno indicó que el déficit estructural de 2015 fue 1,9% del Producto (usando los parámetros estructurales de cobre y PIB tendencial del Presupuesto 2018), por lo que en ninguno de los dos años se logró implementar la nueva regla, de reducir el déficit de largo plazo en 0,25 puntos del PIB por año.
Menos aún se logró cumplir lo comprometido por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, cuando en octubre de 2014 enfatizaba que "el balance estructural es lo que guía nuestra política fiscal. En el Presupuesto de 2018 vamos a estar convergiendo a un erario equilibrado estructuralmente".
Aún así, Granados defendió la "señal de política" que implica tener este compromiso fiscal, planteando que "hemos hecho una larga discusión, respecto de que la meta se plantea en términos presupuestarios. Presupuestariamente siempre hemos planteado 0,25 puntos, pero el resultado depende del comportamiento de los ingresos y de los gastos".
Recalcando su idea, el director de Dipres indicó que "los ingresos no los manejamos", y agregó que "al depender de los resultados, la convergencia no es tan fácil (...) los resultados dependen de varios factores que uno no maneja".
Respecto de la falla en el cálculo en el caso de los ingresos, que crecieron 4,7% real frente a 2016, Granados comentó que "nuestra economía está ralentizada", haciendo referencia al magro crecimiento de 1,5% proyectado (por el consenso de mercado) para 2017. En el caso de la política fiscal, afirmó que "el compromiso que hemos hecho es mantener estables los gastos; no hemos sobreejecutado más que 0,5%, específicamente porque hemos tenido un año de emergencias".
Además, planteó que "los gastos operacionales de salud no se cumplen", momento en que aprovechó de advertir que "el sistema de salud es un problema que va a tener que atacar el próximo gobierno".
De esta manera, y pese al compromiso de estabilización del gasto que enfatizó Granados, Dipres informó que el déficit efectivo de 2017 alcanzó 2,8% del PIB, siendo el mayor balance negativo desde 2009.(Ver infografía).
Reacción del mercado
Pese a estas explicaciones, los analistas criticaron duramente el manejo fiscal del presente gobierno, apuntando a las decisiones de gasto, y también a las expectativas de recaudación que generó la reforma tributaria.
Patricio Rojas, economista y socio de Rojas & Asociados, planteó que "en el periodo de Michelle Bachelet (2014-2017) el gasto público creció en promedio 5,5%, y la economía crece en torno a 1,9%, lo que da cuenta que el gasto está completamente desalineado del comportamiento de la actividad".
Así, remarcó que "en materia fiscal hubo un deterioro significativo durante este gobierno, considerando además que sin el alza del precio del cobre el segundo semestre -que no estaba anticipado- tendríamos un contexto de recaudación mucho más pobre, y por tanto un déficit mayor".
Rojas apuntó al rendimiento de la reforma tributaria, asegurando que "probablemente se calculó una resultado que finalmente no se alcanzó en la recaudación efectiva, que es bastante escuálida, y solo generó mayores recursos por medidas específicas que no se repetirán los siguientes años, como la declaración de capitales en el exterior, o la ventana de pago del FUT".
En este sentido, el economista destacó que los ingresos tributarios de los contribuyentes no mineros crecieron solo 0,3% respecto del año anterior, mientras que el aporte de la minería privada avanzó 6.513,3% frente al prácticamente nulo aporte que realizó en 2016. Asimismo, Dipres informó que en el caso de Codelco, el aporte creció 46,7% real anual.
Por su parte, Tomás Flores, economista y académico de la U. Mayor, sostuvo que "evidentemente la reforma tributaria tuvo un rendimiento muy inferior al esperado. El cambio del comportamiento del contribuyente, junto al menor crecimiento económico que generó, llevó a que los ingresos fiscales crecieran mucho menos que lo proyectado por el ex ministro Alberto Arenas".
Además, Flores señaló que si bien el ministro Rodrigo Valdés "intentó moderar el gasto, había un impulso detrás que fue muy difícil de revertir". Ambos factores, remató Flores, llevaron a que "el endeudamiento del gobierno prácticamente se duplicó en estos cuatro años, pudiendo cerrar en 25% del PIB al cierre de 2017".
Mirando el legado fiscal que heredará la siguiente Administración, el economista indicó que "esta situación le impone al próximo gobierno, en especial al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, una exigencia mucho mayor. En lugar de recibir cuentas fiscales ordenadas, tienen una economía degrada en su clasificación de riesgo, y con gastos comprometidos no compatibles con los ingresos".
Gasto corriente y de capital
Otro de los factores que generó críticas en los especialistas fue el aumento de gasto corriente en la ejecución 2017, ya que al crecer 6,5% real frente a 2016, implicó que se sobreejecutara este tipo de gasto en 101,6%, parte de la explicación de la ejecución de 100,5% del gobierno central.
En el desglose, se observa que gran parte de este mayor gasto se dio en Personal, que subió 5,9%, mientras que la compra de bienes y servicios de consumo y producción aumentaron 4,3%. En tanto, el gasto corriente destinado a intereses subió 12,8%, subsidios y donaciones 6,9%, y las prestaciones previsionales 5,1%.
Visto por ministerio, la cartera de Salud tuvo una sobre ejecución de 114,9%, mientras que Interior registró una ejecución de 105,8%. Trabajo, por su parte, sobreejecutó su gasto corriente en 104,8%, y Defensa en 100,5%.
Al contrario, analistas enfatizaron la fuerte caída del gasto de capital, (-3,1% real anual), lo que significó una segunda contracción de este gasto desde 2016 (cuando bajó 4,8%).
En este caso, Vivienda anotó una sobre ejecución de 100,7%, pero el resto de las principales carteras subejecutó su gasto de capital aprobado. Por ejemplo, Obras Públicas ejecutó un 98,5%, Salud alcanzó 97,5%, e Interior llegó a ejecutar 90,1%. Lejos de los demás ministerios, Educación volvió a dar cuenta de problemas para ejecutar inversión, llegando apenas a 75,9% del gasto capital aprobado.
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