Agrupación de deudores de Crédito Corfo: "Somos el origen del problema y nos omiten del anuncio"

"Somos el problema histórico por el cual este anuncio se está produciendo", afirmó el vocero de la agrupación de estudiantes estafados por el Crédito Corfo, Cristian Suárez, tras la reforma de financiamiento de educación superior que dio a conocer el ministro de Educación Harald Beyer y en la cual, no fueron mencionados.

Suárez afirmó que el Corfo es el origen del problema y que el Crédito con Aval del Estado es la versión 2.0 de la deplorable política de financiamiento estudiantil. Sin embargo, "Harald Beyer no fue capaz de mencionarnos".

"No podemos hacer más que echar de menos que nuevamente esta autoridad de gobierno omita intencionalmente alguna referencia a los endeudados por créditos Corfo", declaró molesto el vocero, quien señaló que "el gobierno no tiene interés alguno" en las más de 100 mil familias afectadas con la situación.

"Los Créditos Corfo fueron un ensayo del CAE, nosotros somos el ratón de laboratorio de tan mal diseño y los endeudados junto a nuestras familias somos una consecuencia de ese experimento del Estado", agregó Suárez.

Asimismo, el vocero aseguró que solicitaron una entrevista con el ministro de Educación, pero no fue concedida, por lo que hizo un llamado a conversar con la autoridad porque "estamos abiertos al diálogo, ya que lo que buscamos son respuestas".

EXIGENCIAS

Suárez explicó que una de las medidas que exigen al Gobierno está "igualar en forma retroactiva la tasa del crédito al 2%, igualándola a la del Fondo Solidario de Crédito Universitario". Así, las personas que hayan superado dicha cantidad se les deberán condonar los intereses y ser asumidos por los bancos intermediadores.

A su vez, llaman a detener inmediatamente todas las acciones judiciales que "los bancos emprenden contra deudores y avales del crédito Corfo", condición -según explicó el vocero- es exigida por el Estado para subsidiar los créditos.

Por otra parte, declaró que es necesaria una reparación económica por el daño moral y patrimonial causado a los deudores y avales por las malas prácticas de los bancos con la complicidad del Estado.