Amnistía Internacional acusa a Francia de no respetar los derechos de los gitanos

La organización Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a Francia de no respetar los derechos humanos de los gitanos, aunque reconoció que la llegada de los socialistas al gobierno ha traído algunas mejoras, que consideró "insuficientes".

AI presentó un informe sobre la situación de los gitanos en Francia, elaborado a partir de los estudios sobre el terreno en diversos campamentos de la región de París, que alberga a la mitad de los 15.000 gitanos que se estima que viven en Francia.

"Francia no integra en su sistema jurídico nacional las normas internacionales relativas a los derechos humanos que se oponen a las expulsiones forzadas", afirmó el director del programa Europa de AI, John Dalhuisen, durante la presentación del informe.

En particular, la organización reprocha a Francia que no avisa a los gitanos del día de la expulsión y que no otorga a los habitantes del campamento derecho a recurrir a la justicia la decisión de desalojarles, dos de las obligaciones que le impone el derecho internacional, según Dalhuisen.

Pero, sobre todo, AI señala que a los gitanos desalojados de los campamentos "no se les ofrece una solución alternativa, tal y como exige la ley internacional". 

En este sentido, la asociación consideró "un avance" la circular de agosto pasado promulgada por el actual gobierno que pide a los prefectos que encuentren soluciones de realojamiento a los gitanos expulsados de los campamentos.

"Pero esa circular se aplica de forma muy desigual y, en la mayoría de los casos, no implica una solución de realojo estable, sino una de emergencia, lo que provoca que los gitanos acaben de nuevo en otro campamento", indicó la investigadora de AI Marion Cadier, una de las autoras del informe.

De esta forma, agregó, muchos gitanos encadenan varias expulsiones, lo que dificulta todavía más su integración, ya que con frecuencia se ve alejado de su familia.

Además, la mayor parte de los gitanos que viven en Francia proceden de Rumanía, mientras que unos cuantos son originarios de Bulgaria, lo que provoca que, en muchos casos, sean expulsados a sus países de origen.

La legislación europea prevé que estos ciudadanos pueden permanecer en suelo francés, sin trabajo, durante tres meses, periodo tras el cual pueden ser expulsados. 

Pero nada indica que no puedan regresar al país, lo que provoca que muchos de ellos hayan vuelto en varias ocasiones, según AI.

La presidenta de AI en Francia, Geneviève Garrigos, culpó a la actitud del anterior Ejecutivo, presidido por Nicolas Sarkozy, al que no nombró, del inicio de la estigmatización de los gitanos en Francia, al haberlos señalado directamente como objetivo de su política de expulsión.

Sin embargo, el informe de la organización muestra que el "ritmo alarmante" de expulsiones y de desalojo de campamentos no se ha detenido con la llegada de los socialistas al poder.

Garrigos señaló que el tratamiento que el anterior Gobierno hizo de las expulsiones de gitanos ha contribuido a la mala imagen que la población francesa tiene de ese colectivo.

Según una reciente encuesta, el 85 por ciento de los franceses está en contra de los campamentos de gitanos.

"¿A quién le gusta vivir al lado de la miseria? ¿A quién le gusta estar rodeado de suciedad? Es normal que la gente esté en contra de estos campamentos, pero la solución no pasa por las expulsiones", aseguró la directora de la escuela Marie curie de Bobigny, a las afueras de París, Véronique Decker, que contribuyó en el informe.

Dalhuisen indicó que Francia debe "aprender del ejemplo de otros países de su entorno" para "no cometer los mismos errores".

En este sentido, citó el caso de Italia, donde la emigración de la antigua Yugoslavia y de gitanos es anterior a Francia y donde esa población ha acabado construyendo "ciudades de incursión", convertidas en la actualidad en "auténticos guetos que dificultan la integración".