Andrés Castro, presidente de AFP Capital: "si se aprueba, sería un proyecto de pensiones que nacería con fórceps"

Este martes pasado, Andrés Castro (60 años) puso fin a su vínculo con el Grupo Sura, tras presentar su renuncia a la presidencia de AFP Capital y cerrando así 35 años ligado al sector financiero. Parte importante de su carrera la desarrolló en el Grupo Santander, liderando el negocio previsional y de seguros. Luego pasó a ING, cuando el grupo holandés adquirió la operación de los españoles. Más tarde, cuando estos últimos se desprendieron del negocio previsional tras la crisis financiera, aterrizó en el grupo colombiano Sura.

El timing de su salida, que coincide con el auge del debate previsional, es circunstancial, asegura, porque el proceso se programó con anticipación. "Esto llegó a su fin por razones obvias. Cuando uno pasa parte muy importante de su tiempo arriba de los aviones y desvinculado de Chile, esas cosas siempre tienen fecha de término y yo lo sabía. Eso se concretó el año pasado (cuando dejó la presidencia ejecutiva de Sura Asset Management), pero me quedé en AFP Capital para poder hacer un aterrizaje más suave. Con mi renuncia culminó mi relación formal con el Grupo Sura", explica.

Castro relata que en un año viajaba, por lo menos, unas 30 veces. Pese a que era necesario, el headquarter (casa matriz) de Sura Asset Management -la sociedad que concentraba el negocio previsional del Grupo Sura y que el chileno ayudó a conformar- está en Colombia y una de sus operaciones más relevantes se encuentra en México. El ingeniero civil de la Universidad de Chile dice que le viene bien una pausa. Lo primero será tomar unos meses sabáticos, en los que aprovechará de viajar junto a su señora y algunos amigos. Luego, volverá recargado a emprender proyectos personales que mantiene en reserva.

En esta entrevista asegura que su experiencia le permite concluir que, "sin duda, los sistemas de capitalización son una solución en auge y los sistemas más de reparto son una solución más en retirada".

Además, aboga por retirar la discusión de estos temas del ciclo político. "Tenemos un ejemplo del drama de discutir temas tan importantes en tiempo electoral en nuestro querido vecino, en Perú. Nadie fue capaz de oponerse a un proyecto que borró del mapa las pensiones como un mecanismo de enfrentar la vejez con una pensión", afirma.

¿Cómo califica la evolución del sistema de pensiones chileno?

Hay que poner las cosas en contexto: el sistema nace el año 1981 en un país muy precario, que tenía un quinto del ingreso per cápita de hoy y entre un 30% y 40% de formalidad laboral. Nace como una solución para trabajadores formales, porque planifica 5% de lagunas para poder construir una pensión como la que se calculó, considerando un 4% de rentabilidad de los fondos.

La industria de cuentas individuales se perfeccionó apuntando a su mandato principal: mejor rentabilidad a un riesgo acotado. En su evolución, ha tenido un par de hitos, como la creación de los multifondos y el APV en 2002, y la reforma de 2008, que incorpora el Pilar Solidario, creando un sistema multipilar. Pero esa reforma se quedó corta, porque hay dos cosas que eran claras a esas alturas y no se avanzó en ellas. Una, que la tasa de contribución en la Ocde estaba ya en torno a 20% y nosotros nos quedamos en el 10%. Y la otra es no abordar los parámetros de la edad de jubilación y la efectiva incorporación de los independientes al sistema.

Hoy, el sistema enfrenta un intenso debate, ¿eso es fruto de esos temas no abordados?

El país ha prosperado mucho -y eso ha sido una gran noticia-, pero todavía nos falta, porque el sistema comenzó cuando los salarios promedio eran la mitad o un tercio de lo que son hoy día. Este crecimiento ayudó a generar expectativas de pensión que no se han conseguido.

¿La propuesta de la Presidenta Bachelet permite avanzar hacia mejores pensiones?

Tiene cosas rescatables, claro que sí, pero el problema es que va a costar ponernos de acuerdo, porque se empieza a discutir en un ciclo electoral. Es muy importante intentar sacar discusiones de política pública previsional de estos períodos, porque se empieza a confundir el corto con el largo plazo y lo político con lo técnico. Ahora estamos enfrascados en una discusión, donde desde el gobierno nos piden que desdramaticemos, pero al final nos encontramos una política que tiene un planteamiento de corto plazo, las pensiones suben 20% y les van a subir a las mujeres, pero con riesgos en el largo plazo.

¿A qué riesgos se refiere?

A discutir una política de este tipo, que tiene un impacto presupuestal, un año antes que entremos en elecciones. En Uruguay está prohibido hacerlo y me parece una sana medida, porque apunta a evitar los problemas que se provocan y que es precisamente donde hoy estamos parados. También hay regulaciones que exigen que un proyecto de esta naturaleza incluya sólidos estudios de impacto a 30, 40 o 50 años, como ocurre en el caso de México.

¿Pero la propuesta del gobierno afecta hoy en particular a algún componente del sistema?

Se dice "un 20% de aumento ahora", pero qué pasa con el futuro en las pensiones de esta gente; técnica y políticamente es muy incomprensible que un administrador estatal venga como parte de la propuesta, porque aunque falta profundidad y rigurosidad se justifica diciendo que es para legitimar el sistema. Eso le mete mucho ruido a una reforma de este tipo.

¿Qué le parece que el ministro Valdés dude de las AFP, cuando éstas dicen que para ellas administrar el 5% adicional tendría costo cero?

Está, en su lenguaje, diciendo verdades a medias. Pero me parece que ha reflexionado, profundizado y aclarado que son cosas distintas y que, efectivamente, dado que las AFP cobramos sobre el salario, así nos llegue 10% o 15% vamos a seguir cobrando sobre el salario lo mismo. De nuevo, esto tiene que ver con que empezamos a mezclar la conversación técnica con la política. El nos habla de conflictos de interés, uno podría decir lo mismo, porque desde el Estado están haciendo propuestas, proponiendo al mismo Estado como administrador.

Los riesgos tras la fórmula

¿Y que le parece la división del 5%?

No quiero repasar los lugares comunes. El CEO de Sura, Francisco Murillo, quiso decir que este 2% solidario era regresivo, porque pudiendo ser financiado por todos los chilenos mediante impuestos, lo harán sólo los trabajadores formales. Esto cambia también un eje de entendimiento de la gente: que más ahorro es más pensión, porque si yo contribuía 10% a mi cuenta, iba a obtener una pensión X; si yo contribuyo 50% más voy a tener un 50% más de X. Esa fórmula, que nos ha costado y sobre la que estamos trabajando, es la que la gente debe tener en su cabeza.

¿La distribución del 5% afecta esa idea?

Genera una falta de transparencia y opacidad a esa comprensión de los afiliados, porque ahora recibirán un aporte intergeneracional las pensiones de los quintiles más bajos y los que están más arriba, como dicen, tendrán que ser solidarios. Además, existirá una componente intrageneracional que también va a ser solidaria. Todos estamos de acuerdo en que haya solidaridad, pero también claridad. Todo esto hace que la gente tenga menos claro cómo interactuar en un sistema que ya es complejo y donde el "más ahorro, más pensión" se enreda un poco.

¿Hay riesgos en la fórmula del gobierno?

Puedo asegurar que en 10 años más vamos a tener que estar revisando nuevamente la tasa de ahorro, porque si los países desarrollados ahorran el 20% no veo por qué nosotros, tan campeones, vamos a ahorrar un 15% y con eso nos vamos a quedar tranquilos. Más ahora que el Estado dice "yo te voy a administrar el ahorro", ya no está tan claro de dónde viene la pensión.

La gente vinculará un 10% a la AFP, un 5% al Estado, y si antes se paraban a reclamar contra las AFP, ahora lo harán contra el Estado también, y no vamos a ser capaces de cumplir con las expectativas de pensión.

¿Faltan componentes técnicos para argumentar el porqué del Estado en la administración del ahorro previsional?

Totalmente. Si el ministro justifica esta opción por falta de legitimidad, eso no parece un argumento técnico ni racional y menos de eficiencia al sistema. Además, el gobierno, aunque es parte del sistema en el diseño, en su discusión, en su propuesta desde la reforma de 2008 se para en la vereda crítica del sistema y habla de que es el ilegítimo. Eso no puede ser. Este sistema será legítimo cuando el Estado lo apoye y diga que es mixto, multipilar, que hay que cotizar en las AFP, porque están muy bien controladas y reguladas, y que cuando no lo hacen bien tienen penalidades, que el Estado aporta y que si puede en un futuro esto será mayor. Así se le da confianza a la gente.

La cuestión política

¿Cómo ve para adelante la discusión?

Nuestra participación en el debate ha servido, porque esta propuesta plantea más ahorro, que en mayor parte iría a las cuentas individuales. Se ve que hay una mirada seria y de largo plazo sobre el cómo evoluciona el aporte a reparto o los elementos intrageneracionales o intergeneracionales. Además, se habla de incorporar a los independientes, se genera un incentivo para cerrar la brecha de hombres y mujeres en las pensiones. No ha sido una discusión en vano. Pero otros planteamientos se desvirtuaron, como las comisiones de administración, el tema del administrador estatal, que afecta, porque por un tema de legitimidad se abandona lo técnico, se exacerba lo político, lo que es un grave riesgo.

Y frases como "ni un peso más para las AFP", "los conflictos de interés", ¿esperaría que desaparecieran?

Me parece que pueden responder al fragor de los primeros anuncios. El gobierno ha dicho que quiere meterle más detalles al tema, aunque hay partes que no requieren "más detalles", sino todo el detalle del mundo, como la justificación del administrador estatal. Sería bueno que le echen una miradita a todo lo que tienen esos fondos que han estado usando como ejemplo, como el caso de los canadienses. Ahí recién vamos a ver si somos capaces de escribir algo. Y bueno, los políticos finalmente deberán votar esto.

¿Le preocupa el momento político?

El que avance en un período electoral complica las cosas, es difícil. Si se aprueba, sería un proyecto que nacería con fórceps, un poquito a la fuerza. Es un mal legado para una cosa tan importante como son las pensiones de los chilenos. Soy muy sensible a que las pensiones tienen que mejorar pronto, pero esa urgencia no nos puede hacer tomar malas decisiones. Para mí, esta reforma, bajo estas condiciones, no es una buena reforma.

¿Qué falta?

No hemos hablado de tasa de reemplazo, de qué institucionalidad podría crearse para sacarlo de los ciclos políticos, que revise parámetros con una mirada técnica, haga recomendaciones sobre qué hacer en materia de tasas de ahorro, edades de jubilación, porque esto es muy técnico. Tampoco está el perfeccionamiento de la estructura o arquitectura del sistema, el simplificar y generar incentivos claros para que la gente participe en cómo se construye bien la pensión. Cuando han venido los organismos: la Ocde, el BID, con toda la experiencia y la objetividad técnica y no política, entregan una fuente importante de cosas que hay que recoger y que son en su mayoría las que quedan fuera.