Andrés Concha: "Hay que buscar fórmulas para que Enap actúe como empresa independiente del gobierno"

Presidente de Sofofa  evalúa el primer año de gobierno de Sebastián Piñera, fija las prioridades del empresariado para 2011 y advierte que en los próximos cinco años puede haber problemas para el país, dada la falta de holguras en el sistema eléctrico.




Andrés Concha se toma su tiempo antes de contestar cada pregunta. Cuidadoso de cada palabra que emite, el presidente de la Sofofa sigue la coyuntura política y económica de cerca, en medio de miles de papeles, libros y recortes de periódicos a lo largo de su extensa oficina. En el marco del primer año del gobierno de Sebastián Piñera y luego del cambio de gabinete, el anuncio de nuevas reglas de emisión para termoeléctricas y el fin de las protestas en Punta Arenas, el líder industrial dice que se ha logrado remontar el pesimismo tras la crisis 2009 y elogia los resultados económicos del último año.      
"El proceso de instalar un nuevo gobierno en medio de un gran terremoto y salir adelante con todos los esfuerzos que demandó la emergencia y el inicio de la reconstrucción, es digno de todo elogio", dice.

¿Y qué esperan de la administración Piñera este año?
Tal como en 2010 el terremoto fue la prioridad, para el 2011, junto con acelerar programas de reconstrucción y dado que tenemos una moneda que ya se ha apreciado mucho en términos relativos, el gran tema debiera ser el de incrementar la  productividad. Para ello están las agendas de los ministerios de Hacienda y Economía, que requieren, además, colaboración de muchas otras carteras. Es urgente simplificar la tramitación de nuevos proyectos de generación eléctrica, en particular, hidroeléctricas y térmicas a carbón y gas, eliminar las discriminaciones en contra de la formación técnica de recursos humanos, promover las condiciones para lograr una logística más eficiente, apurar la construcción de concesiones camineras y avanzar en adaptabilidad de jornadas de trabajo.

¿Cómo ven la llegada de Evelyn Matthei al Ministerio del Trabajo?
Tiene todas las condiciones para ser una gran ministra. Es muy inteligente, conoce muy bien el funcionamiento de la política en Chile, comunica bien los temas y está familiarizada con los tópicos laborales. Este sector requiere un alto nivel de consensos. Tiene un liderazgo que puede conducir a lograrlos.

¿Qué definiciones sobre mercado laboral esperan que se den?
El foco principal son temas de empleo. Sabemos de la dificultad de jóvenes y mujeres para insertarse en el mundo laboral. Por eso pensamos que la propuesta de capacitación en el empleo que propusimos entre CUT, Conapyme y Sofofa, es muy importante que sea considerada por el gobierno. Lo otro es modernizar los sistemas de intermediación laboral, que están llamados a jugar un rol central en la reinserción de los desempleados; y tercero, el diseño de jornadas más flexibles que faciliten el emprendimiento y la competitividad. Complementariamente es importante tratar de alcanzar consensos constructivos en materias como negociación colectiva e indemnizaciones por años de servicio. Hoy, el Código del Trabajo es una camisa de fuerza para empleadores y trabajadores, que dificulta los ajustes y nos hace menos competitivos.

El factor Punta Arenas
¿Qué lección se puede sacar del conflicto por el gas en P. Arenas?

Retirar subsidios no es una cosa sencilla, especialmente cuando la gente se acostumbró a ellos. Por eso es importante valorar los esfuerzos por mantener vigente una política de precios de mercado y apoyar con subsidios sólo a los grupos vulnerables. Otras lección es que en este tipo de controversias el peligro de que se distorsionen las realidades aumenta. Por ejemplo, se trató de culpar a Methanex como una de las causantes de los problemas de falta de gas, cuando en realidad, si  Methanex no estuviese localizada en Punta Arenas, difícilmente se justificarían las millonarias prospecciones que se están realizando en Tierra del Fuego para aumentar la producción de gas. 

¿Se debe privatizar Enap?

Hay que buscar fórmulas para que Enap actúe como empresa independiente del gobierno. Privatizar puede ser complicado políticamente, pero capitalizarla con recursos privados puede ser factible. Eso ayudaría a darle un mejor gobierno corporativo y a darle más independencia del gobierno. En vez de ser un brazo del Ministerio de Minería, podría ser una empresa independiente que tendría que cuidar con eficiencia su patrimonio.

¿Cree que los conflictos sociales pueden aumentar, dado el empoderamiento mostrado por la ciudadanía en estos últimos eventos?

Existe, sin duda, un mayor empoderamiento en la ciudadanía. Las comunidades se agrupan hoy con mayor facilidad frente a desafíos comunes. Esto exige que las conductas públicas y privadas sean siempre muy atinadas frente a la comunidad. Cualquier error puede generar escenarios de peligro.

Energía sin holguras
El alto costo energético es el tema más relevante a resolver...

Es un factor muy relevante para la competitividad de sectores productivos. Estamos con precios sustancialmente mayores a los vigentes en el mundo y en particular, en Perú y Brasil, que son hoy plazas muy atractivas para los inversionistas.

¿Y cómo se corrige eso? 

Hoy estamos con una energía con un costo de 120 a 130 dólares por Mwh y tenemos que llegar a energías que estén entre 80 y 90 dólares, y para eso necesitamos ampliar la oferta en unos 1.000 Mw adicionales con centrales hidráulicas y térmicas a carbón. Estas pueden desplazar a las que queman diésel, que son más caras de generar y que hoy determinan los altos precios. De no haber un cuadro hidrológico favorable en los próximos años, lo que no está claro que ocurra, los precios tenderán a mantenerse altos, ya que la demanda está subiendo con fuerza y los tiempos que requiere construir nuevas centrales, por ahora, son demasiado largos. Hay varios proyectos en construcción, pero la velocidad de crecimiento de la oferta es inferior a la que crece la demanda.

¿HidroAysén es clave?

Sin duda que sí. Lo lamentable es el largo tiempo que toma construir este proyecto. Hay un cuello de botella administrativo en el sector eléctrico que atrasa la construcción de nuevos proyectos. El sistema regulatorio del sector energético está bien, los inversionistas están disponibles, existen los recursos, las señales de precio son muy atractivas, pero construir las centrales toma un tiempo que es excesivo, sin considerar que los riesgos de judicializar los procesos no son bajos.

¿Cuál es el principal impacto de la nueva norma de emisiones lanzada por el gobierno?
Con la nueva norma, las emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno en las centrales existentes van a disminuir en forma importante. Las nuevas centrales entrarán con normas aún más estrictas y sus emisiones serán mínimas. La contrapartida es que los precios van a subir en torno a un 3%, por los costos de inversión y mantención en que será necesario incurrir. Otro elemento importante a considerar es la instalación de nuevos equipos anticontaminantes en las plantas existentes, lo que demandará tener que paralizarlas. Como el sistema está con pocas holguras, será necesario tomar precauciones para no comprometer la seguridad de servicio. Se ha dado un plazo máximo de cinco años para hacer los cambios.

¿Esa complicación sería este año?

Este año es improbable. Pero durante el próximo quinquenio pueden emerger problemas, dado que el sistema eléctrico tendrá pocas holguras. La programación de estos cambios ocurrirá en un período en que los embalses de agua están en un nivel muy bajo, las expectativas de lluvia son inciertas, la demanda por energía está creciendo rápido y la expansión de la oferta avanza más lentamente.

¿Cuánto será el costo de inversión de las centrales térmicas por la aplicación de normas más estrictas?
Lo estimamos en torno a los mil millones de dólares.

¿Hay una estimación de cuántas centrales pueden quedar obsoletas u obligadas a cerrar?
Son muy pocas. Prácticamente, la totalidad existente se va a someter a los cambios.  Sólo podrán evitar el cambio aquellas antiguas que operan muy ocasionalmente (menos del 10% de su tiempo, según dispone la ley) para respaldar la generación en momentos de restricción de oferta.

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