Autoridades ordenan la expulsión de ocho extranjeros al día en Chile

Entre 2015 y 2016 se ha ordenado la expulsión de 5.656 extranjeros de Chile, por orden de dictámenes judiciales o administrativos. Un registro que arroja un promedio de ocho órdenes diarias.

Las expulsiones administrativas son todas aquellas que surgen del incumplimiento de alguna de las normativas migratorias. Son decretadas por el Ministerio del Interior para el caso de personas en situación de residencia, mientras que se convierten en competencia de las respectivas intendencias al tratarse de individuos que hicieron ingreso al país de manera ilegal o están en calidad de turista. Quienes se encuentran dentro de esta última figura representan el 95% de los casos.

El abandono forzado de índole judicial ocurre ante situaciones de delito. Esta surge, en su mayoría, al decretarse penas inferiores a los cinco años, en que el cumplimiento efectivo se conmuta con la expulsión. Para medidas más gravosas esto ocurre una vez cumplido el periodo de prisión.

Según información a la que accedió La Tercera vía Ley de Transparencia (ver infografía), una de cada dos personas que recibe este castigo es por ingreso clandestino (52%). Un 33% lo padece por tráfico de drogas, mientras que solo un 3% involucra a turistas que permanecieron en el país más allá del periodo autorizado.

El 12% restante corresponde a otros casos, como robo (2,2%), homicidio (0,4%) y ser responsable de delitos comunes (1%).

De total de personas que están en esta situación, 3.447 son hombres y 2.209 mujeres. Al revisar las nacionalidades de los infractores, se da cuenta de la presencia de 28 países, aunque aquellos de números más significativos son Bolivia (32%), República Dominicana (27%) y Colombia (22%).

La emisión de este dictamen, no obstante, en muchos casos no equivale a que la salida del país del sancionado se materialice. Hasta diciembre de 2016 se había concretado el 39,7% de ellas.

De acuerdo con el ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, el inconveniente en la ejecución surge principalmente en los casos administrativos, al no existir en las causas judiciales mayor margen en la autoridad para dilatarlas, dado que el juez impone un plazo.

"El problema está en las expulsiones administrativas, porque no establecen un plazo contundente. La expulsión queda sujeta al estado financiero y operacional de la Policía de Investigaciones (PDI)", señaló el abogado, quien apunta a una poca eficacia de la policía, sumado a la incapacidad "logística para ejecutar las expulsiones que llegan".

En tanto, para José María del Pino, director ejecutivo de la Fundación Frè, este hecho demuestra "una señal a todas luces de que la actual normativa ha sido superada por las actuales condiciones migratorias que tenemos en Chile".

Según el experto en derecho migratorio de la Universidad Católica, Francisco Dellacasa, en Extranjería existe una pasividad ante aquellos casos de ingreso clandestino, al asumirse la falta de capacidades que la institución padece en la actualidad. "Con eso tu estimulas que las personas entren por esa vía", aseguró el académico, aunque criticó que "mantener personas en condición de expulsados, que por su condición no pueden regularizarse ni adquirir visa, se presta para toda clase de abuso".

Un dato llamativo surge al evidenciarse el alto número de expulsiones decretadas a dominicanos que ingresaron de manera ilegal, siendo el segundo país tras Bolivia. Esta situación evidenciaría, según especialistas, una respuesta al "proteccionismo" que intentó imponer Chile por la masiva llegada de individuos desde esta isla.

"Para frenar la alta migración pusieron trabas con la visa de turismo, en que no puedes llegar como cualquier persona y entrar para quedarte 90 días", señaló Dellacasa.

Para Del Pino, este caso es llamativo porque demostraría que aplicar una visa es propiciar el ingreso a través de redes de tráfico de personas por pasos ilegales. "Aquellos que promueven el tráfico selectivo no van a generar cambios, porque esto te demuestra que la situación no se modifica con poner visaje en el país de origen", aseveró.

Según Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, este fenómeno ocurre dado que Cancillería -ente encargado de otorgar esta visa- no tiene recursos ni criterios unificados. "Los dominicanos solo pueden entrar a Chile cuando son bachateros, pero al trabajador se le impide el ingreso", dijo.

El 23 de agosto pasado, el gobierno presentó en 64 páginas un proyecto de ley de migración, con el objetivo de actualizar la normativa vigente desde 1975 y así hacer frente al nuevo escenario.

Sin embargo, han surgido diferentes críticos que cuestionan el real alcance que lograría esta legislación, de ser aprobada como está por el Congreso.

Rodrigo Sandoval renunció al cargo en julio pasado debido a sus diferencias con la normativa que el Ministerio del Interior elaboraba, que finalmente ingresó al Parlamento y a la cual denomina como una "nueva ley que organiza de mejor forma los defectos que tiene la actual norma".

Para la otrora autoridad, es fundamental que en el proyecto se incluya una nueva autoridad migratoria "que establezca criterios que prioricen "qué tipo de extranjeros quieres expulsar y a cuáles regularizar". Esta definición, establece, es fundamental al no haber "recursos para expulsar a todas las personas que infringen la política migratoria".

Del Pino coincide en la necesidad de contemplar una nueva institución, al considerar que, de no existir, la legislación podría "quedar en letra muerta al carecer de institucionalidad efectiva".

La diputada Paulina Núñez (RN) cuestiona el carácter garantista que posee la iniciativa en los procesos de expulsión, al incluir tres instancias de apelación -dos administrativas y una judicial- por parte del infractor.

"No creo que se deba abrir un perdonazo cuando ya hay una decisión tomada. Una instancia de apelación como en cualquier proceso me parece justo, pero tres es mucho", afirmó.

Noriega se muestra en contra de la ampliación de causales de expulsión que propone la posible nueva ley, y asegura que ello "va a detonar situaciones de irregularidad migratoria, lo cual terminará en aún más órdenes de expulsiones".