¿Cómo avanza la reforma a la educación superior?

En la actualidad, las universidades y centros de formación técnica pueden acceder voluntariamente a la acreditación institucional. Con la reforma a la ley de educación superior, la acreditación pasará a ser de carácter obligatorio para todas las instituciones bajo cinco parámetros: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Vinculación con el Medio, Docencia de Postgrado e Investigación. Para cumplir esta última área la norma establece un plazo especial de 15 años.

Otro aspecto relevante es el fin de las agencias acreditadoras privadas, que tenían la función de certificar los programas académicos.

Uno de los compromisos del gobierno durante la tramitación del proyecto fue la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Los parlamentarios Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC) lograron aprobar una indicación que establecía el fin del CAE a fines de 2018. Una medida que revirtió la Comisión de Hacienda, agregando que sólo se aboliría una vez que hubiese un crédito que lo reemplazara, decisión que fue ratificada por la Cámara. "Debe haber un sistema de crédito para quienes no pueden acceder a la gratuidad, sino habrían jóvenes que no podrían estudiar", explicó José Joaquín Brunner, académico de la UDP.

Una de las novedades que presenta el proyecto respecto a su versión original tiene relación con la obligatoriedad de acreditación para las carreras del área salud. Hoy la exigencia apunta sólo a dos programas: Medicina y Pedagogía, sin embargo, la Cámara aprobó ampliar esta condición a 10 carreras del área de la salud: Kinesiología, Nutrición, Obstetricia, Odontología, Enfermería, Terapauta ocupacional, Fonoaudiólogía, Química Farmacéutica, Tecnólogía médica y Bioquímica. "Estas carreras han ganado mayor presencia en el área de la salud y por ello implican también un mayor riesgo", detalló la diputada Cristina Girardi (PPD).

Los diputados aprobaron por 62 contra 41 votos (más dos abstenciones) extender la gratuidad en la educación superior desde el quito al sexto decil de ingresos, es decir, hasta el 60% de los alumnos más vulnerables de universidades y centros de formación técnica.

Junto a ello, la Cámara dio su visto bueno a los gatillos económicos que estableció el Ministerio de Hacienda para que este beneficio se amplíe a las familias de mayores ingresos (7° decil hacia arriba) y que responden, según establece el proyecto, a cierto niveles de crecimiento del PIB tendencial.

De concretarse esta medida, aquellos estudiantes provenientes de familias que presentan ingresos per cápita inferiores a $ 230 mil podrán acceder al costeo total de sus estudios, aumentando los beneficiarios de los 257 mil actuales a unos 320 mil en 2018.

"Lo más importante es que ayer (lunes) la Cámara de Diputados le dio un respaldo amplio a la gratuidad en general y a cómo vamos subiendo los distintos deciles. Por supuesto el sexto decil tiene una importancia especial. Es un anuncio de la Presidenta para el 2018 y por lo tanto debe quedar listo este año", señaló la ministra Adriana Delpiano.

Para Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, sin embargo, "el país tiene prioridades mucho más urgentes que financiar la educación superior. Es focalizar mal los recursos. Ha habido un afán de querer darle más espacio, más poder de injerencia al Estado en la educación superior, y no de resolver el problema del financiamiento".

La noticia encontró reacciones encontradas entre los representantes del movimiento estudiantil.

Sofía Barahona, presidenta de la Feuc y vocera de la Confech, señaló que el avance "es positivo, mientras haya una mayor cantidad de estudiantes beneficiados con la gratuidad. Sin embargo, consideramos que la reforma no está a la altura de las expectativas que la Nueva Mayoría generó, respecto a cómo se otorgan las becas, ya que éstas están supeditadas al PIB tendencial".

¿Cuántos años de estudios cubrirá la gratuidad, una vez en régimen? "Si el estudiante demora hasta un año más de la duración formal de la carrera, la institución podrá cobrar un 50% del valor del arancel regulado junto a la matrícula, correspondiente al periodo de tiempo adicional que no está considerado al momento de ingresar a la educación superior. Si demora más de un año adicional, la institución podrá cobrar el 100% del arancel regulado, más la matrícula", establece el proyecto. Si un estudiante cambia de carrera durante el uso de gratuidad, se mantendrá la obligación de otorgar estudios gratuitos a quienes cumplan los requisitos por ley.

Los parlamentarios establecieron que pueden haber transacciones económicas, siempre y cuando éstas sean informadas a la Superintendencia de Educación. Medida que debe ser aplicada en los casos cuyos montos sean superiores a los 2.000 UF ($ 53 millones aproximadamente). Esta decisión fue adoptada tras denuncias que decían que hoy existe lucro o retiro de utilidades mediante negocios con partes relacionadas.

El proyecto de ley establecía una serie de prohiciones respecto a la participación de personas jurídicas con fines de lucro, como controladores de entidades de instituciones de educación superior. Dicho esto, se aprobó la obligación de que los controladores sean sin fines de lucro y que los recursos obtenidos se destinen a mejorar la calidad de la educación que proporcionan.

Además, se establece que quienes cometan acciones de lucro en la administración de la educación superior serán serán sancionados con penas de cárcel. La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia de Educación.

Según los diputados pertenecientes a Chile Vamos, este artículo permitirá que la universidades que posean centro de estudio o institutos asociados puedan seguir financiándolos.