Caso Caval: Empresa que compró terrenos en Machalí se querella por estafa

Una querella por estafa presentó esta jornada la empresa Silca ante el Juzgado de Garantía de Rancagua contra los representantes de Caval, firma que pertenece en un 50% a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

Silca Servicios Limitada, de propiedad del empresario rancagüino Hugo Silva, pagó $9.500 millones por esos los predios de Caval. Dichos terrenos subirían de valor con el cambio del uso de suelo que se tramitaba en la región, el cual se concretaría en el corto plazo.

Según confirmaron fuentes de la firma a La Tercera la acción judicial se interpuso esta mañana a las 12.10. La empresa, además, detalló en un comunicado que sus abogados llegaron hasta el juzgado de garantía a interponer la querella contra Caval y contra todos quienes resulten responsables.

Junto con esto, los abogados de la empresa de Hugo Silva se reunieron con el fiscal Luis Toledo para entregar "de forma voluntaria un computador, correos electrónicos y otros documentos para cooperar con la investigación que éste lleva a cabo". 

Silca afirma que comprometió la colaboración en el caso, concretando la entrega de documentación sobre la negociación por la compra de los fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia, ubicados en la Carretera del Cobre, al ingreso de la zona urbana de Machalí. Para estos efectos se facilitó un computador, correos electrónicos y la respectiva promesa de compra-venta.

La acción ocurre a horas que se conociera que el pasado 4 de marzo el magistrado Luis Barría, del juzgado de Garantía de Rancagua, dictó una orden de incautación al domicilio de Dávalos y Compagnon, ubicado en la comuna de La Reina.

La orden se emitió en el marco de la investigación por presunto delito de revelación de secretos, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Consultado sobre la incautación de computadores en el domicilio del hijo de la Presidenta, el vocero de Gobierno Álvaro Elizalde respondió que "la fiscalía está haciendo su trabajo y todas las instituciones deben otorgar la información que la fiscalía requiera".