CDE acusa que informáticos modificaron sistema de pagos de sueldos en Carabineros

"¿Qué fue lo que estas personas hicieron? Modificaron los archivos planos, vale decir, las nóminas que se remitían a BancoEstado y alteraron el sistema Sigpe, que es el que controla la administración de fondos públicos. Este delito no se podría haber cometido si personas no hubiesen tenido esta colusión dolosa participativa".

Con esas palabras, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Martorell, adjudicó gran parte de la responsabilidad del fraude en Carabineros, que hoy asciende a $ 16.500 millones, a los informáticos Patricio Rojas y Patricio Miranda.

Para el jurista, ambos funcionarios civiles de la institución "participan en toda la línea de malversación" y añadió que el ilícito "no pudo cometerse si no es por la participación de ellos".

Las declaraciones del abogado fueron emitidas en la segunda jornada de formalizaciones que se realizó hoy en contra de 15 personas, entre ex carabineros y civiles, en el marco del caso de presunto fraude.

Durante la audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía, Martorell afirmó que "la cantidad de imputaciones que se han hecho, respecto de estos formalizados, suma $ 5.224 millones, que corresponde al 30% de la malversación completa. No estamos ante un elemento menor, sino frente a un elemento de gravedad directa".

De esa forma, el abogado justificó la solicitud que hizo de prisión preventiva para los 15 imputados. "Con el mérito de la investigación (...) procede aplicar la prisión preventiva respecto de todos los imputados, sin hacer ninguna diferencia".

Agregó que "esa cautelar es procedente, además, por la armonía que debe tener con la posición que se ha tenido respecto de los 10 imputados que se encuentran en prisión preventiva".

Anteriormente, el Ministerio Público solicitó esa medida para cinco de los 15 formalizados. Ellos son los ex uniformados Patricio Morales, Pedro Valenzuela, Mauricio Saldaña, Sergio Collao,

Juan Pablo Muñoz, Víctor Escobar, Juan Moraga, Claudio Venegas y David Vega. A ellos se suman César Fernández, Jaime Valenzuela, Carla González, Claudio Arriagada, Patricio Miranda y Patricio Rojas.

A todos ellos se les levantaron cargos por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos. Según relató el fiscal, los 15 imputados recibieron fondos provenientes de la cuenta bancaria para cancelar las remuneraciones de los funcionarios. La decisión del tribunal quedó en suspenso para hoy, cuando se decidan las medidas cautelares.

Reconocen amenazas

Al término de la audiencia, el defensor de los informáticos, René Ubilla, dijo entender la postura del CDE. Sin embargo, precisó que "simplemente son una parte operativa, el último eslabón, y son funcionarios públicos que recibían instrucciones de esta organización jerárquica". Y agregó: "Temían por su trabajo y sus familias. Había jefes de departamentos que les ordenaban hacer las transacciones".

Pero Ubilla reveló, además, que sus representados fueron amenazados.

"En más de una ocasión los siguieron, hostigaron mediante llamadas telefónicas e insinuaciones, haciendo alusión al poder de la organización y de los superiores, haciéndoles temer por sus vidas y sus familias", recalcó.