Chadwick y su rol en la ofensiva oficialista

EL MIERCOLES en la mañana, Evelyn Matthei tomó una incómoda decisión: canceló el viaje a Estados Unidos que tenía previsto emprender al día siguiente para asistir a la graduación de su hijo Jorge Ignacio, quien concluyó un posgrado en el MIT. En Santiago, la presión de la coyuntura era insalvable: la ministra del Trabajo había participado toda la semana en reuniones en La Moneda y había realizado numerosas vocerías -con duras críticas a la Concertación- a raíz del caso de los falsos exonerados y su rol había sido evaluado positivamente por el gobierno y el oficialismo.

La arremetida gubernamental había comenzado a tomar fuerza el sábado pasado, luego de que el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, conformara un equipo con los abogados Luis Hermosilla, Juan Domingo Acosta y Cristián Gandarillas. La idea era analizar los cursos de acción ante el dictamen de la Contraloría que detectó 2.951 casos de falsos exonerados en una revisión de 9.141 expedientes entre 2005 y 2012. Además, el organismo estableció que el Estado había pagado, en el mismo período, alrededor de $ 29 mil millones en 5.917 pensiones vitalicias a personas que no reunían los requisitos para recibir ese beneficio.

En 2010, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, había abierto una investigación interna sobre el tema, en paralelo a una indagación de la PDI. En esa oportunidad, se detectaron cerca de 1.500 casos irregulares, se enviaron los datos al CDE y se abrió una comisión investigadora en la Cámara Baja. Sin embargo, con el dictamen de la Contraloría, en el Ejecutivo no sólo vieron una confirmación de las denuncias realizadas hace dos años. Según fuentes de gobierno, también se llegó a la convencimiento de que se trataba de un caso de inevitables efectos políticos, donde se entablaría una disputa con la campaña de la ex Presidenta Michelle Bachelet en la antesala de las primarias del 30 de junio. De hecho, en Palacio aseguran que eso pesó en la decisión de reforzar el caso con penalistas de peso.

En esa línea, la coordinación de la ofensiva en el caso quedó a cargo de Chadwick, quien ha presidido todas las reuniones de trabajo realizadas esta semana en La Moneda. Quienes han participado de estas citas, aseguran que el jefe de gabinete -abogado de profesión- ha puesto énfasis potenciar la agenda del caso exonerados en el plano político, judicial y comunicacional. Esto último junto a la vocera Cecilia Pérez.

En Palacio sostienen que la ofensiva por el caso exonerados ha tenido efecto y golpea a la Concertación, al vincularla con irregularidades y favores políticos, uno de los puntales de la estrategia oficialista para atacar a Bachelet con las malas prácticas de la oposición. Además, si bien se trata de DD.HH., los pagos irregulares no atacan la "esencia" de un tema donde existe alta sensibilidad y, además, sintoniza con la ciudadanía al estar vinculado al concepto de "abusos": en este caso, abusos de poder.

Además, señalan que la ex Mandataria ha tenido un par de semanas con una agenda desfavorable: además de los exonerados, el debate ha estado enfocado en su visita a Dichato (27/F); su ausencia de la cuenta presidencial del 21 de mayo -marcada por comparaciones entre los gobiernos-; el apoyo que recibió del PC y la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. En este contexto, en Palacio evalúan que Bachelet pasó de tener la imagen de "presidenta electa" -coherente con el diseño que desplegó tras su arribo a Chile en marzo, poniendo temas de debate y evitando polémicas- a asumir un rol de "candidata favorita", donde intercambia críticas con el gobierno y hacia finales de esta semana intentó recuperar el control de la agenda anunciando sus diseños de reforma educacional, ayer, y hoy tributaria y constitucional.

Detrás de todo este diseño está la decisión de poner el acelerador a fondo en la recta final de la competencia electoral (cuya última expresión fue la polémica intervención del titular de Hacienda, Felipe Larraín, responsabilizando a las propuestas de Bachelet y el PC de la desaceleración económica), en el entendido de que la percepción de una oposición "arrinconada" ha logrado alinear al oficialismo como pocas veces se ha logrado en la actual administración.

Por lo mismo, adelantan en Palacio, la idea es no "soltar" el tema exonerados.

En esta lógica, esta semana la ministra Matthei asumió un rol clave. Una determinación tomada por Piñera, dicen en La Moenda. Además de que tiene un rol directo en la controversia -el Instituto de Previsión Social (IPS) depende de su cartera-, "sabe pegar, le da lo mismo el costo y tiene un discurso consistente", dice un ministro, aludiendo a que Matthei rechazó en 2003 el proyecto sobre nuevo plazo para los beneficios previsionales a los exonerados. "Esto será una fábrica de pensiones", fue la frase que Matthei dijo como senadora durante la discusión de ese proyecto en la sala del Senado y la que repitió esta semana.

El foco de la primera ofensiva judicial estará en las decisiones que se tomaron en el gobierno de Bachelet en los años 2008 y 2009. Como se anunció el jueves, el IPS, representado por el abogado Mario Zumelzu -cercano a Matthei- interpondrá una querella por fraude al Fisco y delitos previsionales.

La titular del trabajo anunció que se anularán 700 pensiones entregadas entre junio y diciembre de 2011, que corresponden sólo a una parte de los casi 5.917 casos acreditados como irregulares. El camino para eliminar el resto se preguntará al mismo organismo contralor, pues -dicen en el Ejecutivo- no es posible hacerlo por vía administrativa después de dos años de que el beneficio fue entregado. El jueves, además, Ubilla anunció que se ampliaría la denuncia realizada a fiscalía en 2012, apuntando al rol de Marta Joignant (jefa de la Oficina de Exonerados durante el gobierno de Bachelet) y de los responsables en la entrega irregular de calificaciónes.

Todas estas medidas fueron analizadas en reuniones en La Moneda entre el lunes y el jueves. A los encuentros, encabezados por Chadwick, asistían Ubilla, Matthei, los abogados Hermosilla, Acosta y Gandarillas, además de numerosos asesores de ambas carteras.

En dichas citas también se analizaron otra vías de acción. Según los cálculos, de los 157 mil exonerados, la mitad recibe beneficios de Salud y Educación: la idea es terminarlos en aquellos casos irregulares. En Interior, además, señalan que se pondrían denuncias contra organizaciones de exonerados que ofrecían realizar los trámites para obtener la calificación y sus beneficios, pero que pedían quedarse con un porcentaje de ellos.

CHADWICK: CAMPAÑAS Y RENUNCIAS

Aunque asumió la coordinación del gabinete desde su llegada a la cartera, en estas semanas se ha visto con más nitidez el rol de Chadwick como jefe político del gobierno, ejerciendo en la práctica como generalísimo de la campaña presidencial oficialista. Un rol que no se veía en Interior desde José Miguel Insulza en la campaña electoral de 1999.

Así, Chadwick también ha coordinado reuniones con parlamentarios. El sábado pasado estuvo con diputados de la UDI y RN, como Karla Rubilar, quien en 2010 lideró las denuncias oficialistas por estos casos. Con un oficialismo alineado detrás de las acciones de Palacio, la idea es mantener vigente el caso hasta las primarias.

En La Moneda las evaluaciones sobre el impacto político del caso exonerados han sido positivas. En Palacio dicen que el mejor inidicador es la reacción de Bachelet, quien el miércoles pasado, en Rengo, señaló que "es probable que se hayan cometido errores".

Esta semana Chadwick se vio obligado también a administrar un conflicto en la campaña oficialista, que pudo tener costos para él: la presión UDI por la decisión del ministro Luciano Cruz-Coke de renunciar al gabinete.

El timonel UDI, Patricio Melero, lo llamó en la mañana del jueves protestando por la inminente salida Cruz-Coke, quien el miércoles había notificado a La Moneda que pretendía dimitir para sumarse a Evópoli, evaluar una candidatura senatorial (si la Contraloría visa el criterio de que su cargo no tiene rango ministerial) y reforzar la campaña de Andrés Allamand.

Melero cuestionó el cambio de criterio del gobierno, que a comienzos de mayo, cuando Pablo Longueira fue ungido como candidato en reemplazo de Laurence Golborne, determinó que ningún ministro saldría a reforzar las campañas oficialistas antes de las primarias, para no dar la sensación de que el gobierno estaba dividido entre las dos cartas. En ese entonces, el presidenciable gremialista había buscado sumar al titular de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, a su comando, pero se encontró con la negativa del gobierno. Hoy, reclamaba Melero, se cedía a la presión de Allamand y se perjudicaba a su candidato.

La renuncia de Cruz Coke fue visada el día anterior por Chadwick. La filtración previa de su alejamiento y la falta de anticipación a una reacción negativa de la UDI incomodaron al presidente Sebastián Piñera. El mandatario se encontró con el problema tras aterrizar en Santiago luego de la gira que lo llevó a Washington y otros países.

El episodio tensionó en extremo la relación entre RN y la UDI, que ya se había cargado de recriminaciones mutuas durante la semana, luego de que la UDI se plegara a las nuevas críticas de Golborne a Allamand, a quien volvió a sindicar como responsable de su salida de la contienda presidencial.

Finalmente, la presión de los comandos presidenciales y los partidos pudo más y la controversia se solucionó con la salida de Cruz-Coke y Lavín del gabinete. En las colectividades terminaron asumiend como un triunfo la decisión, en la medida que cristalizaba una apuesta definitiva del sector por reforzar las campañas y motivar una mayor participación en las primarias del 30 de junio.

El titular de Interior no salió indemne de esta crisis, dada la incomodidad del presidente y y de la UDI. Varios consideran que se precipitó al visar la salida de Cruz-Coke sin calcular la molestia gremialista. El episodio fue visto en La Moneda como un problema que estuvo a punto de desbordarse, pero que finalmente logró controlarse.

El jefe de gabinete conversa por teléfono casi a diario con Longueira y Allamand -con quienes tiene lazos de amistad- y ha actuado como una suerte de árbitro en medio de la competencia. Además, mantiene contacto permanente con los parlamentarios oficialistas, a quienes en su mayoría conoce tras sus 21 años en el Congreso. Generalmente mediante mensajes de texto, no sólo se ha encargado de coordinar diseños políticos vinculados a los presidenciables y sus campañas, sino que también suele servir de puente entre diputados y senadores y los distintos ministerios sectoriales.

En el gobierno aseguran que el 40% de aprobación que obtuvo esta semana el Ejecutivo en la encuesta Adimark ayuda a dar espaldas para ordenar al oficialismo y encarar de mejor forma el período electoral.

Sin embargo, también se asume que este escenario podría desaparecer de la agenda antes de las primarias si, como algunos calculan, la Corte de La Haya da a conocer el fallo de la contienda entre Chile y Perú antes del 30 de junio. En ese caso, cualquier otro tema pasará a segundo plano Y es impredecible la influencia del dictamen en las presidenciales.