Chile Vamos acude al Consejo para la Transparencia para solicitar antecedentes del proceso constituyente
Los diputados emplazaron al gobierno a aclarar qué ocurre con la información y opiniones que entrega la ciudadanía en la fase participativa del proceso.
Hasta el Consejo para la Transparencia llegaron esta mañana los diputados de Chile Vamos Nicolás Monckeberg (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) para solicitar antecedentes sobre la información que entregan los ciudadanos en la fase participativa del proceso constituyente.
Según explicaron los legisladores, "el fundamento de este requerimiento se basa en que de manera inexplicable, -y a juicio de éstos ilegal-, hoy el gobierno en forma exclusiva y excluyente administra información sobre todos los participantes del proceso constituyente, como asimismo las opiniones que ellos entregan".
"Este hecho es de extrema gravedad, porque en la práctica el gobierno está, sin ningún respaldo legal, construyendo una base de datos utilizando información de personas cuyo acceso es restringido, y cuyo acceso se lo niegan a toda la ciudadanía", señaló Monckeberg, tras lo cual agregó que "a esta información sólo pueden acceder autoridades de gobierno, negándole dicha información al resto de la ciudadanía. Esta es la principal demostración de que este proceso no es transparente".
"Queremos saber quién y cómo se va a utilizar esta base de datos que contiene las opiniones más relevantes de una persona, cómo van a ser utilizadas después. Le estamos pidiendo al Consejo que nos informe si es que esto es público, cualquier persona puede conocer qué piensa cada uno de los participantes o si esto debe ser reservado. Y en el caso de ser reservado, queremos pedirle al gobierno que se emita de conocer esa información", dijo Coloma.
Asimismo, sostuvo que "nosotros queremos que esta información sea pública o privada, pero que no sea ocupada por el gobierno y escondida al resto de los chilenos".
Por su parte, Monckeberg indicó que "aquí hay dos caminos, o el gobierno transparenta toda la información y la hace pública, o que las opiniones que se entreguen no estén vinculadas a ningún nombre (...) El gobierno exige la vinculación de la persona a una opinión política y eso está prohibido".
"Nos parece inaceptable que ciudadanos tengan temor de participar en los cabildos porque no saben qué van a hacer con dicha información", añadió el parlamentario.
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