Columna de Óscar Contardo: La caja chica

El control preventivo de identidad fue impulsado por la mayoría de los parlamentarios a contrapelo de los numerosos estudios que advertían justamente lo que esta semana se verificó: Que sirve de poco y nada. El proyecto unió a legisladores de izquierda y derecha en la tarea de dar la imagen de que algo se estaba haciendo para disminuir la delincuencia. Vulnerar las libertades civiles era un detalle, llevar los prejuicios de clase y raciales hasta el control policial, también. El objetivo era mostrarse audaces e implacables. Quienes apoyaron esta nueva versión de la detención por sospecha, no lo hacían con argumentos surgidos desde la racionalidad de los informes de los expertos y las experiencias internacionales, porque todo eso contradecía el objetivo. Preferían citar un refrán que no se cansan de repetir cuando se trata de suspender las libertades de aquellos que están más allá de su cuota de poder: el que nada hace, nada teme. Sembraron la idea de que quienes eran contrarios al proyecto, estaban defendiendo a los ladrones.

Así fue como lograron instalar el control preventivo de identidad. A la vuelta de un año están los resultados. Un informe de la Fundación Paz Ciudadana presentado esta semana en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, muestra que el control de identidad no resolvió su principal objetivo. El estudio asegura que "los policías privilegian los controles preventivos por sobre los investigativos" y que "los controles preventivos son menos efectivos para pesquisar órdenes de detención pendientes". Añade también que "una de las razones que justificaba la implementación de esta norma era que podría ser útil para poder pesquisar órdenes de detención pendientes. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de los casos nos damos cuenta que la norma nueva tiene la mitad de efectividad que la norma antigua". Era más importante dar la sensación de que se estaba resolviendo un problema a través de una medida efectista, de corto plazo, con una retórica tramposa, que hacerlo realmente. Es el modo en el que la mayoría de los parlamentarios ha decidido enfrentar la profunda crisis de credibilidad que enfrentan como institución: Con señales de artificio.

Parte del Congreso ha transformado su labor en una factoría de gestos sin mucho contenido que sirve como escaparate. Una especie de vitrina acicalada que se monta para mostrársela a la opinión pública, pero que termina desplomándose cada tanto cuando nos enteramos de lo que ocurre en la trastienda. El último vistazo de las bambalinas de esta semana, por ejemplo, nos ha revelado una industria fantasma de asesorías chapuceras encargadas a profesionales vinculados al partido de ocasión. Senadores y diputados pagaron por informes que eran poco más que el tijereteo de sitios de internet impreso en un par de papeles por los que se pagaba con la asignación especial de la que disponen los parlamentarios para esos efectos. Usaban dinero público para costear informes que evidentemente no leerían. Esa necesidad era una pantalla. La asignación era, a la larga, una especie de caja chica para un enjambre de allegados políticos necesitados de fondos. ¿Qué respuesta nos dieron frente al hallazgo? En el mayor de los casos, el silencio o el ataque. Con la excepción de la diputada Vallejo –que asumió su responsabilidad- la respuesta ha consistido en desprestigiar al Ministerio Público y cavar trincheras para evitar una investigación. Eso es lo que ha hecho el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier, disparando contra la fiscalía y respondiéndole con sarcasmos a la prensa. Justo en la oportunidad en la que pudo marcar una diferencia ética con su mayor contendor, demostró que en todas partes se cuecen habas.

En tanto, Andrés Zaldívar, el presidente del Senado, se ha preocupado de educarnos. Zaldívar ha sugerido públicamente que el solo hecho de rendir cuentas significa una especie de agravio para la institución. De su lógica se desprende que el buen nombre del parlamento depende de que se mantenga la opacidad en el uso que los congresistas le dan a los recursos que la ley les provee. Eso es lo que importa. El que los chilenos ahora tengan una razón más para menospreciar la labor de sus representantes políticos, alejarse de las urnas y acabar debilitando nuestra democracia, es lo de menos. Hay que proteger al club, el lugar en donde quien nada hace, nada tiene que temer.