Defensa de Chile ante La Haya costó más de $ 11 mil millones
Entre 2009 y 2013, el Estado desembolsó $ 2.240 millones anuales en abogados y viajes. Montos eran aprobados cada año por el Congreso bajo una glosa de la Difrol.
Un costo estimado de $ 11.200 millones tuvo en total la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La cifra, a la que tuvo acceso La Tercera, contempla, entre otros ítems, las remuneraciones de abogados, estudios, cartógrafos, asesorías y viajes, además de honorarios de los juristas extranjeros que representaron a Chile en el tribunal, tras la demanda por límites marítimos interpuesta en 2008 por Perú y cuya sentencia se conoció el lunes.
Según fuentes de Cancillería, anualmente, se desembolsaron $ 2.240 millones -unos cuatro millones de dólares-, desde el 2009 al 2013, montos que fueron aprobados cada año por el Congreso durante la discusión del presupuesto dentro de un programa especial de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) de la Cancillería.
Debido a que estos montos no tenían una glosa específica -como una medida para mantenerlos en reserva- no era posible determinar cuánto de dichos recursos se destinaba específicamente para el litigio.
El gasto del Estado en el proceso generó polémica a mediados de enero, cuando la tercera sala de la Corte Suprema rechazó, de manera unánime, hacer públicas las remuneraciones de los abogados defensores de la posición chilena, así como la identidad de los juristas que participaron en el proceso.
El caso llegó al máximo tribunal de justicia, tras un recurso de queja presentado en contra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había accedido a publicar la información, avalando una decisión del Consejo para la Transparencia.
Pese a la reserva en la que se mantiene esta información y a que no era explicitada al Congreso, los montos estaban sujetos a la fiscalización de la Contraloría.
La Cancillería mantiene en reserva, además, el desglose de lo que se pagó a cada uno de los abogados extranjeros contratados por Chile, luego que adquirieran con ellos el compromiso de no dar a conocer dicha información y amparándose en el dictamen de la Corte Suprema.
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