Delitos sexuales: uno de cada 10 casos termina en condena

La denuncia de una menor de edad, presuntamente violada por el líder y un integrante de una comunidad religiosa en Curacaví, es uno de los últimos delitos sexuales de alta connotación que indaga el Ministerio Público. Por estos hechos, Eduardo Cruz (54) y su hijo, Israel Cruz (27), quedaron en prisión preventiva.

Desde la Fiscalía Nacional detallan que entre 2011 y el primer semestre de este año, 39.639 agresiones sexuales contra menores fueron investigadas (ver infografía). Sin embargo, uno de cada 10 casos, es decir, 4.935 denuncias, terminaron con el responsable condenado por un tribunal. El mismo reporte asegura que el 77% de las causas termina sin una sentencia.

Patricia Muñoz, directora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, asegura que uno de los principales problemas que afrontan para lograr la condena de los autores de estos hechos "son los cuestionamientos en la participación de organismos auxiliares en relación con sus pericias".

Por este motivo, desde que asumió su cargo, el 1 de octubre pasado, se trabaja "no sólo en fortalecer la capacitación de los fiscales especializados en el ámbito de delitos sexuales, sino que también en la coordinación y capacitación con otras instituciones".

Para cumplir con este objetivo, entidades como Carabineros, la PDI, el Servicio Médico Legal (SML), el Servicio Nacional de Menores (Sename) y peritos privados trabajan en "estandarizar" criterios para entregar evidencias que permitan una sentencia.

Según Muñoz, otra de las falencias radica "en la forma en que se recaba información al inicio del caso por los funcionarios policiales, generando cuestionamientos por parte de los tribunales, y eso va haciendo más complicada la posibilidad de llegar a una condena", dijo.

Consultada por el reducido número de sentencias contra los acusados, la directiva de la Fiscalía Nacional enfatizó que "no resulta satisfactorio obtener sentencias absolutorias, pero eso es algo indudable. Eso es algo de lo que efectivamente también se tiene que hacer cargo el Poder Judicial, a través de sus jueces". Añadió que se alista un trabajo para "observar cuáles son las deficiencias que ellos, como Poder Judicial, pueden observar de nuestros casos".

Recursos y protección

El senador Patricio Walker (DC) ha seguido de cerca el incremento que han experimentado los casos de agresiones sexuales contra menores y los problemas que presenta el sistema de justicia. Según el legislador, entre las falencias que se han detectado se incluye la alta rotación de fiscales que indagan las denuncias por estos hechos.

A su juicio, entre las razones que llevan a las bajas cifras de condenas de acusados por delitos de índole sexual, radica "la dificultad para indagar este tipo de delitos, a diferencia de la violación. Segundo, la falta de incentivos para que los fiscales se queden en el Ministerio Público, ya que eso (su salida) afecta la calidad de las investigaciones. Y tercero, hay una falta de estándares científicos que sean homologables y entreguen mayor rigor científico a los peritajes".

Entre los planteamientos que ha realizado el senador Walker para mejorar los estándares de pruebas que se presentan en los tribunales, destaca la propuesta de "estandarizar los criterios científicos que permitan tener peritajes 100% confiables". En este sentido, propuso "hacer modificaciones en dos aspectos: invertir más recursos en peritajes (…) y, en segundo lugar, invertir más en Centros de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas) de la PDI, que exista uno en cada región, y que el SML atienda las 24 horas".

Rolando Melo, director nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), destacó que debido al "aumento explosivo de denuncias de de-litos sexuales, se han duplicado los cupos de atención de me-nores". Al respecto, precisó que en los últimos años se pasó de 4.200 plazas, a 8.100 cupos para atender a menores vulnerados.

"Con esto se pretende dar una atención especializada en casos de niños o niñas que han sufrido maltrato grave y abuso sexual, brindándoles reparación sicológica y social". Las intervenciones, detalló Melo, pueden durar, en promedio, entre 18 y 24 meses.

Según la comandante de Carabineros Berta Robles, perteneciente a la 25ª Comisaría de Delitos Sexuales, "una de las dificultades que enfrentamos para indagar estos casos es que muchos delitos no dejan huellas". Añadió que en este tipo de "casos es vital obtener un relato muy detallado del niño afectado".

Asimismo, la oficial enfatizó que "los padres deben estar atentos a los cambios que se presenten, pero hay que dejar en claro que no siempre un cambio conductual implica un delito sexual".