Denuncian que gobierno de facto retrasó intencionalmente misión de OEA en Honduras

<p>Según los simpatizantes de Zelaya, la razón habría sido evitar que el organismo internacional presenciara manifestaciones masivas de rechazo popular.</p>




Partidarios del Presidente derrocado Manuel Zelaya, que mantienen una tenaz oposición al gobierno de facto, afirmaron el lunes que las autoridades pospusieron intencionalmente la llegada de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para evitar que presenciara manifestaciones masivas de rechazo popular.

Sobre la carretera de esta localidad en la periferia norte de Tegucigalpa, unas 1.500 personas se acercaban a la capital hondureña, donde convergerán el martes junto a otros partidarios de Zelaya que participan de caminatas provenientes de diversos puntos del interior, las cuales comenzaron el miércoles pasado. Otra marcha simultánea culminará en San Pedro Sula.

Juan Barahona, líder del Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado, la organización que a diario desde el 28 de junio organiza y convoca protestas cotidianas contra el gobierno de Micheletti, afirmó que "los golpistas, para evitar que coincidieran las marchas de la resistencia con la presencia de la OEA, ha pospuesto la visita de la OEA".

"Nosotros, la resistencia contra el golpe de Estado, demandamos de la OEA que vengan a Honduras, a Tegucigalpa, con la venia de los golpistas o sin la venia de los golpistas. La presencia de la OEA acá es indispensable", manifestó Barahona.

Según el activista político, las autoridades del gobierno de facto "lo que están buscando es que no coincida (la visita de la misión diplomática) para que la OEA no vea la resistencia en las calles", pues el martes esperan que dos caminatas de miles de hondureños que vienen desde diferentes partes del país confluyan en la capital.

La marchas partieron hace una semana de dos puntos principales, uno en el oeste y otro en el norte, y han venido avanzando unos 15 kilómetros diarios, pasando por poblaciones en las que organizan mítines y reclutan más simpatizantes.

Los organizadores dicen que al menos 3 mil personas se han unido a cada uno de los dos grupos, pero debido a que la prensa local, en su mayoría favorable a Micheletti o autocensurada por temor a sufrir sanciones o una intervención militar, no ha mostrado imágenes ni informes que den idea del tamaño de las marchas que se aproximan.


MISIÓN DEL ORGANISMO
La OEA había programado llegar el martes a Tegucigalpa en un nuevo intento de mediación diplomática para lograr que el golpe de Estado sea revertido y Zelaya quede reinstalado en el poder, de acuerdo con un plan presentado por el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien ha fungido como mediador.

Sin embargo, el gobierno de facto canceló el domingo la llegada de la misión, en rechazo a que los cinco cancilleres designados estuvieran acompañados por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de quien consideran ha actuado sin objetividad en la crisis hondureña. Más tarde, el canciller designado Carlos López Contreras anunció que aceptaban la presencia de Insulza sólo como "observador", pero no definió la fecha en que los esperan.

En conferencia de prensa, López Contreras dijo que en las próximas horas podría anunciarse la nueva fecha para el arribo de la misión, la cual consideró que robustecerá el proceso de mediación.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno de Micheletti se ha mostrado inflexible en la condición primordial del Acuerdo de San José propuesto por Arias y que implica la restitución de Zelaya en el poder.

La OEA designó como emisarios a los cancilleres Jorge Taiana de Argentina, Peter Kent de Canadá, Bruno Stagno de Costa Rica, Kenneth Baugh de Jamaica, Patricia Espinosa de México y Carlos Morales Troncoso de la República Dominicana, así como el secretario de Asuntos Políticos del organismo, Víctor Rico, y el asesor especial John Biehl.

López Contreras cuestionó a la OEA por no haber intervenido en Honduras antes del golpe de Estado, pues consideró que el gobierno de Zelaya daba señales de alarma y muestras de que el ejecutivo se estaba encaminando hacia una "concentración del poder" y "desmantelamiento del orden constitucional".

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