Deudores del Crédito Corfo interponen demanda en contra de 25 ex ministros de Educación y Economía

Una demanda en contra de 25 ex ministros de Educación y Economía interpuso hoy en el 15º Juzgado Civil de Santiago, la "Agrupación de Estudiantes Estafados por el Crédito Corfo, para exigir una indemnización por un total de 48 mil millones de pesos por "los intereses usureros" que tuvieron que cancelar para poder financiar sus estudios.

La querella también incluye a los ex vicepresidentes de la entidad y a los funcionarios de gobierno desde el Presidente Frei hasta Piñera, debido al "error" del Estado y a la nula fiscalización que hicieron de la banca. 

20 MINISTROS DE LA CONCERTACIÓN Y ALIANZA
Se trata de ocho ministros de Educación del periodo de la Concertación: Sergio Molina Silva, José Pablo Arellano, Mariana Aylwin Oyarzún, Sergio Bitar Chacra, Marigen Hornkohl Venegas, Martín Zilic Hrepic, Yasna Provoste Campillay, Mónica Jiménez de la Jara.

En cuanto a los titulares de Economía, los afectados serían siete: Álvaro García Hurtado, Jorge Leiva Lavalle, José de Gregorio, Jorge Rodríguez Grossi, Ingrid Antonijevic Hahn, Alejandro Ferreiro Yazigi, Hugo Lavados Montes

Respecto a los ministros del actual gobierno de la Alianza, en Educación estarían involucrados tres personas: Joaquín Lavín Infante, Felipe Bulnes, Harald Beyer. En Economía, los dos ex secretarios de Estado serían Juan Andrés Fontaine Talavera y Pablo Longueira Montes.

Los restantes, son ex vicepresidentes ejecutivos de la Corfo: Felipe Sandoval Precht, Gonzalo Rivas Gómez, Oscar Landerretche Gacitúa, Carlos Álvarez Voullieme y Hernán Cheyre Valenzuela.

INDEMINACIÓN DE 600 MILLONES PARA CADA AFECTADO
El presidente de la organización, Cristian Villagrán, explicó a La Tercera que la medida busca indemnizar "con 600 millones de pesos para cada afectado por daños y perjuicios". Inicialmente, la solicitud es de 80 personas, pero se espera que se sumen más afectados.

"Miles de familias nos encontramos con una amenaza constante de que nuestros bienes sean embargados, cientos de nuestros avales y deudores directos están en DICOM, incluso muchas familias han tenido que hipotecar sus bienes para cubrir el interés abusivo que se nos cobra", consigna la declaración de los involucrados tras interponer la demanda.

El abogado que representa a los afectados, César Barra, explicó que se trata de una "demanda de nulidad de derecho público" por el presunto incumplimiento del Artículo 1º de la Constitución que obliga a los agentes del Estado a propender el bien común.

"Es un préstamo avalado por el Estado, donde los bancos no tuvieron ningún riesgo, donde los bancos se han enriquecido y donde acá el Estado actuó como un promotor para llevar clientes a los bancos", denunció el jurista.

Para la próxima semana, comentó Villagrán, se espera que la agrupación exponga la situación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, así como en la Educación en el ex Congreso, con el fin de buscar soluciones para las más de 106 familias afectadas con el crédito.