Diputados de oposición piden revisar promesa de ampliar la gratuidad al 60% más vulnerable

Con nuevos cuestionamientos siguió ayer la discusión de la reforma a la educación superior en la Comisión de Hacienda de la Cámara. De manera transversal, los parlamentarios preguntaron al Ejecutivo por qué se debe dejar "amarrado" el presupuesto del país, de futuros gobiernos, para aumentar la cobertura de la gratuidad.

Este conflicto se dio porque la fórmula del Ejecutivo para avanzar en esta política pública contempla pasar del quinto al sexto decil de ingresos en 2018 y, posteriormente, a medida que se cumplan ciertos "gatillos económicos" extenderla a las familias más ricas. En síntesis, llegar a la gratuidad universal dependerá de que aumente la recaudación fiscal según el crecimiento económico.

En este contexto, ampliar el beneficio en 2018 al sexto decil (que incluye a familias con ingresos per cápita de entre $ 151.000 a $ 187.000) involucraría una inversión adicional de $ 217.000 millones, es decir, US$ 327 millones. Así, a los 257.000 alumnos beneficiados este año se sumarían otros 90.000 el próximo. Principalmente, desde la oposición y los independientes aseguraron que este es un costo que hay que analizar.

"Aprobar este proyecto así es una absoluta irresponsabilidad. La gratuidad no debiera crecer más allá del 50% más vulnerable de la población. Para el resto debe haber un sistema solidario de becas y créditos", dijo el diputado independiente José Manuel Edwards, quien explicó que "el gobierno de la Presidenta Bachelet está dejando tremendamente endeudadas a las próximas administraciones. Son tantos los compromisos que ha tomado, y no sólo en educación, que el próximo gobierno para solventarlos va a tener que endeudarse en US$ 400 millones adicionales".

Los parlamentarios de Chile Vamos cuestionan que se amplíe la cobertura actual y que, posteriormente, se pretenda alcanzar la gratuidad universal. Patricio Melero (UDI) aseguró que, personalmente, respalda la propuesta del candidato presidencial Sebastián Piñera. "Como lo ha planteado el ex Presidente Piñera, creo en una cobertura de la gratuidad que llegue hasta el 50% más vulnerable y después proponemos que existan ayudas como becas hasta el 70% de menores ingresos", dijo Melero, quien añadió que "financieramente eso es lo que el país puede enfrentar".

En tanto, el diputado Jaime Bellolio (UDI) dijo estar de acuerdo con que la gratuidad cubra hasta el sexto decil, pero dijo que "ahí hay que detenerse y considerar créditos solidarios".

Para Felipe de Mussy (UDI), el límite de cobertura de la gratuidad debe pasar por un análisis profundo: "No se trata de decir 'lleguemos al 50% y no más allá'. Hay que pensar qué hacemos con el resto de deciles si la gratuidad se mantiene en el 50% o 60% más vulnerable. Tenemos que proponernos que ningún joven no pueda estudiar por falta de recursos", señaló De Mussy.

Al respecto, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que "la Presidenta Bachelet hizo un compromiso de que en su gobierno iba llegar al sexto decil y lo que se está haciendo es cumplir ese compromiso".

Los parlamentarios, además, cuestionaron la fórmula propuesta por el gobierno para avanzar a la gratuidad universal. "No logro entender qué hace que amarremos al futuro decisiones que les corresponden a los gobiernos del futuro", dijo el diputado independiente (ex PPD) Pepe Auth.

El parlamentario añadió que la fórmula implica "hipotecar" parte de las futuras decisiones de los gobiernos que, en 10 años más, podrían tener otras prioridades relacionadas, por ejemplo, con los adultos mayores o las enfermedades crónicas. "Quiero entender la lógica de amarrar un 15% de los recursos futuros del país a este objetivo", criticó.

Misma visión tiene Melero, quien agregó que la fórmula de financiamiento queda muy condicionada al crecimiento económico del país y cuestionó que se deje "amarrado" este compromiso a los futuros gobiernos que, de no cumplir, "puede generar reclamos de parte de quienes sienten que llegar a un determinado porcentaje de gratuidad es una suerte de derecho adquirido".

Por otro lado, hay diputados oficialistas que sostienen que el proyecto es muy caro y que se debería abaratar. Uno de ellos es Marcelo Schilling (PS), quien indicó que la iniciativa obedece a intereses corporativos y que no vela por los intereses generales del país. "Debería haber una separación de las instituciones, las privadas sin aporte fiscal, con derecho a lucro, pagando impuestos, y el que se quiera matricular en ellas, allá él", dijo el parlamentario socialista.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respondió a estas críticas: "Chile ahora no tiene la capacidad para llegar a la gratuidad universal. Alcanza para el 60% de la población más vulnerable el próximo año y un calendario (con fechas exactas) amarra mucho más a los próximos gobiernos que los gatillos que estamos proponiendo", dijo.