Director de la PDI asegura que la institución ha colaborado con la investigación fiscal

<p>Arturo Herrera descartó expulsar a los detectives vinculados a  una red de prostitución infantil, hasta que no se acredite su responsabilidad.</p>




Por más de una hora se extendió la reunión que sostuvieron esta tarde el director nacional de Investigaciones, Arturo Herrera con el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, a raíz del escándalo que vincula a detectives con una red de prostitución infantil en Valparaíso.

A la salida del encuentro, realizado en el Palacio de La Moneda, Herrera explicó que la situación que implica a los funcionarios es grave, pero aclaró que la institución siempre colaboró en el esclarecimiento de los hechos. "Eso de ser formalizados lo dictamina el fiscal de acuerdo a los antecedentes que se le van aportando en el tiempo" y agregó que la PDI entregó la información "en la medida que él (fiscal) los fue pidiendo y nosotros hemos aportado los antecedentes a la fiscalía".

Frente a la versión de que se omitieron antecedentes del caso, Herrera dijo que "hay poca claridad del tema, el fiscal va a recibir nuestras explicaciones pero ahí no hay ningún error".

El director de la PDI explicó que por ahora los funcionarios implicados no han sido suspendidos y si se acredita alguna responsabilidad en el sumario administrativo se tomarán medidas.

"Yo voy a esperar hasta poder tener antecedentes y evidencias que demuestren efectivamente que hay un delito para poder darlos de baja de la Policía de Investigaciones, tal como ha sido la línea nuestra de tolerancia cero contra este tipo de actuaciones y esperamos que podamos conseguir las evidencias suficientes para darlos de baja", declaró Herrera.

Más temprano, el jefe del Ministerio Público de la región de Valparaíso, Jorge Abbott designó al fiscal Pablo Avendaño para investigar en calidad de preferente los vínculos entre detectives con una red de prostitución infantil.

La información fue confirmada por el propio Avendaño, quien sustancia la indagatoria por amenazas de muerte interpuesta, en 2007, por una de las víctimas de la red que dirigía Carlos Parra apodado "El Charly".

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