Directora del INDH: "No existe terrorismo en Chile, y no hay terrorismo en La Araucanía"

Desde que asumió como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en julio de 2010, Lorena Fries ha seguido con atención los más de 15 procesos judiciales que se enmarcan en el llamado conflicto mapuche. A su interés por el estado de los comuneros indígenas imputados por hechos de violencia en la zona, la abogada suma una preocupación que no oculta: la aplicación de la Ley Antiterrorista.

A horas de leerse la sentencia contra Celestino Córdova Tránsito (27), culpable del incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, la representante del organismo de derechos humanos aclara que en la llamada "zona roja" de La Araucanía no existe el terrorismo.

¿Qué opina de aplicar la Ley Antiterrorista en esa zona?

Mientras no se reforme la Ley Antiterrorista, nos parece que no se debe aplicar, porque no da garantías del debido proceso. Y, además, porque (...) creemos que no existe terrorismo en Chile, y no existe terrorismo en La Araucanía. Esto no quiere decir que pueda llegar a constituirse en algún futuro. Lo que planteamos es que el diálogo y la política tienen que poner fin a la situación de conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche.

En el reciente juicio contra Celestino Córdova, el tribunal calificó como terrorista el ataque al fundo de la familia Seco Fourcade. ¿Cómo puede entenderse esa afirmación de la justicia?

Existe un clima de violencia, un clima volátil que tiene como base un Estado que ha sido ineficiente en resolver los problemas, tanto del pueblo mapuche como de los residentes de la región, y que los lleva a conflictos entre ellos. El responsable es el Estado, y, por lo tanto, tiene que dar soluciones. Son soluciones políticas, tanto respecto de las reivindicaciones del pueblo mapuche, de tierra y políticas, como a la demanda de seguridad que hacen los residentes que se han visto afectados por los actos de violencia en la zona. Lo hemos dicho: es el Estado el que tiene una deuda con los habitantes de La Araucanía, y en particular con el pueblo mapuche.

En enero de 2013, en La Araucanía, fue asesinado un matrimonio en Vilcún. ¿Para usted eso no es terrorismo?

Eso tiene que ver con que el tribunal no logró armarse la convicción de que en el caso de Celestino Córdova hubo terrorismo. Pero no se ha terminado el juicio, aún quedan acciones (legales) y hay que ver qué va a pasar en otras instancias.

La Ley Antiterrorista permite, entre otras cosas, usar testigos protegidos. ¿Cómo evalúa este punto?

Es peligroso. Por eso hemos dicho que si bien en la legislación internacional existe esta figura (testigos protegidos) en relación a actos terroristas, la verdad es que también hay ciertos requisitos que se deben cumplir y tienen que ver con poder entregar igualdad de herramientas tanto al Ministerio Público como a la Defensoría para que se cumpla un juicio justo (...). A eso sume que no hay sanción para aquellos que, en su calidad de testigos protegidos, digan cuestiones que no son verídicas. Entonces se produce un incentivo perverso, que puede  tergiversar lo que es el debido proceso.

Según la fiscalía, desde el año 2000 se ha configurado en 11 ocasiones el delito terrorista. ¿Eso significa que no existe en la zona?

Está claro que la Ley Antiterrorista es una herramienta deslegitimada, y no sólo por lo que ha dicho el INDH. También se ve en otros actores políticos. Y creo que nos acercamos a la posibilidad de reformarla, lo que hace tres años no tenía piso y hoy pareciera que viene de los propios jueces.

¿Cómo ve el rol de los tribunales frente a estos casos?

Hasta donde se ve, los jueces en el ejercicio de su labor no logran armarse convicción respecto de actos terroristas donde se vean involucradas personas del pueblo mapuche. En su mayoría los casos terminan en delitos comunes o con la absolución, después de que el imputado pase años en la cárcel. Eso nos dice que la Ley Antiterrorista resulta compleja en su aplicación para los propios jueces.

¿Qué debería pasar con esta ley?

Incluso con las reformas que se hicieron en 2010 a la ley, todavía no cumple con estándares internacionales, sobre todo en materia del debido proceso. Por lo tanto, hemos solicitado modificarla. No planteamos su derogación, pero sí su reforma, de manera de hacerla compatible con el ejercicio de derechos humanos, del principio de inocencia y del debido proceso.