Docentes piden abrir sumario en U. de Chile para aclarar pagos a corporación privada

El caso de la Fundación de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile que investiga el Ministerio Público por el uso de contratos falsos para retirar $ 270 millones desde la entidad, entre 2011 y 2012, generó preocupación en la casa de estudios por eventuales desvíos de recursos públicos. Sin embargo, podría no ser un caso aislado. Hace poco más de un mes, las alertas se encendieron en el Instituto de Asuntos Públicos (INAP), también perteneciente a la Universidad de Chile,  donde surgió una situación que tiene intranquilos a profesores y estudiantes.

El 19 de agosto pasado, dos profesores y el presidente del Centro de Alumnos pidieron al director del INAP, Hugo Frühling, abrir un sumario administrativo. Esto luego de recibir un mail anónimo que incluía un informe realizado sobre la base de datos públicos en los que se apunta a una corporación de derecho privado, llamada Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAP), y que ofrece diplomados a través de la página web del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC), que pertenece al INAP. El punto es que estos servicios serían costeados por la universidad, pero el arancel de los cursos se pagaría a la cuenta corriente de la corporación. También se denuncia la adjudicación por parte de CAP de una serie de proyectos de gobierno que serían costeados con dinero de la casa de estudios.

En su petición formal, el profesor Cristián Pliscoff  justifica la necesidad de un sumario en el INAP debido a "la aparente gravedad de la información que me han hecho llegar" y para "dilucidar la efectividad de los hechos denunciados".

Del mismo modo, la académica Verónica Figueroa, en su escrito, solicita "la instrucción de un sumario administrativo para dilucidar una serie de hechos que ponen en cuestionamiento la vinculación entre la Corporación Centro de Análisis de Políticas Públicas con el Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile (...) está la posibilidad de que exista daño al patrimonio institucional".

En el mismo correo, la académica adjuntó el documento que denuncia las presuntas irregularidades y señaló que "dicho informe debe ser analizado e investigado y aclarar así las dudas que origina".

Actividades de la entidad

La directora ejecutiva de la Corporación CAP es Alejandra Mohor, quien a su vez es investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) dependiente del INAP. La dirección informada en la página web de la entidad privada (www.corporacioncap.cl) es Diagonal Paraguay 265 oficina 1303, correspondiente a la Torre 15 de la Universidad de Chile. Sin embargo, al consultar en ese domicilio a personas que trabajan en el lugar, negaron que ahí funcionara la corporación.

En la página web del CESC de la U. de Chile están publicados los datos y la cuenta bancaria de la corporación con el objetivo de  recibir pagos de diplomados impartidos por el centro de estudios (ver documento). El arancel promedio de cada uno de estos cursos es de $ 400 mil. En la misma web se identifica a las personas que trabajan en estos diplomados como coordinadores y tutores, quienes a la vez son remuneradas por la casa de estudios, según la página de transparencia de la U. de Chile.

Al respecto, Adrián Medel, presidente del Centro de Alumnos del INAP, quien también pidió la apertura de un sumario, dijo que "recaudan dinero a través de la Corporación CAP de derecho privado que no es parte de la universidad, ofreciendo cursos y ganando fondos a través de los servicios del CESC que depende del INAP. Aún nadie sabe dónde se han destinado las platas ganadas. Se ha estado usando la universidad para beneficios privados. Exigimos que se audite a esta corporación y que la fiscalía investigue dónde se han destinado las platas".

En la misma línea, la profesora Figueroa indicó que "es necesario responder cuál es la relación de la corporación con el INAP, por qué se realizan actividades académicas por esa instancia, cuál ha sido el criterio para ello y si es que existe una cuenta privada para recepcionar dineros de diplomas que se dictan a través de la Universidad de Chile,  cuál es la razón para ello".

Además de ofrecer diplomados, la Corporación CAP se ha adjudicado diversos proyectos de gobierno. Uno de ellos fue "Sistematización e identificación de lecciones aprendidas en la intervención con la población reclusa femenina", perteneciente al Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del año 2014, y cuyo valor ascendió a $ 42 millones, según la resolución exenta N° 1690 de la subsecretaría.

A ello se suma que el proyecto fue realizado por un equipo de investigadores que, de acuerdo a la web de transparencia de la U. de Chile, son remunerados con el presupuesto de la INAP.

Según la respuesta vía Ley de Transparencia N°287/2016 del 22 de junio pasado, de la Unidad de Gestión de la Información Institucional de la U. de Chile, "la Corporación CAP no integra la estructura orgánica de la Universidad de Chile, ni pertenece a la administración de Estado, por lo que no resulta factible entregar por esta vía (...) información propia del ámbito interno de la gestión y administración de la corporación".

Versión de la corporación 

Alejandra Mohor, directora ejecutiva de la Corporación CAP, señaló a La Tercera que no puede entregar ninguna información respecto de la situación "puesto a que hay una investigación en curso. El lunes (hoy) se entregan los antecedentes a la Vicerrectoría Económica".

Sin embargo, señaló que "quienes han hecho estas acusaciones han establecido asociaciones entre hechos que son absolutamente espurios, sin ninguna base y que están mancillando no solo a la Universidad de Chile, al Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, sino que a personas que estamos vinculadas a ambos también".

Respuesta institucional 

Luego de recibir la petición de abrir un sumario por parte de docentes y estudiantes, el director de INAP comunicó la situación -mediante el oficio N°172/2016- al vicerrector Económico, Enrique Manzur, "a objeto de que usted determine el curso administrativo a seguir". Manzur "sugirió" a Frühling, según el oficio n.° 338 del 29 de agosto pasado,  "abrir un proceso de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar un procedimiento, en este caso, sumarial".

Desde la  dirección del INAP emitieron una declaración pública en respuesta a la situación. "Recientemente ha circulado un correo de carácter anónimo en donde se acusan supuestas irregularidades entre el INAP, el CESC y la Corporación Centro de Análisis de Política Pública. El documento se basa en una selección de informaciones parciales tomadas de bases de datos de dominio público, y no identifica responsable alguno de las acusaciones. Al respecto (...) desde fines de agosto se está realizando una recolección de antecedentes del caso cuyos resultados emanarán en un plazo breve".

Agregaron que "como institución reiteramos nuestro compromiso con la probidad y el uso responsable de los recursos públicos, y velaremos para que el procedimiento siga los canales adecuados con el rigor".