Dolmestch dice que es muy "grave" la facilidad con que se intervino el celular de Zaldívar

Fue cuando la fiscalía estaba monitoreando los pasos del empresario Álvaro Jofré, en medio de un caso de presuntos tráfico de personas y cohecho, en que se encontraron con llamadas del presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC). Las conversaciones entre ambos despertaron el interés del Ministerio Público, que decidió indagar al parlamentario y realizar escuchas telefónicas, medida que fue criticada hoy por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía Centro Norte, en un escrito que pedía al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ampliar el periodo de la intervención telefónica al senador, Zaldívar es indagado en calidad de imputado en la causa. En este proceso se investiga la internación de 32 ciudadanos chinos y las supuestas gestiones que el parlamentario habría hecho para la tramitación de sus visas. Además, en las llamadas se dio a conocer que le envió un correo con una terna al subsecretario de Justicia, Nicolás Mena.

Al respecto, Dolmestch, consultado sobre los reclamos de los parlamentarios por la realización de una escucha telefónica a la máxima autoridad de la Cámara Alta, señaló que "los parlamentarios no se exceden en eso (en sus reclamos). Esto es muy grave y tendrá que saberse por qué se investiga y se interviene con relativa facilidad el teléfono del presidente del Senado, eso lo encuentro de una importancia y delicadeza grande". Agregó que "si hubiera delitos como se plantean, el Ministerio Público tiene el deber de investigar, pero también es grave que se soliciten y se decreten medidas intrusivas si no hay ningún antecedente, si eso fuera así".

Sin embargo, la diligencia desarrollada por la fiscalía fue defendida desde el ente investigador. La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, señaló que "no existen limitaciones a la labor de investigación que tiene que realizar el Ministerio Público, que por lo demás es un deber de carácter constitucional". Sin embargo, la persecutora agregó que la filtración de los antecedentes desde el tribunal perjudicaron la investigación. Sobre ese punto, Dolmestch manifestó que la Corte de Apelaciones de Santiago pidió un informe y que en el tribunal se abrió un sumario.

Sobre la pertinencia de la diligencia que se aplicó a Zaldívar, el presidente del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, manifestó que "el trabajo de la fiscalía tiene que ser el mismo para todas las personas, o sea, cualquiera que haya cometido un delito tiene que ser investigado".

Hasta ahora, las reacciones políticas han apuntado a defender a Zaldívar. En ese contexto, el electo senador (PS) por Arica José Miguel Insulza dijo en Radio Agricultura que "la fiscalía está actuando solamente para crear alarma pública, para crear una situación de crisis que no existe. Aparentemente, los fiscales solo ven los grandes crímenes, buscando notoriedad, no se revisan los delitos, los robos".

En esa misma línea, el presidente de la Cámara, el diputado Fidel Espinoza (PS), manifestó que "ha habido medidas adoptadas por el Ministerio Público que han excedido absolutamente los principios que se deben tener, como es el resguardo a la privacidad. Aquí el senador ha hecho alguna llamada como lo hace el 90% de los parlamentarios".

Quien marcó distancia de sus pares fue el diputado independiente René Saffirio: "En la vieja escuela de la política parlamentaria eso era normal, hoy es inaceptable, nadie puede en un estado de derecho, en que hay separación de poderes, enviar un correo pidiendo que se tenga presente la preferencia de una determinada persona para cualquier cargo, creo que tenemos que actuar más rigurosamente".

En tanto, Paula Narváez, ministra vocera de gobierno, fue enfática en señalar que en democracia las instituciones sirven "para darles garantías a todos los ciudadanos, independientemente de quién se trate -un ciudadano de a pie o el presidente del Senado-, de que existen los debidos procesos".