Duterte aplaza su guerra contra las drogas para "limpiar" la Policía filipina

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, suspendió temporalmente su "guerra contra las drogas" para centrarse en eliminar la corrupción policial tras el asesinato de un surcoreano en el cuartel general de la Policía Nacional.

"Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la limpieza interna, y cuando se solucione el problema, el Presidente nos ordenará que volvamos a la guerra contra las drogas. Pero de momento, no más operaciones antidroga", afirmó hoy el jefe de la Policía, Ronald dela Rosa, en un discurso en el cuartel de Campo Crame en Ciudad Quezón.

Dela Rosa realizó el anuncio después de que el domingo Duterte reconociera que la Policía filipina es "corrupta hasta la médula" y prometiera enfocar sus esfuerzos en "limpiar" la institución llevando a cabo una investigación exhaustiva para señalar a los agentes implicados en actividades ilegales.

El presidente aprovechó, no obstante, para asegurar que tras la limpieza de los cuadros policiales la "guerra contra las drogas" se prolongará hasta el final de su mandato en 2022 y no solo por un año como había planeado anteriormente.

Desde que Duterte llegara al poder en junio de 2016 su campaña ha provocado más de 7.000 muertes de personas presuntamente vinculadas a los estupefacientes, de las que 2.527 han sido a manos de los agentes en supuestos enfrentamientos con los sospechosos, según datos de la semana pasada.

El nuevo anuncio llega a raíz del escándalo generado tras destaparse el caso de Jee Ick-joo, un empresario surcoreano asesinado hace tres meses.

El pasado 18 de octubre varios individuos -entre ellos al menos un policía- se llevaron a Jee y a su asistenta del domicilio del primero radicado en la ciudad de Angeles, situada a unos 100 kilómetros al norte de Manila, en una supuesta operación antidroga.

Ambos fueron trasladados a Campo Crame, donde liberaron a la asistenta, pero el surcoreano fue estrangulado ese mismo día, según la investigación.

La viuda, Choi Kyung-jin, aseguró que los secuestradores le pidieron un rescate por liberar a su marido haciéndole creer que estaba vivo.

El caso, cuya investigación en el Senado comenzó el pasado jueves, ha generado una gran polémica al mostrar el clima de impunidad creado por la campaña antidroga del presidente filipino.