El bajo impacto de la Ley Unica de Fondos en la regulación de los grandes patrimonios

Marginal ha sido el efecto de la Ley Unica de Fondos (LUF) en la regulación de los denominados multi family office (MFO), firmas que se dedican a asesorar los grandes patrimonios del país y que hace casi un año comenzaron a ser fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

A la fecha, sólo seis de esas oficinas de asesoramiento se han registrado en la SVS, luego que en mayo de 2014 el regulador especificara la LUF a través de la emisión de la Norma de Caracter General (NCG) 343, disposición  que dotó de un marco legal a estas empresas y les fijó ciertas obligaciones, entre ellas, estados financieros auditados, idoneidad y conocimientos para la gestión de recursos, un patrimonio mínimo de 10 mil UF y garantías del mismo.

Se trata del primer registro público de este tipo de compañías, aunque diversas estimaciones de actores de esta industria cifran la cantidad de MFO operando en 100.

"La administración de carteras es un mercado muy amplio, en el que compiten un gran número de grandes agentes (como bancos y corredores de bolsa) y varios pequeños y nuevos, como los MFO, que son los únicos realmente independientes", dice Patricio Cortés, director ejecutivo de Pronostica. "La estimación para Chile es que hay unas 10.000 personas con un patrimonio líquido (disponible para inversiones) sobre US$ 1 millón, que son el target de todas estas empresas", agrega.

Los MFO aparecieron en el extranjero en la década de los noventa. En Chile, sin embargo, no fue hasta el 2000 que comenzaron a operar los primeros asesores de grandes fortunas. Primero llegaron los single family office (SFO), oficinas que asesoran a una sola gran fortuna, como Stars, de Felipe Ibáñez; Drake, de su hermano Nicolás Ibáñez; Megeve, de Reinaldo Solar; Devon, de Jean Paul Luksic; o Porto Seguro, de Eliodoro Matte. Luego, aparecieron los MFO, como Octogone, Globalfolio y Portfolio Capital, que asesoran a varias familias al mismo tiempo.

Este tipo de asesores de altos patrimonios, SFO y MFO, son los intermediarios de sus clientes con corredoras de bolsa, administradoras de fondos, bancos y reguladores, entre otros. Con ellos, negocian comisiones, analizan oportunidades de inversión y cualquier otro tramite que tenga que ver con la gestión de los recursos de sus clientes. Dada la importancia de sus funciones, el gobierno se propuso registrarlos y someterlos a algunas exigencias con la LUF.

Aunque mínimas, como patrimonio base, nombre de los controladores y estados financieros auditados, esas exigencias no son bien vistas por parte de esta industria, pues según dice el gerente de Inversiones de un MFO, encarecen la gestión. "Pagarle a una auditora para que revise mis estados financieros, ya es un costo extra", plantea.

Con todo, la LUF (que también reguló a los fondos de inversión) y la NCG 343 no obligan a ser sujeto de regulación a todas estas firmas. De ahí el bajo número de registrados, dice un funcionario de la SVS.

Entre los que sí tienen la obligación están los que administran carteras para más de 500 clientes, o quienes gestionan recursos de 50 o más clientes que no sean integrantes de una misma familia, por un monto total superior a las 10 mil UF, independiente de si las inversiones se encuentran a nombre del cliente.

Esas condiciones dejan fuera de la regulación de la SVS a los SFO y a varios MFO, aunque no del Servicio de Impuestos Internos (SII). "Sin perjuicio de lo anterior, y atendido a que el perímetro de supervisión del SII es muchísimo más amplio que el de la SVS, todos los contribuyentes quedan bajo el alero de sus potestades y, por ende, sujetos a su fiscalización, regulación y control en materias tributarias", explican desde el ministerio de Hacienda.