El plan del gobierno para rescatar el reajuste del sector público

Intensamente y contra reloj, La Moneda y Hacienda afinan una nueva estrategia para presionar a la oposición y así aprobar uno de los proyectos de reajuste del sector público más polémicos de los últimos años. Tras una serie de recriminaciones entre el gobierno y la Concertación por el rechazo a la idea de legislar sobre el proyecto en la Cámara de Diputados esta semana, el Ejecutivo hará mañana un nuevo intento por aumentar el salario a partir de diciembre para casi 600 mil empleados de la administración pública. Si todo aquello falla, en La Moneda ya están preparando un nuevo plan.

El Ejecutivo decidió reingresar este lunes al Senado el proyecto original con un reajuste de 3,7% y el explícito compromiso de aumentarlo a 4,2%  durante su posterior tramitación en la Cámara de Diputados. Y si bien los números en juego son los mismos que provocaron el primer rechazo de la oposición, esta vez el gobierno cree que la Concertación no se arriesgará a pagar el "costo político" de dejar a los funcionarios públicos sin reajuste ni aguinaldos.

"El lunes ingresaremos el proyecto al Senado. Legalmente tenemos que ingresar el mismo (reajuste); es decir, un 3,7%", adelanta a La Tercera el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Costo político

Al momento de rechazar al proyecto en la Cámara, los diputados de la Concertación argumentaron que el reajuste propuesto por el oficialismo era "mezquino" e insistieron en solicitar un aumento cercano al 5%. "El costo político lo tiene que asumir la parte que se niega a conversar del tema. El gobierno quiere que haya reajuste, que haya aguinaldo de Fiestas Patrias, que haya bono de invierno para los jubilados. Pero nosotros no tenemos mayoría en el Congreso", admite Larraín, quien precisa que se necesitan los votos de 26 senadores para aprobar la idea de legislar en la Cámara .
"Si la Concertación se niega a legislar en el Senado, el costo político es enorme (...) Apelo a todos los senadores de la Concertación, independientes, sin distinción. Si ellos rechazan la idea de legislar, no hay reajuste para el sector público, ahí se acaba", advierte el jefe de las finanzas públicas.

Larraín asegura que si ahora el proyecto salta la valla del Senado, la iniciativa vuelve a manos de los diputados. "Para rechazar la idea de legislar en la Cámara se necesitan dos tercios, si no sucede aquello, empieza la discusión en particular y el gobierno se compromete desde ya a reponer la indicación para llegar al 4,2% de reajuste", explica el ministro.

SIN AUMENTOS
Pero si bien Larraín no desecha de plano la posibilidad de aumentar más el techo del reajuste durante la discusión en la Cámara, asegura que el gobierno ya hizo "un esfuerzo muy importante dentro del marco de la responsabilidad". Una alta fuente de La Moneda va más allá y dice que el gobierno no se "moverá" del reajuste de 4,2% y que el proyecto debiera ser aprobado la próxima semana.

La Concertación, sin embargo, insistirá en su posición. El senador y presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, es partidario de un alza de 5%, al igual que el diputado DC Pablo Lorenzini.
"Si bien el costo político de que no haya reajuste puede atribuirlo (el gobierno) a la Concertación, lo cierto es que cuando no haya bonos durante todo el próximo año, el costo político va a ser más grande para el gobierno", alerta Lorenzini. Los jefes de partidos del conglomerado opositor definirán este martes su posición final sobre cómo enfrentar el plan desplegado del gobierno.

DESPIDOS
La sensación que existe en el oficialismo es que algunos senadores concertacionistas podrían estar proclives a votar a favor de la idea de legislar. Incluso, estos mismos senadores habrían calificado en privado como "un error político" el rechazo de la coalición opositora al proyecto, según las autoridades que han estado en las negociaciones. "Me sorprendió a mí y también a los propios senadores de la Concertación que se rechazara la idea de legislar", asegura Larraín, sin dar nombres.

De todas formas, en algunos sectores concertacionistas esperan que en el marco de las negociaciones por el reajuste, el gobierno también revise algunos casos de  desvinculaciones en el sector público.  Y si bien en este punto Larraín dice que hay casos que podrían revisarse si se justifica, afirma que no es posible tratarlo al alero del proyecto de reajuste. "No hay que mezclar peras con manzanas", sostiene.

EL PLAN B
Pero el gobierno tiene bajo la manga un nuevo y audaz proyecto para concretar el reajuste a los empleados públicos si la iniciativa no es aprobada en el Congreso. La misma fuente de Palacio afirma que se ha solicitado la opinión de algunos abogados constitucionalistas para conocer la viabilidad de un proyecto que establezca negociaciones sectoriales o por ministerios y no centralizada como es en la actualidad. "Es una innovación muy fuerte, pero estamos viendo la viabilidad", reconoce la autoridad.

Pese a que no se puede insitir con una iniciativa que ha sido rechazada, sino hasta un año después, La Moneda estima que este proyecto, por tratarse de un cuerpo legal diferente al que ingresarán este lunes, no tendría problemas para ser enviado al Congreso. Pero, además, dicha opción tiene buena acogida al interior del gobierno, ya que a su juicio entregaría flexibilidad a las negociaciones en el sector público a futuro.