El prontuario del adolescente que revela las fallas del sistema

Seis condenas por receptación, dos sentencias por asaltos a casas, un robo con intimidación, otra por hurto y una sustracción de vehículo, son parte del nutrido prontuario que registra el menor de iniciales K. M. R.

Con 17 años, este adolescente se ha transformado "en un delincuente avezado, que ya no actúa como un menor de edad", asegura el mayor Amador Núñez, jefe de la 33ª Comisaría de Ñuñoa.

Esta unidad ha recibido al joven en, al menos, 22 ocasiones. Una de sus últimas detenciones ocurrió el 26 de marzo pasado. En esa oportunidad, esposado y vigilado por tres policías, el menor gritó: "¡Igual voy a seguir robando. Soy yo, el Kevin. Igual voy a seguir robando!", antes de subir a un radiopatrullas. Y lo cumplió.

La tarde del domingo reciente, el menor fue sorprendido en avenida Guillermo Mann, Ñuñoa, manejando un automóvil con encargo por robo. Al ser fiscalizado, detalló el mayor Núñez, "intentó embestir a los carabineros". Sin embargo, en su frustrado escape chocó contra una barrera y de todos modos terminó detenido. Por estos hechos, ayer, el adolescente fue imputado por amenaza contra Carabineros y receptación de vehículo robado.

Al analizar sus antecedentes, el tribunal constató que no se trataba de nada nuevo: acumulaba más de cinco años de condenas bajo la modalidad de libertad asistida y la orden de someterse a un plan de intervención individual, ambas medidas dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename).

El joven también apuntaba cinco sentencias -por 230 horas- para realizar actividades en beneficio de la comunidad, de las cuales no había cumplido ninguna, por lo que en su contra -hasta ayer- regían seis órdenes de detención. Sin embargo, la discusión en el tribunal sobre K. M. R. trascendió al hecho mismo de este menor y recordó las ya emblemáticas causas de adolescentes formalizados, como el "Cisarro", "Loquín" y "Byron", que dejarían en evidencia las falencias del sistema judicial y de reinserción para jóvenes infractores.

CRÍTICAS AL SISTEMA

Según los registros del Poder Judicial, la primera detención de K. M. R. ocurrió en septiembre de 2010, cuando tenía 13 años.

De acuerdo con los mismos registros, entre 2010 y 2014, K.M. R. acumula 29 causas por delitos que van desde el hurto y amenazas, hasta el robo con intimidación y de cajeros automáticos.

Con estos antecedentes a la vista, la magistrada Tania Boutaud aseguró ayer que aun cuando "se han decretado infinitas audiencias en relación al plan de intervención (del menor imputado), nunca se ha hecho nada".

Según la jueza Boutaud, "las seis órdenes de detención que tiene (vigente) permiten, evidentemente, al tribunal determinar que no tiene voluntad de participar de estos procedimientos".

Sin embargo, pese a los antecedentes penales del detenido, la fiscal Patricia Fuentes sólo se limitó a pedir su arresto domiciliario. Según la persecutora, la petición se fundamenta en que "estamos impedidos, por el marco legal, de solicitar una medida cautelar de mayor intensidad, como es la internación provisoria, que es el equivalente a la prisión preventiva para los adultos". Agregó que, "desgraciadamente, aún tiene 17 años y no es mucho lo que podemos hacer".

El senador Felipe Harboe (PPD) y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, aseguró que "Kevin y 'Cisarro' son casos emblemáticos del fracaso de nuestro sistema de rehabilitación. Hemos avanzado mucho en materia procesal, pero muy poco en la rehabilitación y sistema de cumplimiento de condena".

VERSIÓN DEL SENAME

Según el Sename, para reducir la tasa de reincidencia en adolescentes  e incumplimiento de condenas, una de las claves tiene que ver con la especialización del sistema judicial: principalmente, de jueces y fiscales.

Ricardo Véliz, coordinador de la unidad de justicia juvenil de esta repartición, dijo que la solución "se relaciona con la especialización del sistema en general. Si no tenemos judicatura especializada ni fiscales especializados, los sistemas de justicia juvenil no van a dar resultados positivos". El profesional indicó que "la Defensoría tiene abogados especializados, pero con poco personal para lo que es esa carga de trabajo".

Respecto de casos como el de K. M. R., Manuel Guzmán, jefe (S) del departamento de justicia juvenil, sostuvo que "estas situaciones no son masivas, pero tienen impacto social". Sobre la reincidencia de los menores que llegan al Sename, Guzmán detalló que, "según nuestro estudio de 2013, con datos registrados desde 2011, tenemos un 49% de reincidencia en todo el programa". Para mejorar el índice, Guzmán dijo que se intervienen tres ejes centrales: educación, capacitación e inserción social. "Se hacen planes individualizados, para que cumplan la medida del tribunal de la mejor forma posible".

Véliz agregó que "nosotros nos preocupamos (de que el menor) reciba un diagnóstico pormenorizado de lo que se requiere para él. Este es el segundo año de implementación formal del plan, en el cual en dos meses le hacemos una completa evaluación". A fin de año se hará el primer balance de esta iniciativa.