Embarazo tras las rejas

La noticia de que Lorenza Cayuhán -comunera mapuche condenada a cinco años y un día por un robo con intimidación- tuvo a su hija mientras estaba engrillada en una clínica de Concepción generó un intenso debate en Chile.

Manifestaciones en las calles y mensajes llenaron las redes sociales. Incluso, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo a favor de la mujer y determinó que se habían vulnerados sus derechos.

En enero, los senadores Jaime Quintana (PPD) y Alejandro Navarro (ind.) presentaron un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal para que las medidas de prisión preventiva en embarazadas y el cumplimiento de las sentencias contra las condenadas se suspendan hasta que sus hijos superen los tres años. La iniciativa fue enviada al Poder Judicial para que el pleno de la Corte Suprema lo analizara y se refiriera a su contenido. El 13 de febrero el máximo tribunal mandó su respuesta al presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD).

Si bien en el documento los magistrados valoraron el proyecto, no estuvieron de acuerdo que a los jueces se les quite la facultad de decidir quién debe ir a prisión preventiva, dado que en algunos casos se hace necesaria la medida cautelar para el éxito de la investigación. "Parece aconsejable entregar la evaluación de la situación de la mujer y su hijo a la judicatura especializada, la que en conocimiento de las circunstancias del caso y el interés superior del niño debería ser capaz de ampliar el plazo de suspensión o, inclusive, sustituir o conmutar su condena. Esta sola posibilidad podría constituir un importante incentivo para la reinserción de la mujer, la prevención de su reincidencia y el resguardo de la familia y el interés superior del niño", señalaron en el texto los ministros del máximo tribunal.

Pero aunque el debate llegará en marzo al Congreso, ya hay algunos parlamentarios y agrupaciones que han levantado la voz para referirse al tema.

"No he visto el informe, pero cuando se presentó el proyecto me generó una serie de dudas", advirtió ayer el senador Pedro Araya (ind.), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta.

El parlamentario agregó que sus aprensiones radican en que la privación de libertad "es el último recurso que usa el sistema frente a quien cometió un delito. Pero tenemos una serie de alternativas, como la reclusión parcial, nocturna y la firma, y en esa línea mi impresión es que el juez caso a caso tiene que ponderar el delito y la medida que aplica".

Desde la otra vereda, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, comentó que esta moción busca que incidentes como el que vivió Lorenza Cayuhán no ocurran.

"Sabemos que es una situación generalizada en algunos centros penitenciarios", subrayó la profesional, quien trabajó en la iniciativa junto a los senadores Quintana y Navarro.

Maturana añadió que el proyecto "está orientado a que la elaboración de las leyes que dicta el Parlamento incorpore las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido en materias de mujeres privadas de libertad y derechos de los niños y niñas".

En tanto, la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, valoró la propuesta. "Me parece una modificación correcta y lógica. Chile siempre ha protegido a las mujeres embarazadas y las que están en esta situación y privadas de libertad tienen un doble trabajo en sus cuerpos que es perjudicial", comentó.

La dirigenta dijo, además, que si la mujer está embarazada no puede ser llevada a una celda común o no tener controles y espacios familiares. "Si es un proyecto que protegerá al que va a nacer alejándolo de un ambiente que no es adecuado para la madre, entonces es correcto", recalcó.

Sobre la discusión que se dará en el Congreso, Maturana reconoció que será compleja, "pero será necesaria para avanzar".