En dura declaración, Moneda pide renuncia de Julio Ponce, Aldo Motta y Sebastián Oddó

Si desde hace tres años las juntas de accionistas de las sociedades cascadas de SQM han estado marcadas por los conflictos entre el controlador de las entidades, Julio Ponce, y los minoritarios, ayer aumentó aún más la tensión.

Esta nueva junta tenía como ingredientes adicionales las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a algunos ejecutivos en el marco de su investigación del caso cascadas, y se está ad portas de que el gerente general de Norte Grande, Aldo Motta, sea formalizado penalmente.

En este escenario, el socio de Moneda Asset Management, Vicente Bertrand, emitió en la junta de accionistas de Norte Grande una enérgica declaración en la cual exigió las renuncias del director Julio Ponce, del gerente Aldo Motta, además del abogado de la entidad, Sebastián Oddó.

"Es inaceptable que quienes expresan o tácitamente han apoyado o validado lo actuado por el controlador y sus asesores pretendan seguir ocupando cargos en la administración de la compañía", acusó Bertrand, en directa alusión al "caso cascada", sancionado por la SVS, e investigado por el Ministerio Público.

"El mínimo pudor y decencia obligan a que quienes han sido objeto de cargos por parte de la SVS, o son imputados en una investigación criminal o han generado o validado actuaciones o  interpretaciones que nuestros tribunales han declarado contrarias a la ley, cesen en sus cargos en la administración o asesorando a esta compañía y sus filiales y, por cierto, recibiendo remuneraciones de ésta", agregó.

Por ende, y "apelando al más básico sentido común", dijo, el representante de los minoritarios sostuvo que quienes han sido objeto de cargos y sanciones por la SVS, deben renunciar "de una vez por todas a ejercer cargos de director o gerente de esta compañía y de sus filiales y que en su lugar se proponga y designe para desempeñar tales funciones a personas cuya idoneidad no esté siendo fundadamente cuestionada".

Con ello, aludió a los tres personeros ya mencionados.

Directores

Incluso, el motivo mismo de la junta extraordinaria tuvo un paso previo por Tribunales, pues fue ordenada primero por la SVS y luego confirmada por la Corte de Apelaciones, después de que ambas entidades constataran "anormalidades" en el encuentro efectuado el 30 de abril, destinado a elegir un nuevo directorio.

En ese entonces, Moneda no pudo elegir a Radoslav Depolo como representante, y finalmente el regulador y los Tribunales ordenaron repetir el encuentro.

En esta nueva junta fueron electos como directores dos representantes de los independientes, Rodrigo Zegers y el ex  ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Radoslav Depolo, a la vez que abandonó la entidad, Patricio Phillips. La particularidad de la votación fue que los dos candidatos independientes tuvieron el mayor porcentaje de votos con 13% cada uno, seguidos por los controladores Julio Ponce y su hermano, Luis Eugenio, con 12% cada uno.

Depolo dijo estar agradecido de la confianza depositada en él por las AFP y motivado "por el nuevo desafío de velar por una administración profesional y transparente, que beneficie los intereses de Norte Grande y de todos sus accionistas por igual".

Asimismo, agregó que dentro de la próxima semana asistirá a una primera reunión de directorio, donde espera interiorizarse de la situación de la compañía e iniciar las labores que corresponden a su cargo.

La arista penal

Si las relaciones entre los minoritarios de la compañía, las AFP y Moneda entre otros, con el controlador ya son malas, la inminente formalización de Motta por parte del Ministerio Público, solo vino a añadir más conflictividad a la junta a la que, no tuvo acceso directo la prensa.

En los próximos días el ejecutivo sería formalizado por la arista que investiga la Fiscalía respecto a posible adulteración de instrumentos privados. Lo anterior producto de la existencia de dos actas de una misma sesión de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera que tienen como fechas 28 y 29 de marzo de 2011, y cuya emisión habría tenido como objetivo presentar información falsa al regulador financiero.

La arista es complementaria a la acusación principal que se dirige contra los representantes de las cascadas que es la realización de operaciones inducidas mediante mecanismos engañosos o fraudulentos.