Estudiantes interponen recurso de protección contra Delpiano

La mañana de este lunes, los estudiantes Sandra Beltrami, Patricio Medina y Daniel Andrade, en representación de la comunidad Arcis y de la Confech, interpusieron en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra de la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Esto, teniendo en cuenta las presuntas acciones ilegales y arbitrarias que habría, según los recurrentes, cometido la secretaria de Estado, vulnerando "de manera continua los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes del territorio".

En el documento ingresado a las 7.34 de la mañana de hoy, los estudiantes enumeran las veces en que la ministra habría hecho alusión, públicamente, al cierre de la Universidad Arcis, sin que aún las partes fueran notificadas de aquello.

Aseguran que con dichas intervenciones, "nos ha perjudicado como estudiantes desde el momento en que se nos notifica por medios de prensa de una resolución del Ministerio de Educación, sin tener claridad de lo que ocurrirá con la vida académica de los estudiantes, sin tener claridad tampoco de qué ocurrirá con la relación laboral entre la institución y sus trabajadores".

"Las declaraciones de la Ministra Delpiano, constituyen una vulneración de nuestros derechos y responden a una justificación con carácter político respecto de las graves negligencias que hemos señalado, sin cumplir con los requisitos legales, produciendo un agravio de carácter irreparable en la comunidad y la imagen de la institución y eludiendo la responsabilidad que como Ministra de Estado le compete", agrega el escrito.

Al respecto, la presidenta de la Federación de Estudiantes Arcis, Sandra Beltrami, sostuvo que las declaraciones de la secretaria de Estado, "fueron utilizadas para poder agudizar la crisis, para también poder tapar y justificar lo que significa la responsabilidad del Ministerio de Educación en el proceso de administración provisional que realmente no ha sido debidamente fiscalizado como corresponde. Creemos que la ministra de Educación, al ser ministra de Estado tiene una responsabilidad muy grande como funcionaria pública que no puede emitir este tipo de declaraciones que en el fondo se hacen carácter político y objetivos políticos, pero no realmente para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes".

En la misma línea, el abogado Santiago Trincado fue claro en sostener que Delpiano "no puede seguir realizando este tipo de declaraciones, que lo que hacen es afectar los derechos de los estudiantes".

LOS HECHOS

Dentro de los argumentos expuestos por los recurrentes, se menciona:

• El 5 de marzo la ministra participa en el programa de televisión "Estado Nacional", donde notifica a los miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, de una resolución que debería haber sido notificada a dicha institución a través de los mecanismos correspondientes. Al día siguiente se realizó una reunión de la Mesa de Diálogo entre el Mineduc y los representantes de la Comunidad Universitaria de dicha casa de Estudios, la cual se encontraba fijada desde el mes de enero para esa fecha, sin embargo, la Ministra de Educación, a través de un programa de televisión notifica a la comunidad, utilizando además términos no muy académicos del cierre de la universidad.
• Dos meses antes, la Ministra Delpiano notifica del eventual cierre de la institución a su comunidad a través de Radio BioBio, con fecha 5 de diciembre de 2016, desdiciéndose posteriormente de sus dichos, pero causando un daño con carácter irreparable a la institución, puesto que recién comenzaba el proceso de matrículas.
• Posteriormente, con fecha 9 de marzo, la Ministra de Educación, siendo citada a la Comisión Investigadora sobre Universidad Arcis de la Cámara de Diputados, vuelve a referirse al tema, señalando que el "cierre de la institución es inminente". Además de aquello, notifica también a la institución y a su comunidad universitaria, no sólo de la decisión de cierre de la casa de estudios, sino que además se refiere a los mil doscientos millones de pesos de déficit económico de la institución que no habían sido informados, ni siquiera en el último informe que debe ser emitido por el administrador provisional.