Ex director de Obras de Doñihue fue condenado a 5 años de pena remitida por falsificar certificados post terremoto
Eduardo Letelier Meza fue sometido a un juicio abreviado por 285 delitos de falsificación de instrumento público, tras emitir certificados de inhabitabilidad falsos luego del terremoto del 27/F, con el fin de facilitar la entrega de subsidios.
El pasado 25 de abril la Fiscalía local de Rancagua formalizó al director de obras de la Municipalidad de Doñihue, Eduardo Letelier Meza, por 285 delitos de falsificación de instrumento público, a raíz de una investigación seguida en su contra por el fiscal especializado en delitos anticorrupción, Francisco Caballero.
El Tribunal de Garantía condenó en procedimiento abreviado a Letelier por los 285 certificados de inhabitabilidad falsificados que se elaboraron posterior al terremoto del 27-F, entre marzo del 2010 y abril del 2011, cuyo objetivo era beneficiar a personas que no cumplían con los requisitos para optar a subsidios de vivienda y reconstrucción.
"Los certificados de inhabitabilidad facilitaban que los afectados de la comuna pudieran postular a subsidios habitacionales. Si esos subsidios hubieran sido cobrados en mérito de estos certificados falsos, se podría haber generado un perjuicio fiscal cercano a los 980 millones de pesos", dijo el persecutor.
En el marco de las indagatorias, el fiscal Caballero recabó más de 57 testimonios, y mantuvo en la carpeta investigativa pruebas documentales que dan cuenta de los 285 certificados fraudulentos y el sumario administrativo del que fue objeto Letelier, antecedentes que finalmente determinaron, durante la audiencia de formalización, la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encontraba el imputado.
Durante esta mañana, el Tribunal acogió la pena solicitada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado que actuó como querellante en la causa, y Letelier Meza fue condenado a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo de libertad vigilada, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para derechos políticos mientras dure la condena.
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