Familia de minero Raúl Bustos presentó acción legal contra responsables del accidente

Una acción legal que busca cuantificar los bienes de los dueños de la mina San José, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, y también del ex subdirector del Sernageomin, Patricio Leiva –quien autorizó la reapertura del yacimiento-, presentó en el 11º y 23º Juzgado Civil de Santiago la Fundación Internacional Justicia y Seguridad Verdadera (Jusev), a nombre del la familia del minero Raúl Bustos, oriundo de Talcahuano.

La idea es que cuando estén establecidos los antecedentes patrimoniales que cada uno tiene en Chile y el extranjero, todos quienes se sientan perjudicados por sus acciones puedan presentar demandas.

"Queremos que en la víspera del rescate de los mineros no se cubra con un manto al olvido sobre quienes han sido responsables personalmente por esta tragedia que ha vivido el mundo", indicó el abogado Remberto Valdés, presidente de la fundación y quien fue contactado a fines de agosto por la familia de Bustos para que los representara.

Se espera que dentro de los primeros días de la próxima semana los tribunales requeridos fijen las audiencias respectivas para que puedan rendirse los antecedentes solicitados, para que luego, en unas tres semanas estén las diligencias terminadas, permitiendo así dar paso a las correspondientes demandas, las cuales en caso de perder, los acusados tendrían que pagar con sus propios recursos.

También se pedirá que Patricio Leiva presente los documentos que revisó y que lo motivaron a decretar la reapertura del yacimiento. Todo lo anterior buscará  determinar las responsabilidades civiles, penales y administrativas que desataron la tragedia.

CAMBIOS LEGALES
El propio Valdés agregó que más adelante su fundación impulsará "una modificación legislativa respecto de los temas de seguridad minera y también en el ámbito penal, porque las sanciones para las personas que han tenido actuaciones negligentes o dolosas como las que están siendo investigadas, son extremadamente bajas".

Lo anterior lo justifica con que no existe pena de cárcel, sino que sólo prohibición de ocupar cargos públicos además de sanciones económicas que en los casos más altos pueden alcanzar los $2 millones.