Fin a los aportes de empresas y más aporte estatal: las claves de la reforma al financiamiento de la política

Proyecto firmado hoy por la Presidenta Bachelet ingresará a la Cámara de Diputados sin urgencia. Si bien desde distintos sectores comparten objetivos del proyecto, existe preocupación por facultades fiscalizadoras del Servel.




"Estamos haciendo una apuesta trascendente por la calidad de nuestra democracia y por el quehacer de nuestro sistema político". Con estas palabras, la Presidenta Michelle Bachelet firmó hoy al mediodía el proyecto sobre financiamiento a la política.

La iniciativa apunta entre otras cosas a limitar a casos acotados los aportes reservados a las campañas políticas y eliminar las donaciones por parte de las empresas.

El proyecto ingresará a la Cámara de Diputados sin urgencia, ya que dicha corporación está de lleno analizando el proyecto que regula el Acuerdo de Vida en Pareja, que el gobierno ha puesto como prioridad para su aprobación antes del 31 de enero.

Con todo, el proyecto fue valorado desde diversos sectores, aunque desde la UDI el senador Hernán Larraín manifestó que  "es muy importante que haya un financiamiento equilibrado entre el aporte público y el privado"

En tanto, el senador MAS Alejandro Navaro y la fundación Ciudadano Inteligente manifestaron su preocupación, pues señalan que de no dotar de mayores facultades fiscalizadoras al Servel, la ley podría ser letra muerta.

El proyecto cuenta entre sus ejes el fin a los aportes de empresas, aportes estatales y sanciones que contemplan la cárcel en caso de que existan casos de financiamiento irregular. Acá te contamos los principales ejes.

LIMITE DE GASTO Y FIN A LOS APORTES RESERVADOS

Dentro de las medidas principales que contempla el proyecto se encuentra la disminución en un 50% del límite de gasto electoral por cada elección.

Como ejemplo, en la última elección presidencial el tope de gasto de fue 9 mil 230 millones de pesos. Con la reforma, el monto bajará a 4 mil 615 millones.  En el caso de los diputados y senadores, la cifra es relativa, ya que depende del tamaño y número de electores de los distritos y circunscripciones.

Esta medida apunta a evitar un encarecimiento de las campañas políticas, en vistas de que con la reforma al sistema electoral binominal, los distritos tendrán un mayor tamaño.

En cuanto a los aportes de campaña, el proyecto firmado hoy establece la eliminación de todos los aportes reservados, vale decir, aquellos donde el candidato ni la ciudadanía conocen quién le donó los recursos. Sin embargo, se establece una situación excepcional para aportes de personas naturales que no excedan las 50 UF (1 millón 231 mil), los que podrán ser reservados a petición del donante.

El proyecto establece que los aportes de las personas naturales no podrán exceder un monto de 1000 UF (24 millones 627 mil), ya sean para un partido o uno o más candidatos.

Junto con esto, se eliminan los aportes a las campañas políticas de personas jurídicas, vale decir, las empresas.

"En resumen, este proyecto es respuesta a una convicción profunda de este Gobierno, pero también de todos y todas nosotros, que lo que debe triunfar en la política es el poder de las personas y no el poder del dinero", dijo hoy la Presidenta Bachelet.

¿CÓMO SE REALIZARAN LOS APORTES A LAS CAMPAÑAS?

Las personas que deseen realizar aportes a campañas deberán realizarlo a través de un sitio web del Servel, cuyos datos serán públicos. Del mismo modo, serás públicos los aportes que reciban los partidos políticos fuera del periodo de campaña y los dineros que reciban los institutos de formación política ligados a las colectividades.

Las cuentas de ingresos y gastos electorales de los partidos y candidatos estarán disponibles en la web que habilitará el Servel para estos efectos.

SANCIONES: POLITICOS PODRIAN PERDER SU CARGO

En caso de existir vulneraciones a la normativa, el proyecto que ingresará el gobierno contempla que el candidato o administrador de los fondos de un partido político que obtenga los aportes mediante falsedad, engaño o

maliciosa omisión será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años). Estas mismas penas están contempladas en caso de que un candidato o administrador utilice los fondos para otros propósitos.

En caso de que el monto defraudado o desviado sea mayor a las 500 unidades de fomento, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, o sea, entre 3 años y un día a 10 años.

En el caso de que personas naturales realicen aportes por fuera de la ley, se establecen multas que van entre las 20 (863 mil 960 pesos) y las 100 UTM (4 millones 319 mil 800 pesos). En caso de que el monto aportado de manera ilegal sea superior a las 500 UF (12 millones 313 mil 500 pesos) la normativa contempla una pena entre 3 años y un día hasta los 10 años, tanto para el que efectúe el aporte como para el candidato.

Los eventuales aportes irregulares o aquellos que excedan los gastos en que hubieran incurrido los candidatos serán entregados a beneficio fiscal.

Con todo, una de las principales críticas que se ha hecho hoy apunta a las facultades del Servel. Sobre este tema, el senador MAS Alejandro Navarro dijo a La Tercera que  "hecha la ley, hecha la trampa, van a haber siempre mil formas de burlarla. Por eso yo quiero un contralor, que tenga facultades para investigar e incluso pasar los antecedentes a una fiscalía".

Por su parte, María Jaraquemada, Directora de Incidencia e Investigación de la Fundación Ciudadano Inteligente señala que si bien comparten el objetivo del proyecto, "creemos que esta debe ser una reforma integral que considere también el fortalecimiento de las facultades y las capacidades de fiscalización y sanción del Servel. Sin un órgano fiscalizador fuerte, esta reforma corre el riesgo de ser letra muerta".

Sobre este tema, el gobierno ha enfatizado que el proyecto que abordará las nuevas facultades del Servel ingresará a su tramitación en abril de 2015.

CAMBIOS A LA LEY DE PARTIDOS: APORTES TRIMESTRALES

La Moneda introducirá modificaciones a la ley orgánica de partidos políticos, la que apunta a que las entidades – al igual que los candidatos- ya no podrán recibir donaciones de personas jurídicas.

En cambio, el Estado, a través del Servel, les dará aportes trimestrales a las colectividades que cuenten con

representación parlamentaria. Este aporte se constituirá así: Un fondo de 0,09 UF (2.216 pesos) multiplicado por el número de votos válidamente emitidos en la última elección de Diputados. El monto que se entregará a cada partido tendrá un monto fijo (30%) y uno variable (70%), según la votación que tuvo esa colectividad en la última elección.

Estos recursos serán destinados para cubrir gastos del funcionamiento ordinario de los partidos (pago de cuentas y funcionarios, por ejemplo) y el desarrollo de actividades de fomento a la participación de los jóvenes, las mujeres y la formación cívica.

PROPAGANDA: SE DESCARTA FRANJA RADIAL

En cuanto a la ley sobre votaciones populares y escrutinios, el gobierno señala que se ampliará el concepto de propaganda electoral, entendida como la "dirigida a promover a candidatos o proposiciones sometidas a plebiscitos".

Los candidatos podrán realizar propaganda a través de elementos móviles o avisos luminosos o proyectados en lugares como plazas, parques o bandejones que hayan sido expresamente autorizados por el Servel, previo informe del Consejo municipal o Seremi de vivienda respectiva.

Si bien se mantiene la franja televisiva, se descartó la posibilidad de realizar una franja en otros medios, como la radio. Esta última posibilidad fue duramente criticada por la asociación de radios, Archi, una vez que trascendió la propuesta hace algunas semanas.

Con todo, las radios deberán destinar un espacio al desarrollo de debates entre candidatos, así como la transmisión al menos dos veces al día de un aviso con información sobre el proceso eleccionario, el que no podrá favorecer a ningún candidato en particular.

Los medios deberán informar al Servel sus tarifas para poder ser utilizadas por los candidatos. Los pagos, en tanto, se realizarán a través de una plataforma provista por la entidad.

En caso de que se contravengan las normas de propaganda electoral, se establecen multas que van desde las 10 hasta las 100 UTM (431 mil 980 a los 4 millones 319 mil 800 pesos) .

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