Fiscal recibe informe de la Cámara y alista formalización a diputados

Hasta última hora de ayer redactó el presidente de la Cámara, Rodrigo Alvarez, el informe jurídico que enviará al fiscal Jorge Abbott sobre los dineros que se le asignan a cada diputado. El documento -que será revisado hoy por la Comisión de Régimen Interno- contestará el oficio donde se le solicitó información sobre Maximiano Errázuriz. Pero también pretende ser una respuesta global a los requerimientos de la Fiscalía Regional sobre el uso irregular de las asignaciones parlamentarias.

Miembros de la comisión aseguran que en el escrito se plasmará la idea de que los recursos destinados a la labor parlamentaria son "de libre disposición" y que su distribución fue definida mediante acuerdos políticos  vigentes. "Puede ser que no sean los mecanismos más adecuados, pero es lo que actualmente nos rige", detalla una alta fuente de la Corporación.

El documento es aguardado con expectación en la fiscalía, donde aseguran que permitirá delimitar los argumentos que usará Abbott para avanzar en las pesquisas contra cinco diputados y para concretar formalizaciones que ya tiene decididas.

Los casos más complicados son los de la diputada UDI Claudia Nogueira, a quien se acusa de desviar dineros destinados a sus asesores que fueron a parar a su cuenta bancaria, y a Maximiano Errázuriz, quien es indagado por los contratos falsos de arriendo de sus sedes parlamentarias. Además, el fiscal tiene en la mira a Julio Dittborn (UDI), Alejandro Sule (PRSD) y Marta Isasi (Ind.).

En el Congreso existe molestia por las investigaciones iniciadas por Abbott, a quien acusan de desplegar "una caza de brujas". Por eso, algunos jefes de bancada apuestan por endurecer el informe, aludiendo al artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso, que establece la plena autonomía de la Cámara en la administración de los recursos. Pese a todo, la mesa directiva y los jefes de bancada acordaron no expresar por escrito ningún reproche al fiscal, para evitar que la opinión pública perciba que se está bloqueando el actuar de la justicia.

Abbott ha señalado a su entorno que está decidido a llegar hasta el final y pedir los desafueros necesarios, tal como lo hizo antes con Rodrigo González, Laura Soto (ambos PPD) y Amelia Herrera (RN). Estas dos últimas diputadas fueron liberadas de responsabilidad. Un grupo de parlamentarios, en todo caso, presentó hace tres semanas un proyecto que faculta a los legisladores para acusar constitucionalmente a los fiscales.

En esta lógica, el representante del Ministerio Público se autoimpuso el próximo 13 de septiembre como plazo fatal para concretar las formalizaciones. Ese día deben cerrarse las inscripciones de las listas parlamentarias y Abbott no quiere intervenir en las campañas ni en los procesos internos de los partidos.