Fiscalía dice que ex presidente boliviano sobornó a jefe militares en masacre de 2003

La Fiscalía General de Bolivia dijo hoy que el ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sobornó a miembros del Alto Mando Militar para mantener a los soldados en las calles durante la rebelión popular de octubre de 2003, donde murieron al menos 67 personas.

Según el fiscal Milton Mendoza, esa revelación fue conocida en la audiencia pública en la que se leyó la prueba de descargo que presentó el ex comandante del Ejército general Juan Véliz, ahora preso en la cárcel pública de Sucre.

"En la prueba de descargo hace notar que el entonces ministro de Hacienda, Javier Comboni, la noche del lunes 13 de octubre de 2003, llegó al Comando General del Ejército con dos maletines llenos de dinero que fue repartido entre el Alto Mando Militar", informó el fiscal Mendoza.

Agregó que el teniente coronel Juan Carlos Ibáñez anticipó hace dos años al periodista mexicano Luis Gómez que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada había entregado mucho dinero a los jefes militares para mantener a soldados en las calles en la llamada "guerra del gas'" entre el 22 de septiembre y 17 de octubre de 2003.

Sin embargo, aún no se precisó la cantidad de dinero entregado por el soborno a los jefes militares Roberto Claros, Gonzalo Rocabado, Juan Véliz, Luis Alberto Aranda y José Oswaldo Quiroga, que ahoran son procesados en el juicio de responsabilidades al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El testimonio del general Véliz reveló que "el 15 de octubre, el Ejército disparó con sus tanques contra un grupo de trabajadores mineros de Huanuni que se dirigían a la ciudad de La Paz, producto de esa arremetida murieron tres personas".

Además, el ex comandante militar confirmó que por "órdenes superiores se secuestró (en octubre de 2003) ejemplares del periódico 'El Diario' porque tituló 'El pueblo tiene derecho a pedir la renuncia del presidente', y del semanario 'Pulso' que tituló en su portada: 'En nombre de la democracia, el presidente debe renunciar".

El 19 de mayo de 2009 se inició el juicio contra Sánchez de Lozada, sus ministros y jefes militares, todos imputados por la muerte de al menos 67 personas y decenas de heridos en octubre de 2003 por la convulsión social en El Alto, vecina ciudad a La Paz.

Pero está ausente el principal imputado, el propio ex presidente, un rico empresario minero que reside en Estados Unidos desde el día en el que huyó de Bolivia, el viernes 17 de octubre de 2003, tras renunciar a su mandato y ceder su puesto a su vicepresidente, Carlos Mesa.

Los otros ausentes son los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa, Jorge Berindoague, de Minería e Hidrocarburos, y Guido Añez, de Agricultura. Los tres tienen su residencia en Estados Unidos.

La Fiscalía General de Bolivia presentó unas 4.900 pruebas contra el ex mandatario y sus ministros que están acusados por genocidio, crímenes de lesa humanidad y delitos económicos.