Fiscalía investiga a 18 municipios por mal uso de subvenciones escolares

Son 18 los municipios que están siendo investigados por el Ministerio Público debido a posibles irregularidades en el uso de los recursos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), según lo informado en enero por la fiscal Solange Huerta y por el subdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Hernán Fernández, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

Ambos realizaron una presentación en la que detallaron  30 investigaciones, de las cuales 19 se mantienen vigentes en 18 comunas. En tanto que ocho terminaron sin sanciones y una finalizó con suspensión condicional del procedimiento por el delito de malversación. Otros dos casos fueron agrupados a una  de las investigaciones que están en curso.

Un informe de Contraloría, de mayo de 2012, hizo públicas las irregularidades cometidas por algunos municipios en el uso de los recursos de la SEP tras el cual produjeron fiscalizaciones por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) y denuncias a la fiscalía.

La Ley de SEP comenzó a regir en febrero de 2007 y apunta a que los establecimientos municipales y subvencionados reciban recursos adicionales que puedan mejorar la calidad de la educación que entregan apuntando a alumnos prioritarios, que son aquellos de sectores más vulnerables.

En la fiscalización de la Contraloría se detectó que  hubo municipios que presentaron errores administrativos en la rendición de los recursos y otros (al menos 37) donde los fondos se usaron para fines distintos de lo establecido en la normativa.

Problemas para investigar

En la presentación del Ministerio Público se explica que los fiscales han tenido diversas dificultades para poder investigar las causas relacionadas con irregularidades en el uso de la SEP. El subdirector de la Unidad Anticorrupción  explicó que el delito que se indaga en estos casos es "aplicación pública diferente, el que no tiene pena privativa de libertad, ni de multas".

Debido a esto la Fiscalía Nacional confeccionó una guía para orientar a los fiscales en estos casos, indicó Fernández, "para decirles que si investigamos (el ilícito de) aplicación pública diferente en realidad no tenemos mucho futuro, pero que traten de encontrar si es que además se produce algún hoyo en el presupuesto municipal por si alguien está malversando para fines propios estos dineros".

Cuando las indagaciones van por esa línea se han encontrado delitos, señaló el abogado. Es así como hay dos causas en las que hubo formalizados: una en la Municipalidad de San Fernando por malversación, donde se llegó a una suspensión condicional del procedimiento; y otra en Las Cabras donde hubo formalizaciones por malversación, nombramiento ilegal y fraude a la municipalidad. Otro de los problemas que han tenido los persecutores fueron las modificaciones introducidas a la Ley 20.248 (SEP) en 2011, que permitieron flexibilizar el uso de los recursos de esa subvención, lo que limitó el trabajo de los fiscales. "Este tipo de consideraciones en el ámbito de una investigación penal, claramente debilitan la posición del Ministerio Público, por cuanto le permite a las defensas introducir elementos relacionados con la falta de dolo en el actuar de la autoridad imputada, así como a la no configuración del delito", argumenta el documento del Ministerio Público.

El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, dijo que "si los recursos se gastaron en otras cosas tendrá que ser duramente sancionado, pero nosotros hemos pedido que si en 2012 y 2013 se utilizaron fondos para educación pero no estrictamente en lo que define la ley para mejorar la calidad, sean considerados como bien utilizados".

Para la diputada María José Hoffmann (UDI) "las municipalidades están trabajando con una subvención deficitaria que no alcanza a cubrir las necesidades de nuestros niños. Y añadió que "la justicia debe ser muy estricta pero el gobierno debe de una vez aumentar los recursos". La Comisión investigadora de la SEP tiene como plazo para finalizar su trabajo el 22 de abril de 2015.