Formalizan por cuasidelito de homicidio a profesionales por derrumbe de edificio

Por cuasidelito de homicidio y en calidad de autores fueron formalizados los doce profesionales del Serviu y de la empresa Constructora Consanit involucrados en el colapso del edificio O'Higgins, que provocó la muerte inmediata de ocho personas  el día del terremoto del 27 de febrero en Constitución.

La fiscal que encabeza la investigación, Paula Rojas, expuso que "los informes técnicos arrojan errores de diseño, constructivos y  falta de fiscalización por parte de los funcionarios del servicio llamado a controlar la normativa vigente a la fecha de la construcción del edificio".

La Fiscal formalizó la investigación criminal en contra de cuatro profesionales de la constructora Consanit, entre ellos el dueño y su hijo, además  el director de obras municipales que otorgó el permiso de edificación y posterior recepción de las obras, el ingeniero calculista y cinco funcionarios del Serviu, que tenían a cargo el control y evaluación del proyecto.

En audiencia pública la fiscal Rojas expuso conclusiones de informes técnicos evacuados del Dictuc, Universidad del Biobío, Lacrim y del Serviu, en los que se evidencia que el colapso del edificio se debió a errores de diseño, cálculo, incumplimiento de la normativa, ausencia de un estudio de suelo y la incongruencia entre lo proyectado y lo construido, específicamente en cuanto a los pilares y escalerillas, lo que hizo disminuir la resistencia del edificio. "Todo ello- agregó  la fiscal Paula Rojas- se pudo evitar con una buena fiscalización de la obra".

Por su parte, el abogado querellante, Raúl Meza, quien representa a las familias de las víctimas, expuso que "todos los informes dan cuenta de la mala calidad de la construcción e incumplimiento de la normativa y error de cálculo en el coeficiente sísmico, entre otros, lo que habla de incumplimiento del deber de cuidado en cuanto al arte y ciencia de la Construcción".

Los fundamentos fueron rebatidos por los defensores. El abogado Robert Morrison, quien defiende al  ex director de obras municipales, Mario Pérez Vilches y a la encargada del Serviu en Constitución, Doris Illanes, señaló que "su actuación estuvo ceñida a la normativa de la época, hicieron todo lo que debían hacer y vamos a demostrar que sus actuaciones no guardan ninguna relación con el colapso ya que estos edificios, a diferencia de los otros de iguales características y que no colapsaron, sufrieron intervenciones estructurales  por parte de terceros, es decir de los mismos ocupantes de estos edificios".

La audiencia no estuvo exenta de expresiones de profundo dolor por parte de familiares de las víctimas, incluso se hizo necesario retirar a una de las personas que sufrió un shock emocional.

El juez Estevan Inostroza fijó seis meses de investigación y sólo la medida cautelar de arraigo nacional para los imputados. Además accedió a la solicitud de la defensa de suspender el decreto de demolición del edificio, a fin de que esta parte pueda realizar diligencias propias.

La parte querellante busca responsabilidad en las más altas autoridades del ministerio de Vivienda de la Concertación, la fiscal Paula Rojas no descartó nuevas formalizaciones.