Francia dará marco legal a las prácticas de espionaje contra el terrorismo

Los servicios secretos franceses podrán infiltrar y vigilar legalmente a potenciales terroristas utilizando diversas técnicas de espionaje con una simple autorización administrativa o incluso sin ella en caso de urgencia o riesgo inminente, según un proyecto de ley revelado hoy por "Le Figaro".

El proyecto del gobierno socialista, que será adoptado el próximo jueves por el Consejo de Ministros, pretende ofrecer "un marco legal general" a los agentes secretos en sus actividades intrusivas de la vida privada con la fijación clara de "los principios y las finalidades".

Los redactores del texto fijan una lista "limitativa" de los motivos que justifican el recurso a "técnicas especiales": la defensa nacional, los intereses de política exterior, económicos o científicos, la prevención del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y la violencia que altera la paz pública.

En concreto, los espías podrán acceder a datos sobre conexiones o interceptar comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etcétera) con un simple visto bueno administrativo, sin tener que obtener la autorización judicial.

Eso incluye la escucha a través de receptores IMSI de dispositivos como ordenadores o móviles; la instalación en vehículos de balizas de localización por GPS; la interceptación de todo tipo de comunicaciones -incluso codificadas- o la colocación de micrófonos y cámaras.

La autorización de esos procedimientos las podrán dar los ministros de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, sometida a la cobertura del primer ministro.

El jefe del gobierno y las otras autoridades también deberán ser informadas sin dilación cuando los servicios secretos hayan puesto en marcha una operación por razones de urgencia ante "una amenaza inminente o un riesgo muy elevado de no poder efectuar la operación ulteriormente".

El proyecto de ley prevé la creación de una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información (CNCTI) al frente de la cual habrá magistrados del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, así como parlamentarios, asesorados por ingenieros, juristas, informáticos o especialistas en codificación.

La CNCTI, que sustituye a otro organismo instituido en 1991, podrá "recomendar" la interrupción de cualquier técnica que estén utilizando los espías si la considera irregular, y puede recurrir al Consejo de Estado, que en último término podría ordenar la destrucción de los elementos obtenidos.

Más allá de este procedimiento contencioso, los servicios secretos habrán de destruir las informaciones recopiladas al cabo de doce meses como máximo (un mes para las interceptaciones de seguridad) y al cabo de cinco años cuando son datos de conexiones.

Una de las particularidades del proyecto de ley es que obliga a que los operadores de telecomunicaciones y los actores de internet tengan que ampliar el periodo de conservación de los datos de conexiones de uno a cinco años, y transmitirlos a los servicios secretos cuando éstos los soliciten, según el diario.

También deberán permitir la "recogida inmediata" de esos datos de sospechosos, y habrán de ofrecer claves para que los espías puedan descifrar conversaciones o informaciones codificadas.

Este dispositivo responde en parte a una serie de necesidades identificadas tras la ola de atentados yihadistas que sufrió Francia a comienzos de enero, y ante la amplitud de ese fenómeno.

El Ministerio de Interior tenía contabilizadas hasta finales de febrero a 1.422 personas implicadas en las redes yihadistas que envían combatientes a Siria e Irak, de los cuales 413 se encuentran en zonas de conflicto bajo las órdenes del Estado Islámico, precisó "Le Figaro".