Fuerzas de seguridad de Argentina mantiene protesta y Gobierno sanciona a sus portavoces

La protesta de las fuerzas de seguridad en demanda de mejoras salariales cumple hoy su quinto día mientras el Gobierno argentino sancionó a varios portavoces de los agentes e intervino el área jurídica de la Gendarmería.

El gendarme Raúl Maza, uno de los portavoces de la protesta, explicó hoy que recibió un telegrama donde se le notifica su "pase a disponibilidad", lo que supone "un paso previo a ser dado de baja", dijo.

La sanción, que según Maza afecta a otros dos portavoces de la protesta, "es una medida para ver si podemos bajar la voz, pero no vamos a dejar el reclamo", agregó el gendarme en declaraciones a una emisora local.

Por primera vez en la historia de la Prefectura -guardacostas-  y la Gendarmería argentinas, ambos cuerpos se han unido con movilizaciones en la calle en reclamo de un salario base de 7.000 pesos, unos 1.400 dólares, y garantías de que no habrá represalias para los participantes en las concentraciones.

Apenas unas decenas de agentes mantenían hoy la protesta frente a las sedes de Prefectura y Gendarmería en Buenos Aires, después de que, según informaron hoy medios locales, el Gobierno los instara anoche a abandonar las manifestaciones en la vía pública para facilitar el diálogo.

En algunas ciudades del interior, como en Jesús María, en la provincia de Córdoba, los gendarmes decidieron hoy levantar la acampada que mantenían en la plaza de la ciudad.
 
Entretanto, el Ministerio de Seguridad anunció la intervención de la dirección de asuntos jurídicos de Gendarmería tras analizar varias auditorías sobre la liquidación de los salarios de septiembre de agentes de Gendarmería y Prefectura.

Las auditorías, según un comunicado del ministerio de Seguridad, apuntan a "irregularidades en el tratamiento de medidas judiciales relacionadas con reclamos salariales".

La decisión del Ministerio que encabeza Nilda Garré, severamente cuestionada en estos días, responde a un intento de acercar posiciones y buscar una salida al conflicto que estalló el pasado martes en protesta por la aplicación de un decreto gubernamental que se tradujo en ajustes salariales de entre el 30 % y el 60 % para miles de agentes.

El Gobierno de Cristina Fernández, anunció que responderá a las demandas de los agentes el próximo martes, trató de atribuir la responsabilidad del conflicto a la cúpula de Gendarmería y Prefectura y cesó a 20 generales un día después del inicio de la protesta.

Las demandas de las fuerzas de seguridad, en conjunto integradas por más de 40.000 agentes, supondrían un coste anual adicional que se acerca a los 800 millones de dólares.