Gendarmería contacta a empresas para bloquear celulares en cárceles

La carencia de un sistema de bloqueo de celulares al interior de las cárceles ha creado un nuevo foco delictual: las estafas telefónicas, que en su mayoría se realizan desde los penales, a través de teléfonos de prepago, y que también se han extendido a España.

En febrero pasado, la PDI junto con la Policía Nacional de España determinaron que el 100% de este tipo de engaños venían desde los penales Colina 1 y Colina 2.

Según Gendarmería, más de 156 mil celulares fueron incautados entre 2011 y 2016. Pese a esto, a fines del año pasado el organismo reconoció que no ha implementado el bloqueo en las cárceles, debido a la falta de una tecnología que no afecte a los vecinos.

Así lo detalló en un oficio enviado al Senado durante la discusión del Presupuesto 2017, que entre otras cosas expone que un tercio de los 44 mil reos está en prisión preventiva, y que al menos cinco recintos penales presentan niveles de hacinamiento que superan el 200% de su capacidad original.

"En la actualidad no se efectúa el bloqueo de los equipos de telefonía móvil al interior de las cárceles, debido a que no se ha encontrado una solución tecnológica adecuada que inhiba, totalmente, sólo las señales de celulares que se generan al interior de los Establecimientos Penitenciarios", dice el texto.

También confirma un "fallido proceso licitatorio en el 2012, donde dicha implementación afectó de manera indirecta las comunicaciones de ciudadanos que habitan las inmediaciones de los recintos penales".

Licitaciones

En el oficio, Gendarmería se fijó como plazo los últimos días de noviembre de 2016 para finalizar los "pilotos de prueba" y "la demostración de tecnologías" en el penal Colina 2. Sin embargo, según el director nacional del organismo, Jaime Rojas, todavía "se está trabajando en dos dimensiones" para encontrar la solución al problema.

"Hemos consultado a las empresas que tienen inhibidor y que tienen disponibilidad tecnológica. Ahora estamos en una segunda etapa. Vamos a trabajar también con los mecanismos reglamentarios", explica Rojas.

Para ello, asegura que consultarán a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) "las capacidades instrumentales y reglamentarias en la inhibición".

El jefe del organismo señala que se consultó públicamente a más de 10 empresas del mercado internacional, de las cuales "nos han pedido participar unas tres o cuatro que nos quieren mostrar la disponibilidad tecnológica que ellos tienen".

Pese al aumento de estafas telefónicas ejecutadas al interior de las cárceles, Rojas afirma que durante el primer semestre tendrán la "disposición metodológica" respecto de dónde se va a implementar el sistema.

El director dice estar abierto a "probar distintos modelos de negocios". Según explica, en otras cárceles del mundo se concesionan los espacios y "las propias empresas concesionarias son las encargadas de aplicar la inhibición".

"Call center delictual"

El senador Felipe Harboe (PPD), actual presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta exige "que se implemente de una vez por todas el sistema de bloqueo de celulares, porque no puede ocurrir que las cárceles se conviertan en un call center delictual".

Sin embargo, asegura que existe oposición de las instituciones policiales y de custodia. "El problema que hay es que ciertas instituciones que no quieren que se bloqueen los teléfonos, porque así se permite desbaratar otras bandas. Gendarmería, la PDI en algún minuto y Carabineros dijeron que no es bueno bloquear", afirma Harboe.

Para el senador Alberto Espina (RN) "es inaceptable e incomprensible que se den explicaciones absurdas" respecto a la incapacidad de bloquear los celulares. Más aún considerando el alto tráfico de aparatos al interior de los penales.

"¿Alguien puede creer que llevemos muchos años sin que se pueda utilizar una tecnología, que existe en todo el mundo, que bloquee las comunicaciones en las cárceles y no en los lugares aledaños? Es una negligencia inexcusable", agrega el senador, quien afirma que enviará el informe a Contraloría para iniciar investigaciones sobre el tema.

Rojas se defiende y califica como "urgente" el bloqueo. "Se ha avanzado poco en los últimos años y estoy apurando el tranco para avanzar más rápido en lo que corresponde a mi gestión", cierra el director.