Giorgio Jackson: "Con la tipificación del lucro como delito se cumple mejor el objetivo"

Hoy en la tarde, los diputados de la Comisión de Educación empezarán a votar en particular el proyecto de ley presentado por el gobierno que busca terminar con el lucro, el copago y la selección en los colegios municipales y subvencionados del país.

Si bien el Mineduc y los parlamentarios ya ingresaron el grueso de las indicaciones que vienen a modificar el documento, algunos diputados esperan que el gobierno acepte patrocinar otros cambios, entre ellos, uno de los más polémicos y que lo puso en la mesa la bancada estudiantil con la Nueva Mayoría: tipificar el lucro como delito. Es decir, aquellos sostenedores de colegios que utilicen los dineros estatales en otros fines que no sean los educativos arriesgarían pena de cárcel, explica el diputado de Revolución Democrática (RD) y  uno de los impulsores de esta norma, Giorgio Jackson.

El gobierno presentó sus indicaciones en el límite del plazo. ¿Cree que se pudo haber hecho un trabajo en conjunto y mejor?

Creo que faltó coordinación a la hora de presentar las primeras indicaciones, ya que las del gobierno se conocieron muy cerca del proceso del ingreso y pudimos haber trabajado en conjunto. Pudo haber coordinación para no duplicar acciones, ya que presentamos indicaciones a las que el gobierno también se refiere, y al final sólo una de ellas tiene que ser aprobada. En el tránsito hemos reaccionado y pedido al Ejecutivo que nos patrocine.

¿Cuáles serían las modificaciones por las cuales piden respaldo del gobierno?

Solicitamos (en conjunto con varios diputados) el patrocinio de indicaciones que venimos trabajando desde hace algún tiempo. Si bien aún no se zanja la totalidad, es muy probable que el Ejecutivo haga suyas varias que avanzan en las mismas líneas que el mensaje presidencial supone.

¿Cuáles serían?

Una de ellas tiene que ver con cuantificar el lucro como delito, y es un tema por el cual desde el 2011 hemos estado luchando, para que la educación deje de ser un negocio. La idea es que esté tipificado como delito y que quien lo cometa reciba, por tanto, las penas que establezca la ley.

¿Y hay consenso en esa materia?

Yo tengo toda la expectativa de que será aprobado unánimemente. El proyecto ya establece que tienen que ser sociedades sin fines de lucro. Me imagino que todos estaremos de acuerdo en que quien intente burlar esa norma cae en la tipificación de un delito, así como sucede con quienes administran públicamente recursos y se los llevan para sí mismo. Esto es penado y así debería ser en educación.

Pero el gobierno no lo contempló dentro de sus modificaciones e, incluso, en la Nueva Mayoría declaran que es un tema difícil...

No sé cuáles son las razones que tuvo el gobierno, pero al menos para nosotros es un tema fundamental. Hemos luchado con este motor del sistema lucrativo, que es perverso, y queremos que esto se saque por completo y que no existan espacios de dudas sobre este tema. Entonces, no sólo se trata de que se constituyan como corporaciones educacionales sin fines de lucro, sino que sea un delito lucrar.

Entonces, ¿insistirán en la idea de que sea penado con cárcel?

Sí, que arriesguen presidio. Es decir, si una persona está constituida como sin fines de lucro, pero consigue hacer alguna artimaña para apropiarse de recursos que estaban destinados para educación de los niños, que reciba sanción y que incluso arriesgue ir a la cárcel. Tiene que ver con malversación de fondos que iban destinados con un fin y que son apropiados de forma ilegítima.

¿Alguna otra?

Sobre la gestión de los colegios, estamos de acuerdo en que deben ser remunerados, pero la indicación que regulaba esto era poco clara y dejaba espacio para que la gente se pudiera aprovechar de esta. Por eso hicimos una redacción distinta y creemos que el gobierno también puede patrocinarla.

¿En qué punto no transarán? 

Nosotros hablamos de que había tres cosas importantes en este proyecto. La primera, que debíamos tender hacia la gratuidad, y esto implica terminar con el copago. La segunda, que los colegios sean incluyentes y no seleccionen. Y tercero, que los establecimientos sean para dar educación y no para negocio. Estas tres cosas tenemos que salvaguardarlas en este proyecto, esos son los innegociables y esto no se puede poner en duda nunca. Ahora, los mecanismos que se ocupan para obtener esos objetivos muchas veces son sumamente relevantes y no son meramente decorativos, son funcionales.

Por lo que creemos que con la tipificación del lucro como delito se cumple mejor el objetivo.

¿Y qué pasará con los colegios pagados?

Es importante que no dejemos de lado al 7% que hoy está en colegios particulares y, por lo mismo, vamos a establecer ciertas normas en la Ley General de Educación (LGE). Es decir, que afecten a todos los establecimientos que tienen reconocimiento oficial y estamos proponiendo introducir ciertos criterios de no discriminación. Además, estamos peleando por eliminar los procesos de selección por lo menos en los primeros años de escolaridad, ya que exponen a los niños.

¿Está de acuerdo con la suma urgencia que se le ha dado a la tramitación?

Ya estamos pasados en el tiempo que habíamos definido como comisión, por lo que corresponde que haya una suma urgencia.