Glaciares argentinos calientan pelea entre gobierno, oposición y ambientalistas

Hace cinco meses el Senado argentino aprobó por abrumadora mayoría una legislación para proteger a los glaciares del país de los efectos negativos de la minería.

Hoy en día, sin embargo, la oposición y grupos ambientalistas acusan al gobierno de demorar deliberadamente la aplicación del marco jurídico o sencillamente de "no hacer lo suficiente".

El punto central del reclamo es que la nueva normativa debe empezar a aplicarse con la elaboración de un inventario de los glaciares para determinar qué áreas deben ser declaradas protegidas de la minería -en especial la minería a cielo abierto- debido a que son reservas de agua.

Dicho inventario sólo puede hacerse en época de verano (hasta finales de marzo en el cono sur) y aún no se ha iniciado, pese a que el plazo que dio la ley para iniciarlo termina este mes.

Las autoridades publicaron esta semana un reglamento parcial de aplicación de la legislación, que incluye la asignación de recursos al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) para que comience el estudio de las zonas de riesgo.

"INSUFICIENTE"
"Aunque saludamos el avance, el problema es que no es suficiente este esfuerzo", dijo a BBC Mundo María Eugenia Di Paola, directora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Di Paola explica que el reglamento dejó afuera al artículo 15 del marco jurídico que prevé la determinación inmediata de las zonas de riesgo en donde pueda haber actividad minera y exigir su cese inmediato.

"Claramente hay actividades que en este momento están afectando la zona glaciar y periglaciar y seguimos en una situación en la cual no se pone límite", indicó Di Paola.

Hace dos años se presentó y aprobó en el Congreso una Ley de Glaciares. Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la vetó debido a que prohibía la exploración minera en zonas glaciares, lo que según el gobierno impedía la participación de empresas que ofreciesen garantías para el medio ambiente.

Ahora, el retraso de meses en la implementación de la ley que sí se aprobó (sin veto) en octubre pasado, ha desencadenado críticas que afirman que las autoridades dan prioridad a las transnacionales mineras en vez de los recursos naturales.

VOZ OFICIAL
Algo que rechaza Daniel Filmus, miembro de la comisión parlamentaria que revisó la actual ley y cercano aliado de Cristina Fernández de Kirchner.
"Acabamos de firmar un acuerdo para que comience el inventario (de glaciares), que permita detectar las reservas de agua que no se deben tocar ni perjudicar", dijo Filmus a BBC Mundo.

"El inventario tiene que empezar por las zonas de riesgos, donde se sospeche que haya perjuicios para los glaciares (…) Pero, los tiempos en que se haga ahora dependerán del organismo a cargo", agregó.

Cuando presentó el reglamento legal, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, indicó que el inventario "no llevará meses, sino cinco años. Esto dicho por los técnicos del IANIGLA".

"Eso lo que hará es darle tiempo al lobby minero para demorar más la aplicación de la ley", aseveró Mariela Silvestein, de la organización no gubernamental de protección ambiental, Conciencia Solidaria.

Silvestein, y varios otros grupos similares, afirman que detrás del retraso en la implementación de las nuevas garantías está la presión de empresas mineras en el país.

De hecho, en la provincia de San Juan, a poco tiempo de aprobarse el nuevo proyecto legal un juez emitió un amparo -según Filmus "en tiempo record"- que paralizó en la aplicación de la normativa en la región por ser presuntamente "inconstitucional".

LIMITACIONES
Empresas mineras transnacionales que operan en el país, como la canadiense Barrick Gold, rechazan cualquier vinculación a la decisión del tribunal o responsabilidad en la demora que ha tenido en introducirse el nuevo texto jurídico.

Sin embargo, está claro que la legislación introduce límites para un sector que creció 1.000% desde 2003.

Según Filmus la ley de glaciares ya puede irse aplicando en todas las provincias del país, con excepción de San Juan " y confío que ahí la Corte Suprema de Justicia rechazará que se está violando la Constitución".

Pero sectores políticos de oposición dudan que el gobierno impulsará la protección de los glaciares como se aprobó en el Congreso.

"Yo estoy evaluando introducir un amparo legal porque como legisladora ya yo cumplí", dijo a BBC Mundo Norma Morandini, senadora del Frente Cívico.

"Son necesarias estas leyes preventivas para que no nos arrepintamos en 10 años de no haber hecho nada", agregó.