Gobierno busca aprobar proyectos de educación antes de cierre legislativo

Varias bromas recibió ayer en los pasillos del Congreso el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, ante la cantidad de urgencias legislativas ingresadas esta semana por el Ejecutivo. Hasta ayer, La Moneda había enviado un total de 47 oficios dirigidos al Senado y otros 33 a la Cámara, para modificar la velocidad de tramitación de iniciativas de su interés.

No obstante, la principal apuesta del gobierno es dar un nuevo impulso a reformas educacionales, incluso, para ver aprobadas algunas leyes antes del receso de febrero.

El diseño del Ejecutivo busca copar la agenda veraniega con medidas de impacto ciudadano y poder implementar, a partir de marzo, un marco de becas y otras ayudas estudiantiles, que sirvan de "colchón" ante un eventual nuevo ciclo de movilizaciones.

Los análisis del oficialismo concluyen que en la medida en que las promesas gubernamentales comiencen a mostrar resultados, la crisis educacional que marcó el 2011 debiera decantar.

Así, en el Senado el gobierno puso "suma urgencia" a la ley de reprogramación de créditos universitarios, que beneficia a 120 mil deudores, y "urgencia simple" a la iniciativa que crea la superintendencia de educación superior. En la Cámara, en tanto, dio "suma urgencia" a la norma del nuevo Crédito con Aval del Estado e inició la tramitación de las reformas de aumento a la subvención educacional y de desmunicipalización de la enseñanza escolar.

Adicionalmente, el gobierno pretende ingresar los proyectos de carrera docente, de acreditación de universidades y el que establece un nuevo trato con casas de estudio estatales.

"Tenemos una agenda muy ambiciosa. Es sumamente intensa y va al corazón de lo que ha estado en discusión este año", dijo el ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien ya había detallado esta ofensiva al grupo de parlamentarios oficialistas, con quienes suele almorzar los lunes.

Desmunicipalización

El titular del Mineduc ayer concurrió al Congreso a participar en el debate de estas iniciativas. Primero asistió a la Comisión de Educación de la Cámara, donde comenzó la discusión de la reforma de desmunicipalización de la enseñanza escolar.

Pese a que esta última iniciativa -que crea agencias locales de administración de liceos y escuelas- había sido presentada semanas atrás, recién ayer apareció en la cuenta de la Cámara. El motivo de la demora fue la tardanza del informe financiero de la Dirección de Presupuestos, que había dejado el proyecto en una suerte de limbo. Este hecho fue reclamado ayer en la sala por el diputado PS Carlos Montes.

La iniciativa, que apunta a una de las principales demandas impulsadas por el movimiento estudiantil, cuenta hasta ahora con el rechazo de los partidos de la oposición, que la han criticado por considerarla "débil" y "poco clara en su financiamiento".

En tanto, pasadas las 18.00, Bulnes cruzó a la Comisión de Educación del Senado, para participar del inicio de la votación de otra de las iniciativas emblemáticas de la agenda del gobierno en la materia: el proyecto sobre reprogramación de créditos universitarios.

La norma, que beneficiaría a 120 mil deudores morosos, podría pasar a la sala de la Cámara Alta en los próximos días.

"El gobierno se está haciendo cargo de lo difícil que fue este año", dijo la diputada UDI y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, María José Hoff-mann, respaldando la ofensiva impulsada por La Moneda en el cierre del año legislativo.

El proyecto busca reformar el CAE, de manera de bajar la tasa a un 2% y hacerlo contingente a los niveles de ingreso que logren los egresados. De manera similar a lo que ocurre con el Fondo Solidario, la idea es que el estudiante no pague más del 10% de sus remuneraciones.

La iniciativa contempla el beneficio para más de 110 mil deudores, a fin de que puedan renegociar su crédito solidario, incorporando la condonación de deudas que se hayan generado por concepto de intereses por no pago.

El proyecto del gobierno crea agencias locales de administración para los establecimientos educacionales, los que en forma gradual comenzarán a reemplazar el actual sistema, donde la administración se encuentra en manos de las municipalidades.

La iniciativa que promueve el Ejecutivo contempla establecer una fiscalización general a los establecimientos de educación superior, de manera de asegurar la transparencia, calidad y buen uso de recursos por parte de estas casas de estudios.