Gobierno de Murcia niega que se haya decidido pedir ayuda al Estado español

El gobierno autonómico de la región de Murcia, en el este de España, negó "rotundamente" este domingo que se haya decidido solicitar un préstamo de emergencia el ejecutivo central.

El diario La Opinión de Murcia había reproducido en su edición de este  domingo declaraciones del presidente del gobierno regional, Ramón Luis  Valcárcel, sobre la decisión de su gobierno de pedir entre "200 y 300 millones  de euros" a un fondo de ayuda creado por las autoridades españolas.

Sin embargo, en una nota oficial, el gobierno de Murcia afirmó que "niega rotundamente ninguna decisión relativa a la solicitud del fondo de liquidez del Estado".

"En cuanto al fondo de liquidez dispuesto por el Estado, el gobierno  regional ha manifestado en reiteradas ocasiones que lo está estudiando, pero insiste en que no hay ninguna decisión al respecto, ya que depende de la evolución económica y del funcionamiento del Plan de Reequilibrio de la  región", afirmó la nota.

Según el documento, Valcárcel hizo esas declaraciones respondiendo "a una pregunta (...) sobre los hispabonos, mecanismo de financiación demandado por la  Comunidad de Murcia, al igual que otras autonomías, y nunca se refiere a un  'fondo de rescate'".

El viernes, la región de Valencia, fuertemente endeudada, indicó que  recurriría a un fondo estatal al no encontrar el dinero necesario para cumplir con sus obligaciones financieras, convirtiéndose así en la primera región en  acudir al Estado en busca de ayuda.

La Comunidad Valenciana dijo no saber la cantidad exacta de dinero que  pediría al fondo, pero el diario El País sostiene este domingo que la suma  rondaría los 2.000 millones de euros.

Los 17 gobiernos regionales de España, que financian la educación y la  sanidad, son cruciales para los esfuerzos del país de rebajar su déficit  público y frenar el incremento de la deuda soberana. 

Las Comunidades Autónomas fueron consideradas responsables en 2011 de dos tercios del desequilibrio fiscal de España, que alcanzó un déficit acumulado  del 8,9% del PIB, cuando el objetivo establecido era del 6%.