Gobierno se querella por supuesta "red de protección" a Llaitul

La Subsecretaría del Interior anunció ayer que se querellará "contra quienes resulten responsables por la supuesta red de protección al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul". El gobierno invocó los delitos de violación de secreto, delito informático e infracción a la Ley de Inteligencia.

Con esta acción judicial el gobierno busca hacerse parte de la investigación que instruye la Fiscalía Regional de La Araucanía por la supuesta filtración de información de parte de funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Ministerio Público al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, en el marco de la Operación Huracán

Según la indagatoria dada a conocer ayer por El Mercurio, un funcionario de la ANI habría advertido a Llaitul sobre las detenciones que Carabineros haría de ocho comuneros mapuches, el 23 de septiembre de 2017. Con esta información, el vocero de la CAM habría alertado sobre el operativo.

Las conversaciones de Llaitul con un supuesto contacto de la ANI, identificado como "Marcos ANI", fueron obtenidas por Carabineros, luego de realizar peritajes al celular y los servicios de mensajería del miembro de la CAM, tras su arresto en el marco de la Operación Huracán.

Los antecedentes, además, revelarían los presuntos nexos de Llaitul con una supuesta abogada de la Fiscalía Regional de La Araucanía. Esta información fue calificada de "extrema gravedad" en la policía, ya que, dicen, las filtraciones habrían frustrado procedimientos para identificar a responsables de los atentados en la zona.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Harboe (PPD), aseguró que "esto es de suma gravedad. No sabemos cuántas operaciones se frustraron por otras eventuales filtraciones".

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Trinidad Steinert, sostuvo que "como gremio nos parece gravísimo. Claramente, esto se debe investigar a fondo y confiamos en el trabajo de los fiscales para eso".

Las detenciones masivas del 23 de septiembre en la Operación Huracán daban cuenta de la supuesta vinculación de ocho personas en distintos ataques incendiarios en la Región de La Araucanía. Los imputados quedaron en prisión preventiva, pero, sin embargo, un mes después de sus arrestos, la Corte Suprema ordenó su libertad tras acoger un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública a favor de los imputados.

Actualmente, la Fiscalía Regional de La Araucanía indaga cuatro aristas en torno a la Operación Huracán: el supuesto sabotaje informático a la fiscalía por parte de funcionarios de la ANI, la supuesta violación de secreto de un funcionario del Ministerio Público, el financiamiento al grupo que habría realizado atentados en la zona y el supuesto tráfico de armas desde Argentina.

Cada arista es indagada por un fiscal distinto. Además, Carabineros continúa investigando la red de detenidos en la Operación Huracán, pues la fiscalía sospecha que habría más implicados.