Gobierno y mineras en pugna por proyecto que exige garantías para cierre de faenas

Una industria como la minería, que aporta el 18% del Producto Interno Bruto chileno, está acostumbrada a librar batallas. A fines de 2004 afrontó sin éxito la última, cuando no logró impedir la aplicación del royalty a la industria. Hoy, cinco años después y también ad portas de una elección presidencial -como entonces-, una iniciativa del Ejecutivo vuelve a complicar al sector por el efecto en sus costos.

Se trata del proyecto de ley que regula el cierre de faenas mineras, cuyo articulado los complica porque busca exigir que, antes de iniciar un proyecto que implique la explotación de más de 5.000 toneladas al mes, los privados entregen al Estado una garantía financiera para asegurar que el término de las operaciones en el yacimiento se hará según parámetros medioambientales acordados. Tal garantía podrá ser una boleta bancaria, instrumento financiero o una provisión de capital de la compañía.

El tema preocupa a las empresas medianas y grandes de la industria y por eso la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero trabajan coordinados para intentar un cambio en el Congreso. Saben que toda minera debe asumir el costo de dejar el lugar en buen estado cuando cierre, pero reclaman que, al exigir garantías financieras para asegurar que harán ese gasto, se elevarán sus costos, restando viabilidad a varios prospectos en agenda y a algunos en ejecución. Según el Consejo Minero, el costo de las garantías -dependiendo del tamaño del proyecto- fluctuará entre US$ 60 millones y US$ 400 millones, y a nivel de la industria involucraría unos US$ 2.500 millones que se provisionarían de una sola vez, afectando la liquidez de las firmas, sus operaciones y potencial de inversión.

"Aspiramos a una regulación (...) que permita un cierre expedito de faenas y tenga un sistema de garantías flexible, fluido y administrado por expertos financieros. Que incluya un sistema tributario razonable y que se aplique a sectores que puedan causar un impacto ambiental efectivo", dice el titular de Sonami, Alfredo Ovalle. Incluso Codelco afirma que se requiere un acuerdo en materia de estándares -por su impacto en los costos- y una gradualidad en la constitución de garantías. Pero el ministro de Minería, Santiago González, asegura que el proyecto sí es flexible, porque el monto de la garantía resulta de calcular, cada año, el valor presente del costo de cierre total y definitivo de la instalación, como si fuese a ocurrir en un año más: "La garantía se aplica según la etapa del proyecto. Cuando la empresa va a cerrar, la garantía baja, porque el día de cierre no vale lo mismo que en plena explotación".

PUENTES CON TEATINOS 120
El proyecto se basa en un texto que se envió al Congreso en 2004, pero  que nunca se discutió. En 2008 Minería lo reflotó y perfeccionó el esquema de garantías. "La meta es aprobarlo en este gobierno y dejar a la minería con un estándar legal del más alto nivel", afirma González. En marzo pasado el nuevo proyecto ingresó al Senado y en las últimas semanas la Comisión de Minería lo puso como prioridad de lo que resta del año. Ya expusieron el ministro y los dirigentes de la minería. Ahí la Sonami propuso una aplicación escalonada. "Los mineros con capacidad de extracción entre 5.000 y 10.000 toneladas mensuales quedarían sujetos al sistema de cierre simplificado y sin requerimiento de la garantía que exige el proyecto" y aquellos con capacidad de extracción mayor quedarían sujetos al sistema regular y a garantías de cierre, precisa Ovalle.

Pero la idea no ha sido acogida en el Ejecutivo. "Históricamente en Chile se generaron gran cantidad de pasivos medioambientales mineros que hoy debemos enfrentar", dice González. "La exigencia de garantías es lo que corresponde", agrega.

En el Consejo admiten que han buscado tender puentes con Hacienda, donde ven más viable una apertura hacia la idea de flexibilizar el pago, aunque reconocen que es Minería quien lleva la discusión.

¿Por qué regular?
El cierre de faenas mineras está regulado en el Reglamento de Seguridad Minera y también por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El problema, dicen en el gobierno, es que las medidas de cierre que se proponen son hoy sólo compromisos adquiridos por las firmas en la Resolución de Calificación Ambiental, pero el Estado no tiene garantía financiera en caso de incumplimiento. González afirma, además, que Perú, Canadá y Australia tienen modelos similares al proyecto. Pero el Consejo Minero aclara que existen diferencias clave. "En Perú, Canadá, Australia, Sudáfrica y otros países existen boletas de ga-rantía, pero también aceptan prendas e hipotecas y cartas de solidaridad de empresas del grupo matriz. Eso hace que la aplicación de la ley sea más pro negocios y no ahoga la inversión", dice un alto ejecutivo de la industria.