Goldman Sachs y los "bonos del hambre"

Cuando parecía que ya la situación venezolana no podía producir más surrealismo (en el sentido de deformación grotesca de la realidad, a la manera de las obras maestras del célebre movimiento artístico de comienzos del siglo XX), surge la noticia de que Goldman Sachs acaba de financiar al gobierno de Caracas. Como tantas cosas relacionadas con aquel país, hay que frotarse los ojos para comprobar que uno no está viendo visiones. El asunto da pie a una importante discusión ética, financiera y política.

Los hechos son conocidos gracias a The Wall Street Journal, que informó acerca de la compra, por parte del famoso banco de inversión neoyorquino, de bonos emitidos por Petróleos de Venezuela (PDVSA) con un valor nominal de US$ 2,800 millones y vencimiento en 2022. Pagó por ellos US$ 865 millones. Los bonos estaban bajo control del Banco Central y no fueron adquiridos directamente en una transacción entre Goldman y Caracas, sino a través de una casa de corretaje, Dinosaur Group, basada en Londres.

Si en 2022 Goldman, como tenedor de esa deuda, recibe el íntegro de lo que le corresponde, la rentabilidad anual (sumando principal e intereses) habrá sido de un 40%, algo nada despreciable teniendo en cuenta el mundo de bajas (o negativas) tasas de interés en que vivimos. La deuda de varios países altamente endeudados no rinde casi nada, en parte por la manipulación monetaria de los bancos centrales, que han reprimido los intereses e impiden que la prima de riesgo refleje la verdad en el mercado. Basta comprobar que si Goldman comprara para sus clientes (o para sí mismo) bonos españoles, en cinco años sólo lograría con ellos una veinteava parte de la rentabilidad que le darán (si recibe todo lo que corresponde) por los bonos venezolanos.

Por su parte, el gobierno de Venezuela ha visto sus reservas crecer, gracias a esta operación, hasta un total de poco menos de US$ 11 mil millones, lo que le permite cubrir compromisos inmediatos. Teniendo en cuenta que desde 2012 hasta 2016 las importaciones habían caído un 70% y que sólo en el primer trimestre de este año han vuelto a descender significativamente, estas reservas, que son muy modestas, suponen para el gobierno de Maduro una ayuda importante. ¿Por qué? Pues porque la prioridad no es cubrir necesidades básicas de la población, algo que se comprueba con la crisis humanitaria en que se está convirtiendo lo que antes era una crisis económica, además de política, sino sostener al gobierno. Maduro gasta en abastecer a la población una ínfima cantidad de lo que se necesitaría para atacar en serio la escasez y, en cambio, destina lo suficiente a sus acreedores como para no caer en suspensión de pagos.

No es la primera vez que un banco internacional con peso en Wall Street compra bonos venezolanos. El economista de Harvard (y ex ministro) de origen venezolano, Ricardo Hausmann, publicó un artículo refiriéndose a un fondo gestionado por JP Morgan que invierte en deuda del país caribeño. A pesar de que esos bonos sólo constituyen el 5% de las inversiones del fondo, representan la quinta parte de su rentabilidad total, por razones parecidas a las que darán, en principio, una excitante rentabilidad a la inversión de Goldman: el alto grado de descuento con el que se pueden comprar los papeles de ese país gracias a que no cuentan con el "sello de calidad" de las calificadoras y la relativa puntualidad con que Caracas paga a sus acreedores (si puede hacerlo) en vista de su necesidad desesperada de financiamiento.

La oposición venezolana ha puesto el grito en el cielo porque entiende que es una inmoralidad que el capitalismo internacional financie a la dictadura en el momento mismo en que reprime a sangre y fuego la demanda masiva de retorno a la democracia y priva al país de bienes esenciales. Pero también porque Maduro utiliza parte del dinero que recibe de manos de una fuente de financiamiento para pagar el que debe a otra fuente de financiamiento, un carrusel que no tiene otra finalidad que sostener su crédito exterior para su permanencia en el poder. De allí que hayan dado en llamar "bonos del hambre" (el término fue acuñado por un empresario crítico del régimen) a obligaciones como las emitidas por PDVSA y adquiridas por Goldman.

Maduro entiende muy bien el riesgo de no pagar su deuda. El mayor –que ya experimentó en su día la Argentina de Cristina Kirchner a otra escala- es que la justicia internacional, ante las demandas de los tenedores de bonos, confisque activos del país, especialmente los envíos de petróleo, la exportación clave. Este año, se calcula que el régimen chavista gastará en el servicio de su deuda externa algo más que todo lo que destinará a la compra de bienes esenciales provenientes del extranjero (algo menos de US$ 11 mil millones).

Goldman no depende de Venezuela para ganar dinero. Es más: los bonos de marras representan el 0,07% de todo lo que ese banco invierte en mercados emergentes, y sus inversiones en estos países, a su vez, no abarcan sino el 5% de todo el paquete de renta fija que gestiona. Pero, dada la dificultad en encontrar alta rentabilidad en otro tipo de lugares, Wall Street explora, como el espeleólogo en la cueva, los confines recónditos del mundo crediticio para encontrar el tan deseado "yield". De allí que Goldman haya llegado a comprar lo que uno pensaría que es incomprable: un bono venezolano con visos de credibilidad.

A ojos de Goldman, la credibilidad no viene dada, solamente, por el hecho de que Maduro se ha vuelto un buen pagador, dada la dependencia que tiene su régimen del financiamiento externo para sobrevivir, sino por algo más retorcido: la perspectiva de que Maduro se desplome y con el retorno de la democracia las nuevas autoridades, que tendrán la necesidad imperiosa de volver a insertar a su país en la comunidad internacional, paguen las deudas contraídas por la extinta dictadura.

En otras palabras, aciertan sólo en un 50% quienes creen que los "bonos del hambre" son una operación de Maduro para mantener vivo su financiamiento externo a costa de los alimentos y medicinas que han dejado de importarse en cantidad suficiente. La otra cara de la historia es el compromiso asfixiante que se está colocando sobre los hombros del futuro gobierno democrático (suponiendo que algún día lo haya, pues este tendrá que optar entre dedicar el dinero a resolver las urgencias dramáticas de la población a costa de suspender pagos o cumplir con ellos a costa de los alimentos y medicinas tan necesarias.

¿A quién se debe Goldman? Evidentemente, como toda empresa, a sus accionistas y a sus clientes (sin satisfacer a los segundos, no puede hacer los buenos negocios indispensables para tener contentos a los primeros). Desde ese punto de vista, y sólo desde él, Goldman está cumpliendo con su misión al apostar, con la compra de deuda venezolana, por una rentabilidad de 40%, casi milagrosa en el mundo de hoy. Pero ¿hay circunstancias en que una empresa adquiere una obligación adicional a la que ya tiene con sus accionistas y clientes?

Aquí entramos en un terreno resbaloso, pues decir que sí sin especificar muy cuidadosamente la naturaleza y la circunstancia de dicha obligación implica abrir la puerta a muchas arbitrariedades. Por ejemplo, a los típicos abusos de países gobernados por el populismo en los que el mandón de turno les dice a las empresas lo que deben hacer en función de los objetivos políticos y sociales del gobierno. Por tanto, quizá más acertado que plantear si hay circunstancias en que una empresa tiene una obligación adicional a la normal, sea preguntarse si hay ciertos límites que una institución como Goldman no debería desbordar aun si desde el punto de vista de la legalidad de su país de origen, en este caso Estados Unidos, no está cometiendo un delito.

La oposición venezolana cree que sí, que hay límites morales. Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional (hoy reducida a la insignificancia jurídica por Maduro pero depositaria de alto valor moral y crédito político internacional), ha dirigido una carta a Lloyd Blankfein, el CEO de Goldman, en la que afirma que este banco de inversión ha decidido ganar un dinero rápido a costa del sufrimiento del pueblo. Anuncia en su misiva que recomendará que cualquier futuro gobierno democrático desconozca la obligación contraída por Maduro.

Es evidente que Goldman y otras instituciones financieras están contribuyendo, con sus decisiones, aun si no es esa su intención, a sostener la capacidad de financiamiento de un régimen que, además de acabar con la democracia, ha cometido atropellos contra los derechos humanos e incurrido en una corrupción milyunanochesca. ¿Debe un banco como ese, que además viene de unos años de fuerte cuestionamiento moral debido a su rol en el maquillaje de las cifras fiscales de Grecia que precedieron al estallido de la crisis por todos conocida, seguir actuando como si nada grave estuviera sucediendo? Prohibírselo por ley es algo que puede acarrear más perjuicios que beneficios. Pero, en cambio, hacerle pagar un precio público es legítimo y en esto la oposición tiene mucha razón.

Surge, por otro lado, la pregunta: ¿Es esta imagen a la larga conveniente para Goldman? ¿No puede darse el caso de que una sucesión de episodios altamente cuestionales desde el punto de vista moral y político tarde o temprano se conviertan en un problema financiero? En dicho caso, podría darse la situación de que Julio Borges ha comunicado a Blankfein. ¿Es este un riesgo que Goldman quiere correr?

Es cierto que una institución financiera puede siempre recurrir a tribunales internacionales e infligir un alto precio al país que se niegue a pagarle lo que le debe. Pero estamos hablando de un régimen comprobadamente ilegítimo que compromete a un legítimo régimen futuro, situación que por ejemplo se diferencia del caso de la señora Kirchner, que no había heredado deuda de un gobierno dictatorial ni era él mismo, a pesar de su autoritarismo, un gobierno ilegal. Goldman podría encontrarse con la sorpresa, el día de mañana, si la democracia de Venezuela se niega a pagar los bonos emitidos por Maduro para seguir atropellando los derechos de los ciudadanos, de que los tribunales contemplen la validez de los argumentos de quienes necesiten dedicar el escaso dinero disponible a reconstruir el país antes que a honrar los compromisos de la dictadura.

Estaríamos ya no sólo en un terreno moral sino también financiero. La inmoralidad de financiar a Maduro en el peor de los momentos tendría un correlato financiero negativo para Goldman y por tanto para sus clientes y accionistas. Moral y finanzas convergerían así en favor de la Venezuela democrática en y desmedro de Goldman.