Gonzalo Boye, abogado de dos ministros del gobierno catalán: "España ha criminalizado una actuación política en el caso de Cataluña"

Gonzalo Boye es uno de los abogados más influyentes en el ámbito de derechos humanos. Ha trabajado en procesos de gran relevancia, como los juicios por el atentado en Madrid el 11 de marzo de 2004, el caso del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y forma parte del equipo de abogados del ex analista de la CIA Edward Snowden. Ahora es el abogado de dos conselleres (ministros del gobierno catalán) Antoni Comín y Meritxell Borràs.

Tras estudiar en el colegio Mackay de Viña del Mar, estudió Ciencias Políticas y Economía en la universidad alemana de Heidelberg. Posteriormente se fue a vivir a España y en 1992 fue detenido como sospechoso de haber participado en los secuestros de Emiliano Revilla y Manuel Prado y Colón de Carvajal, ambos perpetrados por ETA. Finalmente fue acusado de colaborar en el secuestro de Revilla, por lo que fue condenado a 14 años de prisión. A los seis años de cumplir la pena fue puesto en libertad. Boye siempre defendió su inocencia y en la cárcel estudió Derecho. En conversación telefónica con La Tercera tras un viaje a Bruselas, explica los detalles del proceso que viven los ex ministros catalanes.

¿Por qué los conselleres y Puigdemont decidieron irse a Bruselas?

Yo les aconsejé jurídicamente que ahí podemos hacer una defensa adecuada de sus intereses, porque aquí en España no se les iban a respetar sus derechos.

A todos ellos, se los acusa de rebelión, sedición y conspiración, ¿Cree que los cargos son adecuados?

Lo que ellos hicieron, a mi juicio, es básicamente desplegar una actividad política, en función de un programa político que fue sometido a votación en las últimas elecciones autonómicas. Es decir, lo que está haciendo España es criminalizar una actuación política. Pero, evidentemente, eso no es un delito. Si cada vez que una actuación política que no te gusta la criminalizas, entonces lo que te has cargado es a la democracia.

¿Por qué ha dicho que en el caso de sus defendidos se han violado las garantías procedimentales?

En primer lugar, se han violado las garantías procedimentales por la aplicación que ha hecho el gobierno central del artículo 155. Es una aplicación ilegal e inconstitucional. El gobierno central no tenía capacidad para cesar a los consejeros y disolver al Parlamento y convocar a elecciones en Cataluña, no la tenía y no la tiene. Esto se hace, básicamente, para privarlos de la inmunidad y del fuero que tenían como parlamentarios.

¿Por qué dice que Madrid no tenía la capacidad para aplicar el artículo 155?

Porque este artículo prevé que el gobierno central pueda dar instrucciones a la autoridad de la comunidad autónoma. En ningún lugar se prevé que pueda cesarlas y disolverlas, porque eso es un atentado contra otro principio constitucional y es que España se configura como un Estado autonómico. De hecho, de todo lo que se les acusa son de actos parlamentarios, de aprobar leyes en el Parlamento catalán y después cumplirlas. Si más tarde esa ley se declara inconstitucional a nadie se le ocurriría en su cabeza pensar que el Parlamento y el gobierno han cometido un delito. Por ejemplo, en Chile se han aprobado leyes que se han declarado inconstitucionales, ¿alguno de los parlamentarios que votó a favor de esa ley se le ha procesado? Es que sería un absurdo. Es una medida antidemocrática.

¿Cuáles son las perspectivas de esta defensa?

Nosotros estamos muy confiados que en Bélgica habrán buenos resultados y que el juez va a analizar perfectamente que aquí hay una violación a una serie de derechos, como el derecho de defensa, de la falta de imparcialidad. Se les ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, porque las propias autoridades españolas hablan de ello como si estuvieran condenados, como si fuesen culpables.

¿La justicia belga prima sobre la justicia española?

España es parte de la Unión Europea, cuyo pilar es el derecho a la libre circulación de las personas. Entonces, no puede ocurrir que una conducta sea delictiva en un país y no lo sea en otro, porque eso impide la libre circulación. Esa es parte de la estrategia de por qué desde un comienzo los asesoramos para que fueran a Bélgica.

¿Qué garantías tiene Bélgica?

Bélgica era un país que parecía neutral como Holanda. Sin embargo, en Bélgica teníamos equipo jurídico para actuar desde el primer momento.

¿Cuándo se espera que pueda finalizar?

La vista oral es el 4 de diciembre. En función de la decisión del juez cabe un recurso de apelación, y contra esa resolución cabe el recurso de casación al Tribunal Supremo belga.