Grecia eleva los impuestos para cumplir con las exigencias frente a crisis económica

Grecia dio hoy un paso más en la ejecución de las medidas de ahorro exigidas por la troika al dar luz verde a una nueva ley tributaria a través de la cual se pretende aumentar la recaudación durante este año en unos 2.500 millones de euros y reducir así el elevado déficit. 

La nueva ley, que fue aprobada con los votos de los partidos que forman el tripartito que dirige Andonis Samarás -conservadores, socialistas e izquierda moderada- contempla una mayor presión fiscal prácticamente a todos los niveles, aunque especialmente en los tramos de ingresos medios.

El viceministro de Finanzas y encargado de la reforma impositiva, Yorgos Mavraganis, reconoció que las nuevas medidas "son difíciles" pero "ayudarán" a Grecia "a concluir la fase de ajuste y a mejorar sus perspectivas". 

Durante el debate del texto, Mavraganis afirmó que la nueva ley tributaria supondrá un "alivio" para las capas más desfavorecidas y estimulará a los emprendedores.

Además, aseguró que la nueva ley ayudará a combatir la evasión fiscal al "clarificar las normas".

Los ocho tipos sobre los que se establecía la base impositiva quedarán reducidos a tres: un 22% de IRPF para los salarios inferiores a 25.000 euros anuales, un 32 % para la franja hasta los 42.000 euros y un 42 % sobre los ingresos que estén por encima.

También se incrementará la presión fiscal sobre los autónomos, que deberán pagar un mínimo de un 26 % de sus ingresos al Estado, así como los agricultores, a los que se elimina cualquier tipo de exención fiscal y pasarán a cotizar como autónomos.

El impuesto sobre los beneficios empresariales se elevará de un 20 % a un 26 % pero, en cambio, los impuestos sobre dividendos repartidos se reduce considerablemente: del 25 % al 10 %.

También se reducirá el impuesto sobre las rentas derivadas del alquiler del 40 % al 32,8 %.

La principal fuerza de la oposición, la izquierda radical de Syriza, ha criticado con dureza esta reforma, pues considera que la reducción de tipos es "un regalo para los ricos" ya que "significa que todos los tramos de ingresos tributarán al mismo nivel" a partir de los 42.000 euros anuales.

"¿Qué hace (el Gobierno)? Reduce los impuestos a los dividendos. Parece que los rentistas no son un problema. (...) Ahora el que tenga cinco o diez viviendas no será gravado al nivel más alto sino al más bajo", denunció el diputado izquierdista Efklidis Tsakalotos, criticando que, en cambio, se suban los impuestos a las capas de ingresos medios.

"La ley podría, de hecho, haber sido mejor", reconoció el representante de la gobernante Nueva Democracia (ND) para la reforma de la ley, Apóstolos Vezyropulos, aunque explicó que "la presión era muy grande" por parte de unos socios comunitarios que exigían que el país reformase su sistema impositivo.

Vezyropulos acusó a la oposición de carecer de "sobriedad y responsabilidad" por no haber aportado ningún plan realista de salida de la crisis.

El gobierno se ha negado a aceptar las enmiendas presentadas incluso por los socios de la coalición que sostiene el Ejecutivo.

Ya el primer día de debate de la nueva ley, ayer, el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, rechazó la propuesta del partido de la izquierda moderada Dimar de reducir la carga fiscal de los contribuyentes con ingresos medios y bajos, argumentando que estas medidas estimularían la evasión fiscal y aumentaría los gastos en 1.000 millones de euros.

Grecia, que en 2012 cumplió su quinto año de recesión consecutivo, es objeto desde 2010 de un programa de ajuste dirigido por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) cuyo objetivo es reducir los abultados datos de déficit y deuda del país mediterráneo.

En este sentido se han realizado numerosos recortes y elevado los impuestos existentes, además de crear nuevos gravámenes.

El déficit griego se situó en el 8,2 % del PIB en 2012, dos décimas por debajo de las previsiones de los acreedores internacionales y 2,7 puntos porcentuales inferior al registrado en 2011, aunque aún una cifra muy alta en comparación con los criterios exigidos por Bruselas.