Iglesia propone ampliar opciones para arriendo de colegios

Si bien la Iglesia valora los ajustes que el gobierno introdujo al proyecto de reforma escolar mediante indicaciones, consideran que "todavía quedan temas que si no se afinan pueden terminar afectando una autonomía necesaria para la gestión de los proyectos educativos".

Así lo afirmó ayer el obispo de Temuco y presidente del Area de Educación de la Conferencia Episcopal, Héctor Vargas, quien sostuvo que la opción de arriendo no sería real para todos los colegios, porque en las indicaciones "se deduce que el arriendo sería sólo para aquellas instituciones que ya están arrendando y para nadie más".

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Vicaría para la Educación de Santiago, Cristián Infante, explicó que el proyecto sólo autoriza  arriendos para aquellos colegios que ya estaban en esa condición al inicio del año escolar 2014. "Esta situación es compleja para aquellas diócesis que no estaban cobrando un arriendo para el desarrollo de determinados proyectos educativos, pero que sí tenían planificado hacerlo más adelante cuando se encontrara en mejor condición económica. Y en esa situación tenemos a 25 colegios en la diócesis de Santiago", planteó Infante.

En tal sentido, el obispo Vargas señaló que la propuesta de la Iglesia apunta a que "en la línea de una justa retribución regulada por ley, creemos que se debe permitir el arrendamiento a todos los sostenedores que no sean dueños del inmueble, en las condiciones establecidas en la ley".

Sobre este tema, Hernán Herrera, presidente de Conacep -que agrupa a colegios particulares subvencionados-,  dijo que se debe ir más allá: "No es aceptable que se permita sólo para entidades sin fines de lucro, sino que debiera ser para todos". E insistió en que "no es justo que sea para los colegios de la Iglesia Católica, porque deja sólo la opción de colegios municipales o confesionales".

En tanto, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi (PS), señaló que la restricción de arriendo sólo a entidades que tenían contratos al inicio de 2014 es una forma de resguardar que no se fijen valores más altos de los correspondientes. "Fue una medida bien pensada y que permitirá evitar una forma de lucro encubierto", afirmó el senador socialista.

Otro de los puntos cuestionados por la Iglesia hace referencia a que la fórmula de cálculo para terminar con el copago podría generar una merma económica a los establecimientos que están en el tramo más alto del financiamiento compartido, debido a la manera en que se calcula el pago de subvención en pesos mientras las mensualidades se congelan en UF.